El médico Carlos Mariño responsabilizó al ex director provincial del PAMI por la falta de respuestas ante reiteradas denuncias sobre prestaciones presuntamente fraudulentas. La investigación federal avanza con nuevas pruebas y posibles maniobras similares.
El médico Carlos Mariño profundizó sus acusaciones contra Fernando Polizzi, actual autoridad de la intervención nacional al puerto de Ushuaia y ex titular del PAMI en Río Grande, a quien atribuyó un papel central en presuntas irregularidades millonarias denunciadas ante la Justicia Federal. Según su relato, el funcionario conocía las maniobras investigadas, recibió reiteradas advertencias y permitió que continuaran las operaciones con los prestadores involucrados.
Durante una entrevista con FM Ushuaia, Mariño fue categórico respecto de la responsabilidad que le atribuye a Polizzi: “Yo en la denuncia lo acuso directamente a él”, aseguró, y explicó que “yo me junté con él desde el mes de marzo hasta octubre y no hizo absolutamente nada”. Incluso sostuvo que el entonces funcionario “cubrió con una especie de auditoría en octubre donde dijo que no había pasado nada”.
La caracterización del denunciante fue todavía más severa al describir la actuación del ex director. “Él fue la cabeza de todo esto”, afirmó, antes de señalar que “yo estuve presente cuando habló con la auditora de él y la auditora le dijo que sí, que estaba todo mal. Después dijo que estaba todo bien”.
Para Mariño, la continuidad de las relaciones comerciales constituye otro elemento relevante: “Durante un año cubrió todo esto y siguió haciendo negocios con el prestador”, manifestó, al mencionar la incorporación de nuevas prestaciones y profesionales mientras persistían las denuncias.
No obstante, diferenció sus apreciaciones personales de las responsabilidades que deberá establecer la investigación judicial. Al referirse a su declaración ante la Fiscalía Federal, explicó: “Yo puse todo cómo fueron las conversaciones con este señor Polizzi”, y precisó que “ya ahí le tocará a la justicia evaluarlo”.
La causa, iniciada por presuntas facturaciones fraudulentas de prestaciones médicas, incorporó nuevos elementos relacionados con otro establecimiento sanitario de Río Grande. Mariño confirmó que compareció nuevamente ante la Fiscalía y aportó documentación adicional sobre operaciones que, según indicó, alcanzarían cifras millonarias.
Entre las irregularidades mencionó estudios de capacidad pulmonar facturados pese a que, según denunció, el equipamiento necesario no existe en la ciudad. También describió casos de pacientes con múltiples órdenes médicas, aunque solamente una parte de las prácticas habría sido efectivamente realizada.
“Estamos hablando de que a un paciente le facturaban $800.000 y en realidad los estudios le llevaban $100.000”, ejemplificó, y agregó que “había meses que se facturaban hasta $80 millones en un solo servicio”.
El profesional también apuntó contra los mecanismos internos de fiscalización del organismo, al considerar que las auditorías debieron detectar inconsistencias entre la capacidad instalada de los establecimientos y las prestaciones facturadas.
Respecto de la respuesta administrativa, insistió en que “durante año y medio el PAMI no hizo absolutamente nada”, mientras que sobre el expediente judicial aclaró: “Yo presenté en la Justicia Federal en agosto. Llevaba tres meses, pero por lo que yo tengo entendido está avanzando”.
La determinación de eventuales responsabilidades penales permanece ahora en manos de la Justicia Federal.
