Una trabajadora desplazada de la Dirección Provincial de Puertos interpretó que el pedido de un “plan de contingencia” formulado por cámaras empresariales apunta a reprimir eventuales protestas. Reclamó una mesa de diálogo.
La trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, Valeria Barría, cuestionó el pronunciamiento conjunto de las cámaras de Comercio y de Turismo de Ushuaia que solicitaron al Gobierno un “plan de contingencia” frente al conflicto del puerto de Ushuaia. Para la empleada desplazada, el planteo empresarial no se orienta a resolver la intervención sino a prevenir eventuales medidas de protesta de los trabajadores.
En declaraciones a FM Ushuaia, Barría sostuvo que el comunicado recibió una lectura preocupante entre quienes no pueden ingresar a sus puestos desde enero. “Notamos como que están ahí, no se pronuncian en contra de la intervención, corren el foco para solamente defender sus intereses económicos”, afirmó, y agregó que de ese modo se busca “de cierta manera, dejar ante la sociedad como que el conflicto lo generamos nosotros”.
La entrevistada vinculó el origen de la situación con la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y señaló: “Este conflicto arrancó el 21 de enero de una manera totalmente ilegítima por la intervención que hizo la ANPyN en complicidad con la Prefectura, en complicidad con los gremios”. A su criterio, no fueron los trabajadores quienes extendieron el conflicto, que ya lleva alrededor de 240 días.
Barría aseguró que durante ese período no existió un canal de diálogo con las entidades empresariales. “Con los trabajadores que fuimos desplazados en ningún momento, ninguno de los dos presidentes (de ambas cámaras) se han acercado a interiorizarse, qué es realmente lo que estamos viviendo”, dijo. En cambio, recordó que los trabajadores presentaron acciones judiciales y mantuvieron una estrategia que definió como “un camino de hormiga para demostrar que los argumentos por los cuales se basó la intervención eran falaces”.
Al referirse específicamente al pedido de contingencia, planteó una interpretación más severa. “Pareciera que tienen un plan de contingencia como, ¿qué van a hacer con esta gente? ¿Cómo los van a sacar? puedo hasta decir ¿cómo los van a reprimir?”, manifestó. Consultada sobre si entendía que detrás de esa solicitud había un pedido de represión, respondió: “Sí, yo lo veo de esa forma”.
Según Barría, el sector empresario debería requerir explicaciones sobre la administración del puerto y propiciar instancias de diálogo antes que colocar a los trabajadores como un posible factor de riesgo para la temporada. “¿De qué plan de contingencia me hablan ellos?”, preguntó, al considerar que están “censurando nuestro derecho que tenemos constitucional de salir a reclamar”.
La empleada advirtió, además, sobre la situación económica de los trabajadores desplazados y el horizonte de pago de salarios. “Nuestro tiempo de caducidad es en abril, esa sería la fecha límite para que podamos cobrar capaz que nuestro último haber”, señaló. Describió que muchas familias ya modificaron sus gastos y que la temporada comenzó “con una sensación amarga de verlo desde el otro lado de la vereda”.
En ese marco, Barría sostuvo que la discusión excede la continuidad laboral de quienes fueron apartados. “Acá hay un debate que creo que tenemos que plantearnos todos como referentes, como actores políticos y como ciudadanos sobre todo”, expresó. Para la trabajadora, “la responsabilidad es más amplia” y comprende definir si el puerto continuará bajo administración provincial o nacional.
Respecto de la postura de las cámaras, consideró que su pretendida neutralidad podría estar vinculada con contactos políticos. “Creo que ellos de alguna manera u otra, juegan”, afirmó, aunque aclaró que no podía confirmar versiones.
En particular, mencionó que entre los trabajadores circula un comentario sobre una presunta relación personal entre el presidente de la Cámara de Turismo, Patricio Cornejo, y la senadora nacional de La Libertad Avanza, Belén Monte de Oca.
“Es el comentario que puede surgir de radio pasillo”, precisó Barría, para luego insistir en que, cualquiera sea la cercanía existente, debería utilizarse para gestionar una salida al conflicto: “Lo importante es, independientemente de sus vínculos o amistades políticas que ellos tengan, que realmente los usen para poder desterrar este conflicto”.
Finalmente, Valeria Barría descartó medidas violentas y afirmó que el reclamo seguirá por vías institucionales. “Obviamente no vamos a hacer ningún acto de violencia ni nada”, aseguró. “Nuestros reclamos van a ser con la madurez necesaria”, concluyó, al sostener que la defensa del puerto involucra a los trabajadores desplazados, a la actividad turística y al conjunto de la comunidad fueguina.
