El Gobierno nacional decidió desprenderse de tierras públicas ubicadas en un sector estratégico de Ushuaia porque las considera “innecesarias”. El argumento puede resultar funcional para una planilla contable, pero es alarmante como política territorial. En una ciudad encerrada entre la montaña, el bosque y el mar, vender suelo urbano sin definir antes para qué lo necesitará Ushuaia significa renunciar a planificar su futuro y entregarle esa tarea al mercado inmobiliario.
Hay decisiones que duran un ejercicio presupuestario y otras que condicionan una ciudad durante generaciones. Vender tierra pública pertenece, inevitablemente, a la segunda categoría.
Mediante el Decreto 764/2026, el Gobierno de La Libertad Avanza autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer y enajenar inmuebles nacionales considerados ociosos, subutilizados o “innecesarios”. El razonamiento oficial es sencillo: si el Estado nacional no los utiliza, mantenerlos cuesta dinero; venderlos permite obtener recursos para el Tesoro.
La explicación parece eficiente hasta que se abandona la calculadora y se mira el mapa.
Porque esos terrenos están dentro de Ushuaia. Y una parcela puede ser innecesaria para una oficina nacional y resultar extraordinariamente necesaria para el futuro de una ciudad.
Allí está el problema.
Tierra pública no es tierra sobrante
El suelo urbano no es un automóvil oficial en desuso ni un escritorio que puede rematarse porque ocupa espacio. Es un recurso finito, irreproducible y estratégico.
Mucho más en Ushuaia.
La capital fueguina tiene montaña, bosque, mar, fuertes pendientes y áreas naturales que necesariamente deben preservarse. No puede extender su trama indefinidamente. Por eso, una gran superficie disponible dentro de la ciudad representa una oportunidad excepcional para las próximas décadas.
Puede destinarse a viviendas, escuelas, centros sanitarios, parques, infraestructura vial, espacios deportivos, equipamiento comunitario o nuevas centralidades. Puede resolver problemas de conectividad que todavía no existen o necesidades que aparecerán con el crecimiento demográfico.
Incluso puede permanecer vacía.
Porque en planificación urbana vacío no significa inútil. Muchas veces significa reserva estratégica.
LLA eligió otra interpretación: si la Nación no lo necesita hoy, se vende.
Es una concepción sorprendentemente rudimentaria del territorio.
Primero vender; después veremos
El Gobierno nacional invirtió el orden lógico de cualquier política urbana seria.
Antes de desprenderse de semejante superficie debería haberse discutido qué necesita Ushuaia en ese sector, qué capacidad constructiva admite, qué infraestructura puede soportar, cuánto espacio público debe preservarse, qué conectividad requiere y qué impacto tendría una urbanización intensiva.
También debería analizarse qué porcentaje podría utilizarse para vivienda y equipamiento público, qué cargas urbanísticas deberían imponerse y cómo recuperar para la comunidad parte de la valorización futura.
Después de responder esas preguntas podría discutirse si corresponde vender.
Pero aquí ocurre exactamente al revés.
Primero se pone la tierra en el mercado.
Después veremos qué hace el mercado con ella.
Y una subasta puede determinar perfectamente quién está dispuesto a pagar más. Lo que jamás puede determinar es qué necesita Ushuaia.
La fábrica de especulación
La decisión contiene, además, un enorme riesgo especulativo.
Cuando grandes extensiones estratégicamente ubicadas ingresan al mercado, comienza inmediatamente otra discusión: cuánto valen, cuánto podría construirse allí, qué indicadores urbanísticos podrían modificarse y qué rentabilidad futura puede obtenerse de cada metro cuadrado.
La expectativa transforma la tierra en un activo financiero.
Pero existe algo todavía más incómodo: buena parte del valor de esos terrenos no fue creada por quien eventualmente los compre.
Fue creada por Ushuaia.
La ciudad construyó alrededor calles, servicios, infraestructura, establecimientos educativos, redes sanitarias y conectividad. Décadas de inversión pública y privada transformaron esas tierras en superficies de enorme atractivo inmobiliario.
Por eso, venderlas sin una estrategia previa implica correr el riesgo de privatizar una valorización producida colectivamente.
El privado comprará la tierra.
La ciudad habrá construido previamente buena parte de su valor.
El mercado no puede planificar Ushuaia
El problema no es discutir dogmáticamente si el Estado puede vender una propiedad.
Claro que puede.
El problema es vender antes de pensar.
Existen concesiones, proyectos urbanísticos integrales, asociaciones bajo regulación pública, desarrollos habitacionales, reservas de suelo, cesiones para infraestructura y mecanismos de recuperación de plusvalías.
La venta definitiva es apenas una herramienta.
Es también la más irreversible.
Una vez privatizada, recuperar esa tierra para una futura necesidad pública puede resultar imposible o extraordinariamente caro. Entonces aparece una de las grandes ironías de la mala planificación: el Estado vende hoy porque “no necesita” y dentro de veinte años termina comprando a valores multiplicados porque descubre que sí necesitaba.
Primero privatiza barato.
Después recompra caro.
Y la diferencia, naturalmente, la paga la comunidad.
Una ciudad no es una inmobiliaria
La cuestión adquiere todavía mayor gravedad porque las consecuencias no las administrará la AABE desde Buenos Aires.
Las administrará Ushuaia.
Será la ciudad la que deberá garantizar calles, transporte, agua, cloacas, energía y servicios. Será su red vial la que recibirá los nuevos vehículos. Serán sus escuelas y centros sanitarios los que absorberán mayor demanda. Será el Municipio el que deberá ordenar aquello que la Nación decidió vender.
Por eso resulta profundamente irresponsable tratar estas tierras exclusivamente como activos patrimoniales nacionales.
La Nación puede ser propietaria.
Pero Ushuaia será la que pague las consecuencias territoriales.
Y allí reside la enorme debilidad de la decisión libertaria: confunde propiedad con planificación, precio con valor y eficiencia fiscal con desarrollo urbano.
El precio de vender el futuro
LLA podrá mostrar cuánto dinero obtuvo por esos terrenos.
Lo que ninguna subasta mostrará es cuánto perdió Ushuaia.
No aparecerá en el balance el parque que podría haberse construido, la escuela que algún día hará falta, las viviendas que podrían haberse planificado, la avenida que quizá necesite atravesar ese sector o la reserva territorial que una generación futura podría necesitar.
Eso también tiene valor.
Simplemente no tiene martillero.
Una administración nacional puede considerar innecesario un inmueble porque dejó de utilizarlo. Lo que no debería hacer es convertir esa conclusión burocrática en una sentencia sobre el futuro urbano de Ushuaia.
Porque la tierra pública se puede vender una sola vez.
Después queda la ciudad.
Y mientras LLA podrá contabilizar el ingreso, Ushuaia tendrá que contabilizar durante décadas todo lo que perdió al quedarse sin ella.
