Desde hace más de un año las municipalidades de Ushuaia y Río Grande reclaman al gobierno provincial cientos de millones de pesos en concepto de coparticipación de impuestos. Pero antes de que los municipios iniciaran sus demandas judiciales el Tribunal de Cuentas ya advertía que desde el gobierno provincial habían diseñado un mecanismo que podría utilizarse para intentar «legalizar» las demoras en los envíos de fondos.
El Tribunal de Cuentas «la vió venir»
En mayo del 2020 y en oportunidad de analizar la legalidad del Decreto 612/2020 (mediante el cual el Poder Ejecutivo declaraba «la emergencia administrativa e informática») el Tribunal de Cuentas realizó una llamativa mención a los plazos que debe cumplir el Ejecutivo en la remisión de los fondos coparticipables.
Respecto a la instrucción impartida mediante el presente artículo, en relación a la Coparticipación a Municipios, resulta imperioso traer a colación la sentencia dictada el 8 de febrero de 2010 por el Superior Tribunal de Justicia en os autos caratulados Municipalidad de Río Grande c/Provincia de Tierra del Fuego s/ Medida Autosatisfactiva’, correspondiente al expediente N° 2220/09 de la Secretaría de Demandas Originarias.
Resolución Plenaria TCP 62/2020
En ese momento la observacion pasó desapercibida en los medios porque el fondo del decreto y por conseguiente del análisis realizado por el TCP, parecía ser la habilitación a compras directa. Sin embago en el ámbito del Tribunal ya presagiaban que Melella no tenía previsto cumplir con las transferencias por coparticipación y de prosperar el artíulo 7 de dicho decreto hubiera tenido via libre para hacerlo.
En julio del 2020 las municipalidades de Río Grande y Ushuaia demandaron al Gobierno de la Provincia por deuda de coparticipación, En ese momento el municipio capitalino reclamaba una deuda de 470 millones de pesos en tanto la Municipalidad de Río Grande una deuda superior a los 400 millones de pesos.
Al momento de presentar la demanda el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Ushuaia, César Molina, aseguraba a Radio Universidad “Desde que asumió el actual gobernador nos encontramos con algunos retrasos en la remisión de la coparticipación federal y provincial. Esta situación se agravó a mediados de marzo y provocó que se intimara formalmente a regularizar mediante carta documento, pero desde marzo hasta fines de junio la situación llegó a un punto límite. Actualmente la deuda por coparticipación federal, regalías y coparticipación provincial, asciende a más de 470 millones de pesos en el caso del Municipio de Ushuaia. Esto significa una décima parte del presupuesto del municipio. Algo similar sucede con la Municipalidad de Río Grande, a la que le deben más de 400 millones de pesos”
Durante más de 6 meses se realizaron varias reuniones técnicas entre los equipos técnicos de la Provincia y los municipios sin que las partes llegaran a un acuerdo.
Miente miente que algo queda
Durante los primeros meses del 2021 el Ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández, el Secretario de Planificación Presupuestaria y Legisladores oficialistas desestimaban la denuncia de los Intendentes y afirmaban que la deuda reclamada no existía.
Como parte de esa campaña hicieron uso de la estructura de portales y cuentas en redes sociales que forman parte del mecanismo de desinformación del gobierno de la Provincia (ver El mecanismo...)
A confesión de parte… a postergar la audiencia!
La operación mediática fue superada por la realidad. En una entrevista con el periodista Daniel Puebla (FM Aire Libre) el Gobernador Gustavo Melella reconoció la deuda y la imposibilidad de cancelarla «La deuda está y no la desconocemos. Estamos trabajando con el gobierno nacional para que la provincia se haga de unos fondos especiales, y cerrar así las deudas que tenemos con los municipios¨ afrimó Melella.
El gobierno provincial no está demorando los fondos intencionalmente. Yo lo viví y lo sufrí. Es cierto que hay demoras que alcanzan los 30 días, pero no son los números que se dicen desde distintos lados.
