¨la impunidad como un modo de ejercer el poder político, cuya principal características es que la corrupción no pague ¨
Federico Delgado, República de la Impunidad, Ed Ariel
Un cartel luminoso colocado sobre el techo del Café Balcarce de Ushuaia se ha transformado en el icono indiscutible de lo que representa la conjunción de promiscuidad y poder en Tierra del Fuego.
Representa un verdadero monumento a la utilización discrecional de fondos públicos aprovechando el contexto de la pandemia por COVID para realizar compras y contrataciones sin la intervención previa de los mecanismos de control provincial.
La digitación de este tipo de operaciones corre por cuenta del Secretario de Comunicación Jorge Canals, con fondos que debieran distribuirse equitativamente en los medios de comunicación fueguinos, y pone una vez más de manifiesto la manipulación de fondos públicos que dilapida el Gobierno en este tipo de contratos.
Canals utiliza su caja propia para pagar favores políticos y personales, pero también indica a los entes descentralizados que hagan contrataciones similares.
La triangulación se produce a través del IPRA, la Dirección Provincial de Puertos y el Banco de Tierra del Fuego para no concentrar este tipo de contratos desde el Ejecutivo Provincial, e intentar diluir la atención que provocan este tipo de contratos injustificados.
Este aparato de propaganda liderado por el Secretario Jorge Canals y el consultor Leonardo Pérez Bustos, de la empresa NEODELFOS, también vinculado a los portales Polosurtdf y lamisiontdf.com que reciben publicidad oficial a pesar de la muy baja audiencia y de publicar únicamente contenidos favorables al gobierno.
Sin embargo, el IPRA, conducido por el mopofista de la Linea Löffler Antonio Arosteguichar, puso más al desnudo el funcionamiento del mecanismo que expone descarnadamente la relación entre promiscuidad y poder.
Los contratos que firma Arosteguichar para este tipo de pagos son autorizados por indicación de Canals, y exponen la arbitrariedad que utilizan en el manejo de fondos públicos: el cartel ubicado encima de la empresa vinculada con los Löffler recibe mensualmente mayor pauta que los principales medios de Ushuaia y Río Grande. Por ejemplo, ninguno de los comunicadores con mayor trayectoria perciben los $100.000 mensuales que facturan personas que estarían vinculadas con la confitería.
Balcarce es una franquicia que administra la empresa Jumamá, de Omar Alberto Calquín y Juan Matías Loffler.
Arosteguichar asumió la presidencia del IPRA como parte del acuerdo político FORJA-MPF. Viene de ser el ex titular de la Junta Departamental Río Grande del Partido liderado por los Löffler desde hace décadas en la ciudad del norte de la provincia.
Este tipo de prácticas pone al descubierto la relación entremezclada entre socios políticos, familiares y amigos que se reparten fondos estatales como si fueran un botín de guerra.
Lo que queda en claro es no existen límites para este tipo de prácticas. Arosteguichar, puesto por la camarilla Löffler, no tuvo empacho en contratar directamente con una de las empresas vinculadas directamente con ese sector.
Sin duda, el Estado no tiene por función direccionar fondos públicos en beneficio de determinadas empresas privadas.
Toda esta situación solo desnuda la vulneración a los principios de concurrencia, transparencia en el manejo de fondos públicos y de igualdad.
Cuando la promiscuidad se instalada en los gobiernos solo forma mayor generación de riqueza en los sectores que más capacidad de influencia tienen.
Es decirle adiós al principio del gobierno del pueblo, para resignarse a ver al Estado en manos de un par de grupos empresariales que solo abusan de su posición de privilegio para seguir beneficiándose sin limites.
Todo esto se esconde detrás de un cartel en pleno centro de Ushuaia, y ante la vista de una población que busca sobrevivir a una crisis con efectos desoladores.
