La intervención ordenada por la Nación sobre el puerto de Ushuaia genera alarma entre los trabajadores, quienes temen que sea el preludio de una privatización. Reclaman a la clase política fueguina una defensa activa de la autonomía provincial.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego, su secretario general, Carlos Córdoba, relató los hechos con crudeza. "Nos enteramos a las 8 y media de la mañana que habían ingresado fuerzas de Prefectura junto a 3 o 4 personas de otro sindicato, tomando postura dentro del puerto, cerrando y sacando trabajadores que estaban de guardia. Bien a la época de los 70, terrible", afirmó en diálogo con FM Ushuaia.
El operativo implicó, según su testimonio, la expulsión de la mayoría del personal permanente y la prohibición de su ingreso, quedando el control a cargo de una empresa privada.
El eje de la preocupación sindical trasciende el conflicto laboral inmediato y apunta a una posible desposesión del patrimonio provincial. Córdoba fue contundente al ser consultado sobre si la intervención es un primer paso para privatizar servicios o ceder el polo logístico antártico: "Ninguna duda, ninguna duda que va a ser así". Y fundamentó: "El único puerto con bandera argentina es este. El resto de la República Argentina, en los ríos, en el mar, tiene nombre y apellido y tiene bandera diferente a la nuestra".
Frente a este escenario, el dirigente exigió un posicionamiento de los representantes políticos de la provincia. "Los que dicen que son políticos y defienden al pueblo fueguino, los quiero ver en el puerto con los trabajadores", demandó. Y amplió: "Tienen que ir al puerto. Tienen que manifestarse porque si no, la culpa siempre la va a tener el otro". Hasta el momento, según su percepción, no ha habido un pronunciamiento sólido: "Ninguno se pronunció hasta ahora. Hay algunos sectores que se han pronunciado pero así, con liviandades".
Para Córdoba, la situación excede un mero conflicto de gestión. "Lo que más nos importa a nosotros es los trabajadores, los trabajadores creen que es un conflicto político, sabemos que es político y que la política se tiene que manejar de una manera y los trabajadores tienen que estar en su puesto de trabajo", sostuvo.
Sin embargo, advirtió sobre el riesgo subyacente: "La toma del puerto nos pone muy mal a todo el mundo, por supuesto, porque es una toma sin retorno. No me pueden decir a mí que van a tomar por un año, van a arreglar la situación del puerto y que después va a volver a manos de los trabajadores. Eso es imposible".
Mientras tanto, los trabajadores mantienen una presencia simbólica en la zona externa del muelle, a la espera de una resolución judicial que, esperan, restablezca la normalidad.
Pero la desconfianza hacia el destino final del puerto, considerado un activo estratégico y símbolo de soberanía, persiste y tensiona el diálogo entre la provincia y la Nación, con los empleados estatales como principales custodios de su carácter público.