Si estamos trabajando con Nación, porque es un pedido de ellos, de poder adquirir nuevos fondos y cancelar la deuda para poder llevar tranquilamente sus planes de Gobierno para los que fueron elegidos”,
Gobernador Gustavo Mellea (FM Aire Libre)
Un par de días después, el 3 de mayo de 2021, el Superior Tribunal de Justicia citaba a «una audiencia» al Gobierno de la Provincia y los municipios de Ushuaia y Río Grande. La audiencia debía realizarse el 27 de mayo pero muchos intuyeron que el objetivo era simplemente «ganar tiempo» esperando que el Gobernador consiguiera los recursos que públicamente dijo buscaría como una asistencia extraordinaria del gobierno nacional. La cuestión de fondo, los plazos para el envío de fondos coparticipables, ya había sido resuelta por el Superior Tribunal de Justicia como lo recordaba el Tribunal de Cuentas en mayo del 2020.
El 14 de mayo el Ministro de Finanzas debía presentarse ante la Legislatura de la Provincia, horas antes de la reunión notificó que no asistiría y dejó plantado a los Legisladores. Fundamentó su ausencia en que desde el Ejecutivo «priorizaban» la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia.
será más fructífero para el resultado de la reunión a mantener con los Legisladores, que el encuentro se realice luego de concretada “la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia” a la que Gobierno y Municipios fueron convocados para el jueves 27 de mayo, “ello en atención a que los Municipios de las ciudades de Ushuaia y Río Grande priorizaron encauzar sus reclamos por la vía judicial, antes que la institucional legislativa
Ministro de Finanzas Públicas Guillermo Fernández (14/05/2021)
Se aproximaba el 27 de mayo, los fondos no aparecían y de realizarse la audiencia poco margen tendría el Superior Tribunal de Justicia para no hacer cumplir el acuerdo homologado en el marco del Expediente 2220/09. Las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia de COVID19 fueron la excusa perfecta y desde el máximo tribunal decidieron «suspender la audiencia» lo que provocó duras respuestas desde el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia.
“debemos decir que la información cierta y real es que hicieron una transferencia, de 440 millones, pero ni un solo peso de ese monto pertenece siquiera al mes de abril. Se trata de fondos que corresponden al mes de marzo, que debieran haber ingresado en el mismo mes de marzo o en el mes de abril. Pues bien, fueron transferidos en mayo”.
Mario Daniele
Jefe de Gabinete Mun.de Ushuaia (27/05/2021)
La audiencia fue pautada para el 8 de junio, pero a menos de 24 horas del momento en que debía realizarse la misma sufrió una nueva postergación a solicitud del Ejecutivo provincial reprogramándose para el lunes 14 de junio.
Comunicado del Poder Judicial de Tierra del Fuego:
La audiencia pública programada para este martes se pospuso para el lunes 14 de junio a las 11 horas.
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia, luego de la presentación de un escrito en el día de hoy, con un pedido de la representación del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego para postergar la audiencia debido a que el ministro de Finanzas Publicas, Guillermo Fernández y su equipo económico fueron aislados preventivamente por ser contacto estrecho de una persona contagiada por COVID19.
El escrito contiene un certificado emitido por las autoridades sanitarias fechado el día 4 de junio. Se informó que en caso de que el funcionario provincial resulte un caso positivo de COVID19, deberá participar de la audiencia en forma virtual.
En virtud de la situación epidemiológica local, este Superior Tribunal transmitirá en vivo la audiencia informativa a través del canal de YouTube del Poder Judicial “Justicia TDF”, garantizando de esa manera que la ciudadanía esté al tanto de un tema que resulta de interés de toda la comunidad.
Se trata de la primera vez que el Superior Tribunal de Justicia pone en práctica una audiencia pública, para la cual citó al gobierno provincial y a los municipios para tratar el reclamo de los fondos de coparticipación.
El hecho que se analizará es el planteo de los municipios, en el cual postulan el incumplimiento de un convenio del año 2010, referente a la remisión de fondos de coparticipación.
Conforme la Acordada Nº 30 de 2017, el Superior Tribunal puede convocar a audiencias públicas cuando, a su criterio, los efectos de la resolución de un caso trasciendan el interés de las partes y generen un alto grado de expectativa social.
Las audiencias públicas pueden ser informativas, conciliatorias y ordenatorias. De esta manera, se transparentan los procesos judiciales de trámite ante este Superior Tribunal.
En la audiencia informativa cada parte interviniente deberá hacer un alegato, argumentando los motivos que lo impulsan a defender su postura, cuyo tiempo de duración no supere los 20 minutos. El Tribunal podrá escuchar e interrogar a las partes sobre los aspectos del caso a decidir, si los considera necesario.
