El legislador de FORJA impulsa una alternativa al proyecto oficial de financiamiento educativo que conserva sus principales objetivos, pero descarta nuevos gravámenes sobre el BTF y el gas domiciliario para evitar mayores costos económicos.
El debate legislativo sobre el financiamiento educativo comenzó a mostrar coincidencias alrededor de la necesidad de revisar algunas de las fuentes de recursos propuestas por el Poder Ejecutivo. Aunque existe respaldo a la creación de un fondo específico para fortalecer el sistema, distintos sectores consideran necesario evitar medidas que puedan repercutir sobre los usuarios de servicios esenciales y las operaciones bancarias.
En ese contexto, el legislador de FORJA, Federico Sciurano, presentó un dictamen alternativo que mantiene los principales componentes de la iniciativa, pero propone retirar los gravámenes previstos sobre el Banco de Tierra del Fuego y la distribución domiciliaria de gas. “Me parece importante que haya una ley de financiamiento educativo”, expresó en FM Ushuaia, aunque advirtió sobre las consecuencias económicas de incorporar esas cargas.
Uno de sus principales argumentos está relacionado con las características del BTF y su función dentro de la economía provincial. Sciurano defendió el tratamiento impositivo diferencial que recibe la entidad mediante la exención de Ingresos Brutos, al considerar que sus ganancias permanecen en Tierra del Fuego y contribuyen al sostenimiento de distintas herramientas financieras.
Como antecedentes, mencionó la intervención del banco durante la pandemia y las alternativas de refinanciación destinadas a familias con dificultades económicas. Desde esa perspectiva, sostuvo que modificar su situación tributaria podría afectar indirectamente a los propios clientes. “El propio empleado público va a terminar pagando también ese incremento”, advirtió.
El legislador también señaló que resultaría contradictorio establecer un impuesto que reduzca la rentabilidad de la entidad mientras se propone destinar parte de las utilidades de las empresas públicas al financiamiento educativo.
Respecto del gas domiciliario, su posición parte de una consideración semejante: cualquier carga adicional sobre la distribución terminaría reflejándose en el costo del servicio. “Ese 3% que le vas a poner a Camuzzi efectivamente va a terminar llegando a tu boleta de gas”, manifestó, al explicar por qué considera inconveniente incorporar ese mecanismo de recaudación.
Sciurano entiende que estas objeciones no constituyen una posición aislada dentro de la Legislatura. Por el contrario, señaló que durante el último encuentro de comisión quedaron expuestas coincidencias entre representantes de distintos bloques, particularmente respecto del banco provincial. “Da la sensación que hay una mayoría importante de legisladores que no está de acuerdo con lo del BTF”, afirmó.
A su entender, también existe una oposición significativa al incremento impositivo vinculado con el gas, por lo que consideró posible avanzar hacia una propuesta consensuada que contemple ambas observaciones.
El dictamen que impulsa conserva, sin embargo, otros instrumentos incluidos en el proyecto original. Entre ellos figuran la utilización de parte de las utilidades de empresas públicas, el revalúo fiscal de inmuebles rurales, la relación entre el cargo docente y la canasta básica y el compromiso de incrementar progresivamente la inversión educativa durante cinco años.
Otro aspecto que Sciurano considera relevante es la distribución prevista para los fondos recaudados. La iniciativa establece que al menos el 50% de los recursos se destine a salarios docentes, mientras que el resto permita atender necesidades de infraestructura escolar, mantenimiento, equipamiento y adquisición de herramientas educativas.
Para el legislador, preservar esas finalidades no exige necesariamente mantener todos los mecanismos tributarios planteados por el Ejecutivo. Su propuesta apunta precisamente a separar el objetivo del financiamiento de aquellas herramientas que podrían generar consecuencias económicas adicionales para los habitantes de la provincia.
En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que una mejora destinada a los trabajadores termine neutralizada por nuevos impuestos. “Lo que te doy te lo saco después a través de un tributo, porque si no lo que estamos discutiendo no tiene sentido”, sintetizó.
Sciurano manifestó su disposición a analizar otras alternativas de financiamiento que permitan sostener los compromisos educativos sin incrementar directamente los gastos familiares ni afectar la actividad comercial. También consideró necesario evitar que las diferencias alrededor del procedimiento de urgencia desplacen la discusión sobre el contenido de la norma.
El calendario legislativo establece una nueva reunión conjunta de las comisiones de Economía y Educación para el martes, mientras que la próxima sesión ordinaria está prevista para el 28 de octubre. Frente a esas instancias, Sciurano evaluó como poco probable que el proyecto original obtenga aprobación sin modificaciones mediante el mecanismo de urgencia.
Su expectativa es que las coincidencias manifestadas por distintos legisladores permitan elaborar un texto alternativo antes de finalizar octubre, manteniendo el compromiso de financiamiento educativo, pero sin incorporar los impuestos sobre el Banco de Tierra del Fuego y la distribución de gas que actualmente concentran buena parte de los cuestionamientos.
