La iniciativa para modificar la normativa vigente gana terreno en el Congreso con respaldo de provincias vinculadas a la minería y plantea cambios que permitirían actividades hoy vedadas, en un esquema que reduce la intervención nacional y redefine los criterios de protección ambiental.
El tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares vuelve a instalar un debate que excede lo estrictamente ambiental y se proyecta sobre el plano político, con tensiones entre jurisdicciones, sectores productivos y una redefinición del rol del Estado nacional en materia de control.
En ese contexto, el abogado ambientalista Andrés Napoli advirtió en FM Ushuaia que los cambios propuestos implican una modificación sustancial del marco actual y sostuvo que su alcance es más profundo de lo que se expone públicamente. “Este proyecto ya permite la minería sobre glaciares, ya no estamos hablando del ambiente periglacial, es sobre glaciares”, afirmó, y reforzó la gravedad del punto: “Si a alguien se le ocurriera hacer minería o sacar petróleo en alguno de los glaciares conocidos, lo podría hacer a partir de esta reforma”.
De acuerdo a su análisis, el impulso de la iniciativa responde a intereses concretos ligados a provincias con perfil extractivo. “Esta reforma está promovida por la mesa del litio y la mesa del cobre”, sostuvo, al tiempo que mencionó que estos espacios agrupan a distritos como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. En esa línea, resumió el objetivo central del proyecto: “El interés muy concreto es quitar todas las cuestiones que hoy impiden realizar minería en ese 0,3% del territorio argentino que la ley protege”.
Napoli también marcó una diferencia entre el contexto actual y el momento en que se sancionó la ley original, al señalar una menor intensidad en el debate político. “Antes había una masa crítica de dirigentes políticos que discutían abiertamente esto, hoy en día eso ha cedido”, indicó, en referencia a un escenario con menor nivel de confrontación institucional.
Uno de los ejes de la reforma es la modificación del esquema de regulación ambiental. En ese sentido, explicó que se plantea un traslado de competencias desde el Estado nacional hacia las provincias, lo que redefine el concepto de protección vigente. “La Nación cede ese piso mínimo de protección y se lo pasa a las provincias, que van a evaluar cada caso”, indicó.
El especialista subrayó que esta transformación no es meramente formal, sino que impacta en los mecanismos de control. “Los estudios de impacto ambiental están muy cuestionados, hay fallos judiciales que muestran que muchas veces son adulterados o fraudulentos”, afirmó, y puso en duda la capacidad de las provincias para sostener estos procesos de manera independiente: “No es que fácilmente con voluntad se superan los problemas”.
Asimismo, advirtió que el alcance del proyecto no se limita a la actividad minera, sino que abre la posibilidad de múltiples intervenciones en zonas sensibles. “Ya se va a permitir cualquier tipo de actividad sobre glaciares”, señaló, al describir un escenario con menos restricciones y mayores márgenes para la explotación.
Napoli vinculó estos cambios con una orientación política más amplia por parte del Gobierno nacional. “Estamos viendo una decisión de dejar de lado las políticas ambientales, la protección y la preservación”, afirmó, y consideró que esta postura también se refleja en la inserción internacional del país.
Para el abogado, uno de los aspectos más críticos es el corrimiento del Estado nacional como garante de estándares mínimos. “El Estado se está retirando y le está pasando funciones a las provincias”, explicó, y remarcó que ese traspaso no incluye los recursos necesarios: “No le está pasando los recursos necesarios para sostener esas funciones”.
En esa línea, estableció un paralelismo con antecedentes históricos para ilustrar los riesgos del proceso. “Esto me hace acordar a la política educativa de los 90, donde el Estado transfirió responsabilidades sin recursos y eso terminó en una tragedia”, sostuvo.
Por último, alertó sobre las consecuencias que podrían derivarse de este esquema en el mediano plazo. “Si se transfieren facultades sin recursos, las consecuencias las va a pagar el ambiente y la gente”, afirmó, y planteó la necesidad de un mayor involucramiento político e institucional frente al avance de la reforma.
