La Agencia Nacional de Puertos y Navegación reemplazó la dirección procesal vinculada a una alta funcionaria del Juzgado Federal de Ushuaia, luego de que El Diario del Fin del Mundo expusiera la situación. El juez convalidó el cambio sin observaciones ni referencias a la controversia.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) cambió el domicilio procesal que había establecido en Ushuaia, después de que una investigación de El Diario del Fin del Mundo pusiera al descubierto que la dirección declarada estaba relacionada con una funcionaria del Juzgado Federal que interviene en distintas causas contra el organismo nacional encargado de la intervención del puerto.
La modificación fue solicitada por la abogada Laura Cecilia Calcagno, representante legal de la ANPyN, mediante un escrito presentado el pasado 6 de noviembre, en el que requirió reemplazar el domicilio originalmente constituido en De las Rocas 3377.
El inmueble había generado una controversia luego de que este medio revelara su vinculación con una de las secretarias del tribunal federal conducido por el juez Federico Calvete, precisamente donde se sustancian acciones judiciales relacionadas con las decisiones del organismo portuario.
A partir de esa exposición pública, la representación jurídica de la agencia nacional estableció una nueva dirección procesal en Prefectura Naval Argentina 470, en la capital fueguina. En ese mismo domicilio se encuentran identificados el acceso al sector de catamaranes del puerto de Ushuaia y la Secretaría de Turismo municipal.
La sustitución recibió tratamiento judicial este miércoles 11 de noviembre, cuando Calvete resolvió aceptar la nueva dirección y disponer que el cambio quedara registrado en el sistema de gestión de expedientes Lex 100.
La providencia corresponde a la causa FCR 9499/2026, identificada como “Almada, Daniela María Luz y otro c/ Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y otro s/Amparo Sindical”, uno de los procesos iniciados contra la entidad nacional a raíz de su intervención en Tierra del Fuego.
En las actuaciones consta que el escrito de Calcagno fue incorporado el 6 de noviembre, a las 20:46, con la denominación “ANPyN sustituye domicilio. Constituye nuevo domicilio”, mediante el cual se formalizó el reemplazo de la dirección anteriormente utilizada.
El magistrado se limitó a tener por constituido el nuevo domicilio procesal, ordenar las anotaciones correspondientes y disponer la notificación a las partes involucradas. La decisión no incluyó consideraciones acerca de las circunstancias que habían rodeado la elección de la dirección original.
Tampoco surge de la presentación de la ANPyN una explicación que vincule expresamente el cambio con la investigación publicada por El Diario del Fin del Mundo. No obstante, la proximidad temporal entre aquella revelación y la rectificación constituye un elemento significativo dentro de la secuencia de acontecimientos.
El episodio se inscribe, además, en un escenario de creciente conflictividad judicial e institucional alrededor de la intervención federal del puerto de Ushuaia, iniciada el 22 de enero, que ha dado lugar a diferentes controversias sobre las atribuciones del organismo nacional, las condiciones laborales y la transparencia de sus procedimientos.
En ese contexto, el Juzgado Federal de Ushuaia tiene bajo su órbita diversas actuaciones relacionadas con la ANPyN, entre ellas presentaciones promovidas por trabajadores portuarios y acciones contra medidas implementadas por las autoridades responsables de la administración intervenida.
Por otra parte, en la misma resolución que admitió el cambio de domicilio, Calvete estableció una nueva audiencia para el 30 de noviembre, a las 11 horas, dentro del expediente de amparo sindical. La instancia se realizará mediante videoconferencia.
De esta manera, la agencia nacional regularizó formalmente su domicilio procesal mientras continúan las actuaciones judiciales derivadas de la intervención portuaria. Sin embargo, la modificación no esclarece las circunstancias que dieron origen al episodio ni explica por qué el organismo había elegido inicialmente una dirección vinculada con una funcionaria del tribunal encargado de resolver los litigios en los que participa.
