El legislador de FORJA sostuvo que el proyecto busca elevar progresivamente la inversión provincial en educación y establecer prioridades presupuestarias duraderas. Afirmó que las fuentes de financiamiento podrán modificarse para alcanzar consensos dentro de la Legislatura.
El debate por el proyecto de financiamiento educativo debe superar, según el legislador provincial de FORJA Federico Greve, la discusión sobre las fuentes específicas de recursos y concentrarse en la decisión de establecer una política de Estado que incremente durante los próximos cinco años la inversión provincial destinada al sistema educativo.
En diálogo con FM Ushuaia, greve explicó el alcance que atribuye a la iniciativa: “Para nosotros es una ley de convergencia”, definió, antes de precisar que actualmente Tierra del Fuego destina alrededor del 4,5% de su Producto Bruto Geográfico a educación y que la propuesta establece “llegar al 7,8% en cinco años”.
Para el legislador, ese recorrido constituye el núcleo político del proyecto, independientemente de las modificaciones que puedan introducirse durante su tratamiento. “Es una política de Estado, es una definición en sí misma”, afirmó. Las fuentes previstas inicialmente, aclaró, “pueden ser discutidas algunas o pueden ser cuestionadas otras en la Legislatura, y pueden cambiar también”, porque deberán surgir de los consensos parlamentarios.
Rechazó, además, que la iniciativa pueda interpretarse como una respuesta integral a las dificultades del sistema: “¿Es esta ley una solución al problema de todos los problemas de la educación fueguina? No, esto hay que dejarlo bien claro”. Su finalidad, planteó, es fijar una orientación presupuestaria que trascienda un ejercicio anual y determine que “los presupuestos de acá a cinco años tengan como prioridad la inversión en educación”.
Ese concepto comprende salarios, infraestructura, estudiantes, comedores y funcionamiento escolar. Greve destacó también la incorporación de un parámetro salarial: “Pone un cargo testigo docente que no esté por debajo de la canasta básica”, aspecto que consideró otra definición respecto del nivel de ingresos que la provincia pretende garantizar.
La discusión continuará la próxima semana en las comisiones de Educación y Presupuesto, con la convocatoria al Banco de Tierra del Fuego, una de las fuentes contempladas originalmente. Allí se analizarán alternativas y eventuales modificaciones. “Uno no está cerrado a discutir, a modificar, a ampliar o mejorar el proyecto que presentó el Ejecutivo, todo lo contrario”, aseguró.
El objetivo parlamentario, agregó, será construir una mayoría antes de la sesión prevista para el 28 de octubre: “El objetivo es tratar de buscar los consensos para que se apruebe la mejor ley o la ley que tenga más consensos posibles”. El mantenimiento del trámite de urgencia obliga, por ahora, a que la Legislatura avance sobre la iniciativa dentro del plazo establecido.
Greve vinculó el proyecto con la reducción del financiamiento nacional. Según indicó, se dieron de baja “casi 16 programas nacionales” con impacto provincial y Tierra del Fuego dejó de recibir “más de 50.000 millones de pesos”. A ese escenario sumó la caída de la inversión educativa nacional: “Teníamos el 5% y ahora tenemos menos del 1%”.
Frente a recursos limitados, sostuvo que gobernar implica establecer prioridades. “No administra recursos en abundancia, establece prioridades de pago, que es distinto”, expresó, y ubicó dentro de esa lógica la decisión de preservar la educación como destino prioritario.
Finalmente, Federico Greve insistió en que el debate no debería quedar circunscripto a cada mecanismo recaudatorio y mencionó como posibles recursos futuros los ingresos vinculados con hidrógeno verde y Terra Ignis. “Me parece que la discusión es mucho más profunda”, resumió, frente a las críticas que presentan la iniciativa como tan solo un incremento impositivo.
