El secretario del Juzgado Federal explicó los fundamentos que sostienen la competencia del tribunal sobre las islas, el alcance ambiental y soberano del planteo y los desafíos procesales para avanzar contra las empresas involucradas.
La intervención del Juzgado Federal de Río Grande en la causa vinculada con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas se apoya en una combinación de elementos territoriales, ambientales y de soberanía. Juan Vicente, secretario del tribunal a cargo de la jueza Mariel Borruto, explicó que el planteo incorpora tanto la legitimidad de la actividad extractiva como sus posibles consecuencias sobre el ambiente.
En declaraciones a FM Ushuaia, Vicente ubicó el conflicto en una dimensión que excede una controversia ambiental convencional: “Acá se ponen en juego cuestiones que tienen que ver realmente con la soberanía, porque los estados nacionales cuando habilitan o no actividades de tipo extractivo de recursos naturales, siempre hacen el cálculo del posible daño ambiental que esto puede producir”, y marcó como particularidad que “un Estado extranjero está ocupando territorio nacional y ha habilitado aparentemente una actividad de este tipo”.
Sobre esa base aparece el argumento territorial que fundamenta la intervención judicial. Según explicó el funcionario, la presentación cuestiona “la ilegitimidad de esta explotación por un lado y la posible producción de un daño ambiental por el otro”, mientras que como medida cautelar solicita “que se impida el inicio de esa explotación”. Por ahora, aclaró, la resolución se limita a la competencia del tribunal y no implica una decisión sobre esas pretensiones.
Vicente remarcó que el criterio adoptado mantiene una línea ya expresada en otros expedientes vinculados con Malvinas. La jueza consideró que la Justicia argentina puede intervenir respecto de hechos ocurridos sobre territorio cuya soberanía reclama el país y que, dentro de esa estructura, corresponde hacerlo al juzgado riograndense. “Como ya lo ha dicho en otras causas, el Juzgado Federal de Río Grande es competente para entender todo lo que haga a las Islas Malvinas y a la Argentina en ese sector”, sintetizó.
La naturaleza jurídica de la presentación agrega otra dimensión al expediente. Vicente precisó: “Esto es una medida colectiva”, figura vinculada con el reconocimiento de los intereses difusos incorporado después de la reforma constitucional de 1994. A diferencia de una demanda sustentada exclusivamente en un perjuicio individual, explicó que existen “cuestiones que nos interesan a todos, de las que todos somos de algún modo afectados o acreedores de ese bien, pero ninguno lo puede hacer de manera exclusiva”.
Esa condición obliga también a precisar quiénes integran el universo representado. Por eso, indicó, la jueza intimó a la parte demandante a completar determinados aspectos: “Hay que dejar claro cuál es ese colectivo, quiénes son las personas que están siendo representadas por esa acción”. También deberán cumplirse otros requisitos formales relacionados con la inexistencia de procesos similares y la correspondiente registración de la causa.
El interés provincial aparece incorporado en ese esquema. Vicente señaló que la Fiscalía recomendó comunicar el expediente al fiscal de Estado fueguino, “porque el titular de los recursos nacionales de la provincia, que incluye por supuesto a las Islas Malvinas, es la provincia de Tierra del Fuego”, de manera que se informó la existencia del proceso “para ver si es interés de la provincia ser representada también en esta causa”.
La prosecución del trámite presenta, además, una dificultad práctica: localizar y notificar a las empresas involucradas. Si corresponde trasladar la demanda o comunicar medidas cautelares, explicó Vicente, será necesaria la intervención de Cancillería. “Lo que ordene eventualmente la jueza depende justamente después del accionar de la Cancillería Argentina”, afirmó, recordando que en otros expedientes debieron requerir que los exhortos fueran diligenciados por esa vía.
No se trata de una dificultad desconocida para el tribunal. El secretario recordó que ya existieron causas relacionadas con Malvinas, aunque “más de índole económica que ambiental”, en las que fue necesario “rastrear a las empresas para poder notificarlas” y recurrir nuevamente al auxilio diplomático. Frente a ese escenario, concluyó: “No es sencilla la cuestión, por supuesto”, aunque consideró que con la colaboración de Cancillería podrán avanzar las comunicaciones necesarias para sostener el proceso.
