REFORMA CONSTITUCIONAL. Riesgos y oportunidades de cambiar las reglas de juego

La Constitución Provincial es el pilar fundamental sobre el cual se construye el marco legal y político que guía el desarrollo de una sociedad democrática local. ¿Cuáles son los riesgos de rearmar constituciones a la medida de los gobiernos? 

(Por Guillermo Worman)

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En el caso de Tierra del Fuego, desde 1991 la actual Carta Magna ha sido el faro que ha orientado nuestras acciones y decisiones desde su promulgación. Con virtudes y defectos, se han podido concretar, sino todos, la gran mayoría de los proyectos e ideas que la provincia más joven necesita.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido la posibilidad de una reforma constitucional; una medida que no debe tomarse a la ligera por el tipo de consecuencias que podrían generarse.

En primer lugar, es esencial recordar que el cumplimiento riguroso de la Constitución vigente es fundamental para garantizar el estado de derecho y la protección de los derechos y responsabilidades de nuestra sociedad. Esta Constitución ha sido diseñada para promover el bienestar y el progreso de nuestra comunidad, y debemos asegurarnos que se cumpla en su totalidad antes de considerar cualquier reforma.

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ejemplares de la Constitución fueguina

Por ejemplo, nunca se reglamentaron figuras como la Iniciativa y la Consulta Popular, como tampoco el mecanismo electoral que permite traer candidaturas de otras boletas, para así elegir a quien el elector considere como mejores candidatos. 

Así, en caso de decidirse emprender un proceso de reforma estatuyente, es crucial que el nuevo texto constitucional sea capaz de generar derechos de última generación para los ciudadanos de Tierra del Fuego. Esto implica la inclusión de derechos sociales, económicos y culturales que reflejen las necesidades y aspiraciones de nuestra sociedad en constante evolución.

Además, una reforma constitucional debe aspirar a perfilar un estado provincial más dinámico, eficaz y transparente, y desalentar cualquier impulso tendiente a fomentar proyectos personalistas o de limitar los procesos de control público que generan calidad institucional. 

Por esto mismo, para el caso de avanzar en el proceso que dispararía la necesidad de la reforma de nuestra carta magna, es fundamental que el nuevo texto establezca mecanismos de control y rendición de cuentas que fortalezcan la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. 

Asimismo, se deben establecer medidas que promuevan la eficiencia administrativa y la agilidad en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo de nuestra provincia basadas en la utilización de las nuevas tecnologías, a la par que desalentar todo rasgo de burocratización que impida nuevas alternativas de desarrollo social, innovador y productivo.

La otra cara de la moneda

Sin embargo, debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva la introducción de personalismos en este proceso. La reforma constitucional no debe convertirse en una plataforma para satisfacer intereses individuales o políticos. Por lo tanto, es imperativo que la construcción de un nuevo modelo de provincia se realice con la participación y el consenso de todos los sectores de la sociedad, con miras a establecer un marco constitucional sólido y perdurable.

Para esto mismo, es vital que la nueva constitución proyecte un modelo de provincia que brinde certezas tanto a la población como a las actividades públicas y privadas, apuntalando principalmente al desarrollo de nuevas modalidades comerciales, de prestación de servicios e industriales. 

Se sabe que la inversión y el desarrollo económico requieren un entorno estable y predecible. Solo de esta manera podremos atraer inversiones basadas en el desarrollo local y fomentar el crecimiento sostenible en beneficio de todos los fueguinos.

Si bien la reforma constitucional puede ser una opción a considerar, debemos ser cautelosos y responsables en este proceso.

Ante todo, cada espacio político debiera explicitar cuáles son sus propuestas de reforma y qué impactos podrían sucederse con el cambio de ingeniería institucional que podría darse con una reforma de la constitución provincial.