El intendente Walter Vuoto envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica y financiera del Municipio de Ushuaia. La iniciativa atribuye la crisis a la caída de la coparticipación, al atraso en la remisión de fondos y al deterioro de la actividad económica, y habilita al Ejecutivo a renegociar contratos, reordenar partidas, buscar financiamiento y congelar ingresos a la planta permanente.
El Ejecutivo municipal de Ushuaia formalizó el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica y financiera de la ciudad por el plazo de seis meses, con posibilidad de prórroga por otro período igual. La propuesta fue remitida por el intendente Walter Vuoto para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria.
En los fundamentos, el Municipio sostiene que atraviesa una situación “de carácter excepcional” por el impacto de un contexto macroeconómico nacional y provincial adverso sobre la actividad local, los ingresos públicos y la capacidad de gestión del Estado municipal. El texto vincula este cuadro a la retracción del gasto, la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la contracción económica.
El proyecto también pone el foco en la crisis productiva de Tierra del Fuego. Allí se afirma que en la última década la provincia perdió cerca de 10.000 puestos de trabajo industriales y que ese proceso se aceleró en los últimos dos años como consecuencia de las políticas económicas nacionales. Desde esa lectura, el Ejecutivo municipal encuadra la situación actual como parte de un deterioro más amplio del empleo, la industria y el desarrollo local.
A la vez, la gestión de Vuoto reivindica haber sostenido durante 2025 una política salarial que, según consigna el proyecto, permitió igualar e incluso superar la inflación patagónica, con un incremento acumulado del 33,34% para los trabajadores municipales. El argumento oficial es que ese esfuerzo buscó preservar el poder adquisitivo y sostener el consumo interno en un escenario de caída de ingresos en otros sectores.
Pero el punto central del planteo pasa por el deterioro de los recursos. Según el texto enviado al Concejo, en enero de 2026 Ushuaia percibió nominalmente un 5% menos de recursos coparticipables que en igual período del año anterior, lo que, medido contra la inflación, implicaría una caída real cercana al 38% en el poder de financiamiento municipal.
A eso se suma una acusación política directa al Gobierno provincial. El Municipio sostiene que existen demoras en el envío de la coparticipación nacional y provincial, y asegura que el monto adeudado supera los 12 mil millones de pesos, equivalentes a casi 35 días de retraso y a más de un mes de ingresos totales municipales. De acuerdo con la redacción oficial, esa situación afecta la liquidez, la previsibilidad financiera y la capacidad de planificación del Estado local.
El proyecto añade además que el presupuesto municipal 2026 fue elaborado sobre supuestos macroeconómicos del Presupuesto Nacional que ya quedaron desactualizados. En ese marco, advierte un desfasaje entre los recursos previstos y las necesidades reales de gasto, en un contexto atravesado por inflación persistente, caída de ingresos, apertura de importaciones y mayor demanda social.
Con ese diagnóstico, la ordenanza propone otorgar al Departamento Ejecutivo una batería de herramientas excepcionales. Entre ellas, la posibilidad de renegociar, suspender, adecuar o rescindir contratos, concesiones y acuerdos vigentes con proveedores; consolidar deuda con contratistas mediante planes de pago o refinanciación; elevar el monto total del presupuesto y/o endeudamiento; buscar nuevas fuentes de financiamiento; y reestructurar, compensar o reasignar partidas presupuestarias, con posterior información al Concejo Deliberante.
La iniciativa también prevé suspender ingresos a la planta permanente, contrataciones y promociones, salvo excepciones debidamente fundadas en áreas esenciales.
En los fundamentos, el oficialismo sostiene que la emergencia no implica restringir derechos ni garantías, sino preservar las capacidades del Estado para sostener el empleo, garantizar servicios básicos y acompañar a la comunidad en un contexto social cada vez más complejo. Sin embargo, el alcance de las facultades que se solicitan al Ejecutivo y la acusación al Gobierno provincial por la falta de remisión de fondos anticipan un debate con fuerte contenido político e institucional en el Concejo Deliberante.
Proyecto de Ordenanza
ARTICULO 1°- Declarar la Emergencia Económica y Financiera en el Municipio de Ushuaia por el plazo de seis (6) meses, prorrogable por igual
periodo mediante acto fundado del Departamento Ejecutivo Municipal y remitido al Concejo Deliberante para su conocimiento.
ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a renegociar, suspender, adecuar y/o rescindir contratos, concesiones y acuerdos vigentes
con proveedores, debiendo informar posteriormente las modificaciones de aquellos que fueron aprobados oportunamente por el Concejo Deliberante.
ARTICULO 3°- Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer mecanismos de consolidación de deuda con proveedores y contratistas,
pudiendo implementar planes de pago, acuerdos de refinanciación o cancelación mediante instrumentos financieros.
ARTICULO 4°- Autorizar al Departamento Ejecutivo a elevar el monto total del presupuesto y/o endeudamiento, a buscar fuentes de financiamiento para la
eventual cobertura de déficit financiero y a efectuar reestructuraciones, compensaciones y reasignaciones de partidas presupuestarias debiendo
informar posteriormente al Concejo Deliberante.
ARTICULO 5°- Disponer la suspensión de ingresos a la planta permanente, contrataciones y promociones, salvo excepciones debidamente fundadas en
áreas esenciales.
