Tope salarial constitucional (Por Gabriel Ramonet)

Nota publicada en www.tiempofueguino.com

Por Gabriel Ramonet- Los funcionarios públicos de Tierra del Fuego violan la Constitución provincial desde hace 30 años. Lo hacen cobrando sueldos superiores al del gobernador, cuando un artículo de la Carta Magna lo prohíbe expresamente. Es el mayor acto de corrupción institucionalizada desde el nacimiento de la provincia, que casualmente celebramos a raíz de la jura de la Constitución.  O sea que cada cumpleaños de Tierra del Fuego recuerda la jura de un compromiso fundacional de los fueguinos, y quienes soplan las velitas, además, se reparten la torta.

Para que ello ocurra fue necesario el concurso de numerosas voluntades a lo largo del tiempo. Funcionarios del Poder Ejecutivo y de los organismos de control, legisladores y por supuesto jueces de las mas diferentes jerarquías miraron para otro lado o, directamente, hicieron aportes surrealistas para interpretar el texto constitucional. Como dicen los expertos, le hicieron decir a la ley máxima, lo que la ley no dice.

Sin embargo, hay algo peor todavía sucediendo por estas horas en el corazón del poder concentrado de la Isla, en relación a este tema.

Porque algunos de quienes han impulsado y sostenido este verdadero privilegio de casta no se conforman con seguir ganando sueldos más altos que cualquier gobernador actual o futuro. Lo que pretenden, además, es aleccionar a quienes en algún momento se hayan animado a sostener una postura diferente a sus designios. La idea es perseguirlos y condenarlos, no solo como venganza personal, sino como acto ejemplificador. De modo que, observando desde afuera, a nadie se le ocurra contradecirlos, nunca más.

Para eso comenzaron a construir un “caso testigo” a partir de la situación del ex legislador y vicegobernador provincial Manuel Raimbault. Advierto que las próximas líneas pueden ser un poco fuertes, así que sugiero tomarlas como si fueran el guion de una película cómica.

Cuál fue la ofensa de este ex funcionario: aplicar el tope salarial constitucional en 2009 y 2010, cuando presidía la Legislatura. Dos empleados accionaron judicialmente contra esa decisión. Un juez de primera instancia (que ganaba sobre el tope) les dio la razón a los empleados. La Cámara de Apelaciones (cuyos miembros ganan sobre el tope) confirmaron el fallo. Y, de paso, le impusieron las costas del juicio a la Legislatura.

Fue entonces cuando entró en escena el Tribunal de Cuentas (cuyos integrantes ganan sobre el tope) e inició una causa contra Raimbault, por el “perjuicio fiscal” de haber aplicado el tope (aquí los actores que hacen de extras, deberían reírse a carcajadas).

Lo cierto es que, como consecuencia de ello, Raimbault fue demandado por el Tribunal de Cuentas provincial y condenado a pagar las costas del juicio que ganaron los afectados por el tope, de modo que no solo no se aplicó el límite constitucional, sino que el único perjudicado fue quien intentó aplicarlo (más risas).

La condena a Raimbault fue, además, ratificada por la Cámara de Apelaciones (otra carcajada) con lo que el “caso testigo” llegó en casación al Superior Tribunal de Justicia.

Ahora bien, en este momento la película deja de tener un tono de comicidad y se vuelve un poco más seria.

En la instancia del Superior Tribunal se presentaron tres “amicus curiae”. Los amicus son escritos técnicos que pueden presentar personas individuales y organizaciones de la sociedad civil ajenas a una disputa judicial, pero que tengan un justificado interés en la resolución final del litigio, para ayudar al tribunal a resolver la controversia.

Lo novedoso (y también histórico, porque jamás había sucedido en la historia provincial) es que los firmantes de los amicus fueron: la ex gobernadora Fabiana Ríos, la ex gobernadora Rosana Bertone, y el jurista y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni.

Los tres apoyaron el pedido de levantamiento de la condena a Raimbault. En el caso de las ex gobernadoras, el gesto político carece de precedentes. Por tratarse de quienes ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo durante 12 años (si se suman los dos mandatos de Ríos con el de Bertone) y porque ambas dejaron de lado sus públicas y notorias diferencias políticas, para defender un caso que consideran fundamental “en término de derechos humanos”. De hecho, a pesar de esas discrepancias ideológicas y acaso metodológicas, durante sus gobiernos defendieron la aplicación del tope salarial constitucional en diferentes instancias, sin éxito, por cierto.

En el caso de Zaffaroni, el jurista advirtió que “bajo el aparente fundamento de una interpretación técnica, se ha terminado por distorsionar completamente a la Constitución, al punto de enviar uno de sus aspectos más importantes, al cementerio de la normatividad”.

De todos modos, cuando señalo que todo esto no es lo más grave de la situación, es porque propongo destacar algo que constituye un verdadero peligro, para los “aleccionados” por aplicar el tope, y para la misma clase dirigente que aplaude estas circunstancias desde las sombras de sus despachos.

Por ahora el tope salarial es “letra muerta”. Nadie lo aplica y a nadie le importa. La Constitución no se cumple y todos los funcionarios (incluso los jueces) cobran más que el gobernador. Le parezca bien eso a quien le parezca, se llame Ríos, Bertone o Zaffaroni.

Lo verdaderamente peligroso para la dirigencia política fueguina es el posible antecedente judicial, por el que los jueces se podrían arrogar la facultad de revisar acciones políticas ajustadas a derecho, y de sancionar a los responsables bajo el paraguas de un remanido perjuicio fiscal.

Muchos de los que festejan cualquier fallo contra el tope y contra sus defensores, parecen no comprender el alto riesgo que implica para ellos mismos, la sentencia que ahora cocina a fuego lento el Superior Tribunal de Justicia.

Su mirada de corto alcance no les permite verse afuera de sus cargos, enfrentando una o varias demandas similares a la de Raimbault, usando su caso como antecedente, y siendo obligados a pagar costas, perjuicios fiscales o como quieran llamarle en el futuro, por el mero hecho de haber cumplido una ley vigente.

Ese es, en realidad, el riesgo de catapultar a jueces amigos a cargos encumbrados, con el compromiso implícito de una protección judicial a largo plazo. Los funcionarios dejan sus lugares tarde o temprano, ganan y de repente pierden poder. Los jueces tienen el tiempo vitalicio de sus funciones jugándole a favor.

Los políticos corren el riesgo de quedar atrapados en la telaraña que ellos mismos tejieron, creyéndola un manto de impunidad.