El planteo ante la Fiscalía de Estado busca establecer qué impacto tendrá el convenio hidrocarburífero transitorio sobre los ingresos municipales, en un contexto de reclamos de Ushuaia por fondos coparticipables adeudados por la Provincia.
Las condiciones establecidas para la continuidad transitoria de la empresa Roch en la explotación hidrocarburífera abrieron interrogantes sobre los recursos que deben ser coparticipados a Ushuaia. Una presentación ante la Fiscalía de Estado procura determinar si las regalías correspondientes al Municipio quedaron garantizadas durante los seis meses contemplados en el convenio y cuál podría ser su incidencia sobre las cuentas de la ciudad.
El concejal de Ushuaia por el MOPOF, Vladimir Espeche, había intentado inicialmente obtener esas precisiones mediante un proyecto de resolución dirigido al Gobierno provincial, pero la propuesta no consiguió avanzar en el Concejo Deliberante. Al fundamentar aquella iniciativa, señaló en FM Ushuaia: “El planteo de mi resolución era saber realmente qué iba a suceder con los recursos coparticipables en materia de hidrocarburos, que son recursos para la Municipalidad. Hoy no se dice nada y, sobre todo, en la última paritaria municipal, de la misma acta surge que el Ejecutivo hace mención a que la Provincia adeuda más de 12.000 millones de pesos en concepto de coparticipación”.
La preocupación apunta especialmente a conocer el alcance económico del convenio transitorio y establecer si las regalías destinadas a los municipios continúan contempladas bajo las nuevas condiciones. “Este proyecto de resolución era para saber en qué consiste este convenio, si están contempladas en estos seis meses las regalías con respecto a la coparticipación municipal. Son ingresos que tienen que ingresar a la Municipalidad y hoy no se sabe cuál va a ser el monto”, explicó Espeche.
Sin respuestas por esa vía, el edil trasladó el planteo a la Fiscalía de Estado para que intervenga sobre la cuestión. Según afirmó: “Eso justamente también me impulsó a hacer una denuncia ante la Fiscalía de Estado, para que el fiscal tome cartas en el asunto y se llegue a dilucidar si realmente este convenio es perjudicial para los intereses de la Municipalidad”.
El reclamo adquiere además otra dimensión por la deuda que el propio Ejecutivo de Ushuaia consignó durante las negociaciones salariales municipales. Espeche cuestionó que, pese a la magnitud de los recursos involucrados, no observe medidas destinadas a exigir su cancelación: “Lo que sucede hoy es que hay un acta de una reunión paritaria donde el Ejecutivo municipal manifiesta que existe una deuda por parte de la Provincia, pero no hay ninguna acción para reclamar justamente la deuda que tienen los municipios”.
A criterio del concejal, la disponibilidad de esos fondos tiene consecuencias directas sobre las posibilidades municipales de atender obras de infraestructura, mantenimiento vial y prestación de servicios. En ese contexto también atribuyó responsabilidades políticas a la ministra de Energía por haber llegado a una instancia transitoria con la compañía. “Este convenio que se firmó con la empresa Roch es producto de la negligencia de la ministra de Energía, dado que se habían vencido los plazos de la concesión y había tiempo para llevar adelante los procesos licitatorios. Nosotros desconocemos si realmente los recursos que corresponden por regalías de hidrocarburos como participables a los municipios están salvaguardados o no”, afirmó.
La discusión por los recursos no fue, sin embargo, el único asunto que dejó diferencias en la quinta sesión ordinaria. Espeche también había impulsado tres proyectos vinculados con los rellenos sanitarios y los controles ambientales, que no consiguieron avanzar. Entre ellos figuraba un pedido para conocer las condiciones del antiguo relleno de Río Pipo y la situación del complejo de Río Olivia.
Sobre el primero de esos puntos, explicó: “Queríamos saber cuál es la situación del ex relleno sanitario de Río Pipo, si realmente se llevó adelante la remediación, si se controla, qué sucede con los líquidos y con la emanación de gases. En esa zona hay muchos barrios. La idea era conocer la realidad y tener parámetros objetivos ahora que se tiene que discutir la nueva licitación del relleno sanitario”.
El concejal consideró que contar con información actualizada permitiría establecer mayores exigencias en el próximo pliego y mejorar los mecanismos de fiscalización. También hizo referencia a observaciones relacionadas con muestras ambientales, presencia de plomo y requerimientos técnicos que, de acuerdo con sus afirmaciones, no se habrían cumplido, aunque indicó que no pudo consultar los nuevos análisis que el Municipio aseguró poseer.
Las diferencias alcanzaron además al funcionamiento del área de Obras Privadas. Una de las iniciativas proponía constituir una comisión investigadora a partir de reclamos formulados por vecinos y profesionales sobre demoras y presuntas diferencias en la gestión de expedientes. “Recibimos muchísimas denuncias o quejas de vecinos. Es un área donde hay un retardo muy grande cuando uno presenta un plano y también planteos sobre un trato desigual. La idea era establecer parámetros objetivos para corregir aquello que está mal”, sostuvo Espeche.
En cambio, las desafectaciones de tierras obtuvieron el acompañamiento de los diez integrantes del cuerpo. El edil resaltó particularmente la regularización de un sector del Martial, donde una franja será incorporada a un inmueble que había atravesado sucesivas modificaciones de mensura. “Se modificó tres veces la mensura y había que delimitar y acomodar ese sector. Lo que se estableció es que se venda al valor que corresponde a cualquier vecino de la ciudad. Esa fue la modificación y hubo consenso de los diez concejales”, explicó.
Mientras esas cuestiones tuvieron diferentes resultados dentro del Concejo Deliberante, la discusión central quedó trasladada a la Fiscalía de Estado. La intervención solicitada por Espeche apunta ahora a establecer si el convenio transitorio con Roch garantiza la participación de Ushuaia en las regalías hidrocarburíferas y si las condiciones acordadas pueden afectar los recursos que corresponden al Municipio.
