La referente de los trabajadores portuarios afirmó que el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia mantiene una relación afectiva con la senadora libertaria y vinculó ese lazo con la posición asumida por la entidad ante la intervención.
La referente de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, Valeria Barría, puso bajo cuestionamiento la posición que mantiene la Cámara de Turismo de Ushuaia frente a la intervención nacional y vinculó esa actitud con una relación personal que, según afirmó, existe entre su presidente, Patricio Cornejo, y la senadora nacional de La Libertad Avanza Belén Monte de Oca. Consultada concretamente sobre el tipo de vínculo, respondió: “Afectiva, dicen que es la pareja, lo que ha salido en todos los medios y que es de público conocimiento, la semana pasada incluso ha salido que son pareja”, expresó durante una entrevista con FM Ushuaia.
Barría relacionó ese dato con la postura institucional expresada por la Cámara de Turismo en medio del conflicto con la intervención nacional. “Tenemos conocimiento de que justamente el presidente -no está bueno a veces meterse en la vida personal-, pero bueno, tiene una vinculación con la senadora (Belén) Monte de Oca”, señaló, y consideró que la neutralidad esgrimida por la entidad empresarial “deviene de estos lazos que pueden surgir por la política… más que una amistad, creo que devienen por ahí”.
La dirigente insistió posteriormente en que la senadora debería asumir una posición más clara sobre el conflicto: “Una senadora que debería estar en su rol que ocupa tan importante para la provincia que es representarnos en el Senado, debería ser más contundente y salir a expresar su postura contra la intervención”. A su criterio, después de ocho meses ya no resulta suficiente mantener posiciones indefinidas: “Tenemos que dejar en claro quién está a favor de la intervención y quién no”.
El planteo forma parte de una confrontación más amplia entre los trabajadores portuarios y sectores empresarios, luego de que las cámaras de Turismo y Comercio expresaran preocupación por la próxima temporada de cruceros. Frente a esas manifestaciones, los empleados cursaron una invitación para mantener una reunión a ambas cámara y a la fundación Finnova, pero todavía no obtuvieron respuesta: “Cursamos las invitaciones por distintos canales para poder llegar a los presidentes y a los representantes, pero hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación”.
La intención, explicó, era discutir acciones comunes destinadas a reclamar el fin de la intervención. Sin embargo, cuestionó que hasta ahora las entidades hayan puesto el foco sobre los trabajadores: “No atacan a la intervención, atacan a los trabajadores”, sostuvo, para remarcar que “el riesgo de la temporada” comenzó, según su interpretación, “desde el día uno que la intervención usurpó nuestro puerto”. Por eso reclamó “tomar acciones conjuntas entre todos los referentes” para que la terminal “vuelva a la provincia y sea administrada por la provincia”.
Barría también describió un progresivo debilitamiento del acompañamiento político, sindical e institucional que tuvo el reclamo durante los primeros meses. “Hoy seguimos con esta lucha, creo que hasta en cierto sentido bastante solos”, expresó. Esa situación la llevó a una definición más severa: “Hoy el silencio lo podemos llamar complicidad. Esta situación no tiene que estar normalizada”.
Según argumentó, el conflicto excede la situación laboral de los agentes desplazados y compromete la administración de un recurso estratégico provincial. “¿Cómo van a administrar una provincia, la ciudad de Ushuaia, cuando se están llevando el recurso más importante que tenemos para la provincia, que es el puerto de Ushuaia?”, preguntó, antes de sostener que “a todos nos tiene que importar el puerto”.
Entre los cuestionamientos a la intervención, Barría afirmó que la ANPyN continúa administrando la plazoleta fiscal y utilizando infraestructura y maquinaria perteneciente a la Provincia. “Las containeras, los edificios que son patrimonio de la provincia, el puerto es patrimonio de la provincia, entonces ANPyN (Agencia Nacional de Puertos y Navegación) se hizo de todo”, señaló. Agregó que equipos de la Dirección Provincial de Puertos estarían siendo operados por personal proveniente de fuera de Tierra del Fuego y sostuvo que tareas antes desarrolladas por personal propio fueron tercerizadas.
En ese contexto, cuestionó también el destino de la recaudación: “Los recursos de la provincia se están yendo a una caja en la AGP”, afirmó en referencia a la Administración General de Puertos, y añadió que “no están quedando en la provincia”. A ello sumó la contratación de un servicio de limpieza que, según aseguró, fue adjudicado a una empresa de Buenos Aires “con montos muy elevados”.
La trabajadora rechazó por ese motivo la idea de una neutralidad frente al conflicto. Desde esa perspectiva, cuestionó que instituciones vinculadas con el turismo y la actividad antártica no adopten una posición más contundente mientras continúa la intervención.
Valeria Barría sostuvo finalmente que los trabajadores mantendrán sus acciones si no aparece una solución judicial o política. “Nuestro plan de lucha sigue siendo sostenido”, aseguró, y advirtió: “Si no hay paz para los trabajadores tampoco va a haber paz para la intervención”.
La continuidad del reclamo, explicó, incluirá movilizaciones y acciones destinadas a mantener visible el conflicto, junto con una convocatoria a la comunidad para acompañar la defensa de la administración provincial de la terminal.
