El titular de la Cámara de Turismo de Ushuaia admitió que prefiere la continuidad de la operatividad para los cruceros y avaló que la ANPyN disponga de la recaudación del Puerto local, al tiempo que relativizó el desplazamiento de trabajadores y las obras aún pendientes.
Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, admitió que la única prioridad del sector privado que representa es garantizar el funcionamiento de la temporada de cruceros, aun cuando la terminal se encuentre bajo intervención federal. Su posición quedó expuesta al ser consultado sobre si resultaba indistinto que el Puerto fuera administrado por la Provincia o por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN): “Nosotros lo único que necesitamos es que el puerto funcione, funcione bien y que genere garantías y previsibilidad” confesó el dirigente empresarial.
En diálogo con FM Ushuaia, Cornejo matizó luego esa definición al señalar que preferiría el regreso de la terminal a la órbita provincial, aunque condicionado a cambios en la administración. “A nosotros nos gustaría que el puerto esté en la provincia. Pero también es real que nos gustaría que cuando el puerto vuelva a la provincia, una vez que la intervención termine y estén, según los propios dichos de la intervención, dadas las condiciones para que el puerto vuelva a la provincia, sea administrado de forma coherente, de forma saludable, con previsión”, se justificó.
La Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio y la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo difundieron un pronunciamiento centrado en la necesidad de contar con un plan de contingencia ante eventuales impedimentos de acceso al Puerto por parte de más de un centenar de trabajadores de la estación desplazados arbitrariamente por la intervención. Cornejo explicó que las entidades involucradas agrupan a los sectores con relación directa con la actividad portuaria y el movimiento de cruceros y turismo antártico.
Consultado por la ausencia de cuestionamientos en ese comunicado a la falta de obras antes del inicio de la temporada, admitió que los trabajos anunciados por la intervención se realizarían mientras ya operan los buques. “Eso es lo que nos plantearon, que hay tareas que se van a ir realizando durante la temporada, lo cual genera mayores problemas operativos ante un puerto que ya de por sí tiene”, afirmó.
La temporada formal comenzó este 15 de septiembre. Pese a que las licitaciones mencionadas incluyen el recambio de defensas, tareas de mantenimiento, iluminación, sistema eléctrico, provisión de agua, limpieza y demarcación, Cornejo no pudo precisar los alcances de cada contratación. Sí aclaró que la afirmación sobre la plena operatividad de la terminal no era propia de las cámaras: “Eso no es información que volquemos nosotros, es lo que dice la ANPyN”.
El principal planteo del sector, explicó, apunta a una posible protesta de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos que quedaron impedidos de ejercer sus funciones desde el día que la intervención tomó posesión del puerto. Para Cornejo, “la primera urgencia y la primera necesidad y el inconveniente real hoy, la urgencia actual es la amenaza que hacen estos 140 empleados portuarios directamente a los armadores, a las empresas, a los medios de cruceros y demás, de que van a cortar, van a entorpecer y no van a permitir la operación del puerto”.
A la vez, reconoció la legitimidad de la situación laboral denunciada por esos trabajadores. “El reclamo puede ser real, puede ser verdadero, de hecho lo es, y podemos estar de acuerdo con eso”, sostuvo. Sin embargo, ubicó la defensa de la actividad turística por encima de esa controversia al señalar que “el futuro de la actividad depende de que podamos tener una temporada de cruceros, y que podamos brindar garantías de que esa temporada funcione”.
Durante la entrevista, Cornejo fue consultado por la recaudación que la ANPyN percibe desde que asumió el control de la terminal y por el pago de los salarios del personal provincial que dejó de prestar funciones. Allí afirmó que “los fondos del puerto, mientras lo opera y lo administra la ANPyN, claramente son de la ANPyN”, y añadió que los sueldos de quienes trabajan actualmente en el Puerto son abonados por el organismo nacional.
Al referirse a quienes no se les permite trabajar en la terminal, planteó una diferenciación: “Las personas que no trabajan en el puerto hoy por hoy, que no están hoy empleadas en el puerto, entiendo que no se les pagará desde ese lado. Que sean empleados de DPP, no quiere decir que hoy estén trabajando en el puerto”. Su interpretación no contempla que la Dirección Provincial de Puertos perdió el control de la recaudación que históricamente financiaba su funcionamiento.
Cornejo también separó las responsabilidades según la jurisdicción. “A la provincia lo que está pasando afuera del puerto. Y a la ANPyN lo que pasa dentro del puerto”, resumió, al sostener que las cámaras solo elevan pedidos y reclamos ante la intervención por cuestiones internas de la terminal, mientras reclaman al Ejecutivo provincial una salida para el personal desplazado.
Respecto de la negativa de la ANPyN a permitir controles ambientales provinciales dentro del predio, evitó atribuir una responsabilidad exclusiva al organismo nacional. “El problema hoy lo tienen la provincia y la ANPyN”, respondió. La posición contrasta con la firmeza del comunicado empresarial sobre los posibles bloqueos, sin un pronunciamiento equivalente sobre las restricciones a la fiscalización de residuos.
Finalmente, el titular de la Cámara de Turismo de Ushuaia sostuvo que las deficiencias históricas del Puerto justifican la intervención federal. “El puerto realmente está en malas condiciones hace muchísimos años”, afirmó, aunque admitió que la infraestructura sigue siendo la misma y que las mejoras anunciadas aún se encuentran en proceso de licitación o ejecución.
