La Comisión de Preadjudicación recomendó contratar a Concret Nor S.A. para reemplazar las 75 defensas del muelle comercial del Puerto de Ushuaia por una oferta que supera en un 20% el presupuesto oficial. La decisión se conoció en un contexto de cuestionamientos a la falta de información pública sobre el manejo de los recursos portuarios y luego de que la comunicación oficial omitiera mencionar tanto la empresa seleccionada como el incremento finalmente aceptado. Parte de las defensas se habían cambiando hace menos de 5 años por parte de la misma empresa.
La intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia a través de la AGP, según información publicada en su edición de hoy por EL Diario del Fin del Mundo, dio un nuevo paso en una de las contrataciones de mayor envergadura previstas para la terminal fueguina. Según el dictamen de la Comisión de Preadjudicación, la Administración General de Puertos (AGP) recomendó adjudicar a Concret Nor S.A. el recambio de las 75 defensas del muelle comercial por USD 2.573.156,25 y $1.342.350.194,42.
El dato que sobresale del expediente no es únicamente el monto de la contratación. El documento administrativo consigna que la propuesta aceptada supera en 18,08% el presupuesto oficial y, aun así, fue considerada la única oferta "válida y conveniente" luego de que la comisión desestimara las otras cuatro propuestas presentadas durante el proceso licitatorio.
La decisión adquiere una dimensión adicional por el contexto institucional en el que se produce. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), responsable de la intervención federal sobre el puerto, y la propia AGP —empresa estatal que atraviesa un proceso de liquidación— mantienen abiertos cuestionamientos vinculados con la administración de los recursos que genera el Puerto de Ushuaia mediante infraestructura cuya titularidad corresponde a la Provincia de Tierra del Fuego.
En ese escenario, la comunicación oficial difundida por la ANPYN dejó fuera dos datos relevantes que sí aparecen en la documentación administrativa: la identidad de la empresa preadjudicada y el porcentaje de incremento respecto del presupuesto oficial. El organismo anunció el avance de la obra, pero evitó precisar ambos elementos, pese a que forman parte del expediente.
La empresa seleccionada tampoco resulta un actor desconocido en la obra pública nacional. Concret Nor S.A. integra el consorcio que obtuvo la concesión del Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur dentro del proceso de concesión de rutas nacionales, junto con Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. Ese corredor comprende las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
De acuerdo con registros públicos y antecedentes empresariales, la firma aparece vinculada al empresario Sebastián Galluzzo, identificado como presidente de la compañía. Concret Nor registra antecedentes en obras de infraestructura vial, pavimentación y movimiento de suelos. Galluzzo también fue mencionado públicamente por su cercanía con dirigentes del Frente Renovador y por la participación de la empresa en contratos ejecutados para la Municipalidad de Tigre y posteriormente para AySA.
Mientras tanto, la ANPYN aprovechó el anuncio para volver sobre uno de los principales argumentos utilizados desde el inicio de la intervención: la reducción de la estructura de personal. El organismo sostuvo que el Puerto de Ushuaia continúa operando con apenas el 20% de la dotación existente antes de la intervención y afirmó que esa disminución permitió optimizar procesos y reducir costos operativos.
Ese planteo, sin embargo, mantiene abierto otro frente de discusión. La política de funcionamiento impulsada por la intervención supone prescindir de aproximadamente el 80% del personal de la Dirección Provincial de Puertos, una decisión que continúa siendo cuestionada por sindicatos, dirigentes políticos y distintos actores institucionales de la provincia.
La preadjudicación de una obra cuyo monto supera el presupuesto oficial vuelve a colocar el foco sobre un debate que permanece sin resolverse. Más allá de la inversión prevista para el muelle, continúan sin respuesta interrogantes centrales sobre la gestión de la intervención: cuánto recauda actualmente el Puerto de Ushuaia, cuál es el destino de esos fondos y bajo qué criterios se administran recursos generados por una infraestructura perteneciente al Estado provincial. Hasta el momento, ni la ANPYN ni la AGP han brindado información pública que responda de manera integral a esos planteos.
