La Fiscalía de Estado amplió la presentación judicial contra funcionarios nacionales por reiteradas restricciones al ingreso de inspectores ambientales provinciales. La causa busca establecer quiénes dispusieron los impedimentos y si las decisiones configuraron delitos contra la administración pública.
La intervención federal del Puerto de Ushuaia vuelve a quedar en el centro de una investigación penal por presuntas irregularidades atribuidas a funcionarios nacionales, a raíz de las reiteradas negativas de ingreso a inspectores ambientales de Tierra del Fuego.
La nueva presentación de la Fiscalía de Estado provincial puso en marcha actuaciones judiciales orientadas a establecer si las restricciones dispuestas por las autoridades portuarias excedieron sus facultades y constituyeron conductas penalmente reprochables.
El expediente se encuentra en el Juzgado de Instrucción a cargo de la doctora María Cristina Barrionuevo y alcanza las actuaciones atribuidas a Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con otros funcionarios y agentes que podrían haber participado en las decisiones que frustraron las tareas de fiscalización.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el juzgado estaría avanzando con citaciones a funcionarios relacionados con la intervención federal, a fin de esclarecer la secuencia de los acontecimientos denunciados, identificar a quienes impartieron las directivas y establecer las posibles responsabilidades individuales.
La ampliación de la denuncia fue promovida por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien llevó ante la Justicia los sucesivos impedimentos que encontró el personal de la Secretaría de Ambiente de la Provincia al intentar desarrollar controles dentro del predio portuario.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, los episodios cuestionados tuvieron lugar el 25 de agosto, el 1 y el 17 de septiembre y el 19 de octubre de este año. En cada una de esas fechas, equipos de inspectores provinciales concurrieron al establecimiento para llevar adelante procedimientos de fiscalización que habían sido comunicados con anticipación, pero no consiguieron acceder a las instalaciones.
Los controles previstos tenían como finalidad comprobar las condiciones en que se almacenan, manipulan y trasladan los residuos peligrosos, así como verificar su disposición final. También contemplaban la revisión de instalaciones, sectores de descarga y eventuales impactos sobre los recursos hídricos.
De acuerdo con los argumentos expuestos por la Fiscalía, las autoridades de la intervención federal supeditaron el acceso a permisos y requisitos administrativos fijados por la ANPYN, pasando por alto las facultades de inspección y control que las normas provinciales asignan a la Secretaría de Ambiente.
Figuras penales que se analizan
La denuncia presentada ante la Justicia contempla la posible existencia de diferentes ilícitos tipificados en el Código Penal. Entre las figuras señaladas se encuentran el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la desobediencia.
A su vez, la investigación incluye el análisis de posibles conductas destinadas a impedir u obstaculizar el cumplimiento de actos funcionales. La eventual aplicación de estos tipos penales estará sujeta a los elementos probatorios que se incorporen al expediente y a la acreditación de las circunstancias de cada hecho.
Uno de los objetivos de la Fiscalía consiste en establecer si desde las autoridades nacionales se impartieron o llevaron adelante directivas incompatibles con las disposiciones legales provinciales y nacionales, o si existió una omisión deliberada de obligaciones inherentes a las funciones de los responsables.
En paralelo, la representación judicial de la Provincia amplió el requerimiento de instrucción para incluir formalmente el hecho del 19 de octubre. En aquella oportunidad, una nueva delegación de inspectores se presentó en el puerto y volvió a encontrar restricciones para ingresar, pese a que la realización del procedimiento había sido informada previamente.
Con esa incorporación, el expediente reúne cuatro situaciones denunciadas y busca determinar si los impedimentos respondieron a hechos aislados o formaron parte de una modalidad sostenida de obstrucción a las competencias de fiscalización ambiental provinciales.
Establecer la cadena de responsabilidades
Entre las cuestiones que la Justicia deberá esclarecer figura el grado de participación de quienes ejecutaron materialmente las restricciones de acceso y la posibilidad de que hayan actuado siguiendo instrucciones de funcionarios con mayor responsabilidad dentro de la intervención federal.
En función de ello, la Fiscalía de Estado, que interviene en calidad de parte querellante, requirió que la ANPyN entregue la totalidad de las directivas impartidas, comunicaciones internas, protocolos de seguridad, libros de guardia y registros de ingreso correspondientes a las fechas incluidas en la denuncia.
El pedido también comprende la identificación de las personas a cargo de la conducción operativa del establecimiento y la incorporación de información relacionada con Arreseygor, Cristian Rigueiro y Ariel Romeo Cherubini, cuyos nombres aparecen vinculados a las comunicaciones en las que se habrían establecido condiciones para permitir el acceso de los equipos provinciales.
En el expediente también fueron identificados Julio Fernández, Elvio Julio Romero y Federico Ezequiel Ovando, quienes habrían tenido participación directa en diferentes situaciones en las que se restringió el ingreso de los inspectores.
Por otra parte, la querella pidió recibir los testimonios de funcionarias y trabajadores provinciales que formaron parte de los procedimientos frustrados. La intención es reconstruir las conversaciones mantenidas en cada oportunidad, precisar qué motivos se invocaron para impedir las inspecciones y determinar si el personal de seguridad manifestó estar cumpliendo órdenes de autoridades superiores.
Un antecedente relevante para la investigación es que los inspectores provinciales finalmente pudieron acceder al establecimiento portuario a través de una orden judicial de registro, que se llevó adelante con el acompañamiento de la fuerza pública. De este modo, la intervención de la Justicia resultó necesaria para garantizar el ingreso del personal encargado de las tareas de control ambiental.
Sin embargo, desde la Fiscalía de Estado sostuvieron que ese acceso posterior no subsana ni deja sin efecto las posibles responsabilidades penales que pudieran surgir de las negativas anteriores. Por ese motivo, solicitaron que las actuaciones continúen y que se profundice la investigación sobre cada uno de los episodios denunciados.
Así, el conflicto en torno a la intervención federal del Puerto de Ushuaia suma una nueva instancia judicial. La discusión ya no pasa únicamente por las exigencias administrativas establecidas para ingresar al predio portuario, sino también por la posibilidad de que funcionarios nacionales hayan utilizado las facultades de sus cargos para restringir el ejercicio de atribuciones de control ambiental que corresponden legalmente a la Provincia.
Por el momento, la causa continúa bajo la responsabilidad de la jueza María Cristina Barrionuevo. La investigación deberá determinar quiénes estuvieron detrás de las decisiones que impidieron las inspecciones, qué funcionarios participaron de su ejecución y si los hechos denunciados reúnen los elementos necesarios para configurar delitos contra la administración pública.






