El juez de instrucción de Río Grande Daniel Cesari Hernández dispuso un amplio peritaje sobre todo el material informático secuestrado en la causa donde se investiga a la secretaria de Hacienda de Tolhuin, Luciana Rivero, a su pareja, Fabián Marcheone, y a un arrepentido, por la presunta utilización de una empresa fantasma para facturarle al municipio cifras millonarias en artículos de limpieza durante pandemia de coronavirus.
El magistrado dispuso el peritaje de los objetos informáticos incautados durante los cuatro allanamientos realizados hace dos semanas, en la sede municipal, los domicilios del arrepentido y de Rivero, además de la casa de un proveedor de leña cuyos contratos también se investigan.
“Nos encontramos en plenas diligencias periciales. Se están revisando todos los dispositivos electrónicos secuestrados”, confió una fuente judicial, y anticipó que después de las que se están realizando, “continuarán otras pericias”.
Los voceros agregaron que en el caso todavía no hay personas detenidas, “ni tampoco las hubo al inicio de la investigación”.
Según el arrepentido Matías Urrijola, junto con Rivero y Marcheone se pusieron de acuerdo para crear la empresa “3DF” con la que le facturaron unos $3 millones a la municipalidad de Tolhuin, utilizando precios sobreevaluados y presupuestos falsos de otras empresas.
Las ganancias eran repartidas, “70% para ellos y 30% para mí”, reconoció Urrijola a periodistas de Ushuaia y Río Grande.
El hombre dijo que trabajaba para el aserradero El Litoral SA, propiedad de Ramón Rivero, el padre de la secretaria de Hacienda, donde también se desempeña Marcheone.
Mencionó que fue el marido de la funcionaria quien le propuso el año pasado, en plena pandemia de coronavirus, crear la empresa para facturarle al municipio.
Según Urrijola, los productos se compraban en negocios de Ushuaia y de Río Grande, y se pagaban con “cheques de Rivero”, para luego ser revendidos al municipio.
La cuenta bancaria de “3DF” era “manejada por Marcheone”, y de allí salían luego transferencias “a la funcionaria directamente, o a parientes e incluso ex socios”, señaló.
Como parte de la operatoria, Urrijola reconoció haber fraguado decenas de presupuestos de otras empresas para que “compitieran” en los concursos de precios.
El arrepentido admitió haber tenido diferencias con Marcheone, y sostuvo que se decidió a hacer público el caso luego de las agresiones que sufrió el periodista Telmo Benítez por haber contado el caso en su radio.
Benítez es quien terminó efectuando la denuncia de las irregularidades ante el fiscal Jorge Daniel López Uribe, quien efectuó un requerimiento de instrucción al juez Cesari Hernández.
