El representante de los abogados de Ushuaia buscará renovar su mandato el 27 de noviembre. Consideró que su gestión permitió avanzar hacia un sistema más transparente para la designación de magistrados y espera que el Consejo apruebe una reforma del reglamento de concursos.
Alejandro Pagano Zavalía, representante de los abogados del Distrito Judicial Sur en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, se presentará a las elecciones del próximo 27 de noviembre con la intención de continuar en el organismo. Su candidatura, que comparte con la doctora María Eugenia Chiarvetto, propone consolidar las iniciativas desarrolladas durante el último año, particularmente aquellas destinadas a modificar los procedimientos de selección de jueces.
El abogado explicó que su decisión de buscar un nuevo mandato responde a la necesidad de completar una agenda de reformas que comenzó a impulsar desde su incorporación al Consejo. En ese recorrido, consideró importante contrastar los objetivos planteados inicialmente con los resultados alcanzados y las cuestiones que permanecen sin resolver.
"Nos tomamos el trabajo de discutir estas cuestiones, de ver cuáles eran las problemáticas que estábamos advirtiendo en el funcionamiento de la Justicia y, sobre todo, cómo se estaban designando los jueces", recordó en FM Ushuaia.
A su entender, uno de los resultados más significativos de su gestión fue conseguir que los procedimientos utilizados para cubrir cargos judiciales se incorporaran a la agenda institucional. Aunque admitió que todavía resta concretar modificaciones, valoró que actualmente exista una propuesta formal de reforma sometida a consideración de los consejeros.
“Pudimos instalar la discusión de la selección de jueces”, expresó al referirse a una iniciativa que pretende establecer mayores garantías de transparencia, previsibilidad y objetividad en los concursos.
Pagano Zavalía sostuvo que el sistema vigente requiere mecanismos capaces de reducir la incidencia de relaciones personales y acuerdos políticos en las designaciones. En contrapartida, propuso fortalecer la evaluación de antecedentes, conocimientos y capacidades profesionales de quienes aspiran a ocupar una magistratura.
La reforma fue diseñada a partir del análisis de reglamentos utilizados por otros consejos del país. Entre sus principales disposiciones contempla parámetros de calificación definidos con anterioridad, procedimientos de evaluación verificables y posibilidades concretas de impugnación para los concursantes.
Según explicó, el documento ya atravesó diferentes instancias de intercambio y recibió observaciones que fueron incorporadas a una nueva versión. Con ese trabajo prácticamente concluido, espera que la modificación pueda aprobarse en la sesión del 9 de diciembre, última reunión prevista para este año.
"Las conversaciones que se tienen que hacer se han dado, las observaciones que se tienen que formular ya se han formulado", señaló, convencido de que el debate desarrollado permite avanzar hacia una definición.
Participación política y sus límites
Otro aspecto abordado por Pagano Zavalía fue el papel de la política dentro del Consejo de la Magistratura. En ese punto, diferenció la participación de representantes institucionales, prevista en la conformación del organismo, de la intervención de intereses partidarios en las decisiones sobre nombramientos judiciales.
"La política está metida, y está bien que esté metida", manifestó, al reconocer que la integración del Consejo responde a un diseño institucional que contempla la presencia de distintos poderes.
Sin embargo, precisó que esa representación no debería trasladarse a la evaluación de los aspirantes a cargos judiciales. "Lo que a mí no me parece que tenga que darse es la política partidaria dentro del Consejo", enfatizó.
En relación con su desempeño, aseguró que en cada concurso procuró realizar evaluaciones individuales, fundamentadas en los antecedentes de los postulantes y acompañadas por las correspondientes calificaciones. Consideró que ese procedimiento contribuye a reducir los márgenes de discrecionalidad y permite conocer los criterios utilizados al momento de decidir.
Agenda que excede las elecciones
Además de la modificación del sistema de concursos, el representante de los abogados identificó otros aspectos del funcionamiento institucional que requieren una revisión normativa.
Entre ellos mencionó la Ley Provincial 825, vinculada con los procedimientos de enjuiciamiento de magistrados, en la que advirtió dificultades derivadas de la ausencia de plazos y etapas procesales suficientemente precisas.
Para Pagano Zavalía, esas indefiniciones hacen necesario avanzar en una reforma que otorgue mayor claridad a los procedimientos y establezca condiciones previsibles para todas las partes involucradas.
En ese sentido, adelantó que prepara una propuesta legislativa que tiene previsto presentar cualquiera sea el resultado de las elecciones del 27 de noviembre. Su intención, explicó, es que los proyectos de mejoramiento institucional no dependan exclusivamente de la continuidad de sus impulsores en el Consejo.
Finalmente, señaló que la duración anual de los mandatos y la realización de una reunión mensual representan limitaciones para desarrollar transformaciones de cierta complejidad. Bajo esas condiciones, consideró que obtener un nuevo período como representante de los abogados le permitiría completar las reformas iniciadas y sostener una línea de trabajo orientada a mejorar los mecanismos de funcionamiento y control del sistema judicial fueguino.






