La nueva legislación demanda ámbitos exclusivos para menores, operadores capacitados y procedimientos específicos de reparación y mediación. La provincia debe afrontar las exigencias con recursos limitados y un sistema judicial que ya soporta fuerte carga laboral.
La aplicación del nuevo régimen penal juvenil plantea en Tierra del Fuego dificultades que exceden el cambio introducido en la edad de responsabilidad penal. La ausencia de lugares específicos para alojar menores y de una organización judicial especializada obliga a implementar las nuevas disposiciones mediante estructuras y recursos humanos que actualmente atienden las causas penales ordinarias.
El abogado Jorge Hernández explicó en FM Ushuaia que la modificación establece la responsabilidad penal de quienes tienen entre 14 y 18 años, cualquiera sea la gravedad del delito cometido. “A partir de ahora los niños entre 14 y 18 años de edad responden ante la ley penal, es decir, responden por cualquier delito que cometan, grave, intermedio o leve, y van a participar de un proceso penal”, señaló, aunque diferenció la existencia de ese proceso de una eventual pena privativa de la libertad.
El nuevo esquema contempla distintas respuestas según las características de cada caso. Entre ellas aparecen la probation y los mecanismos de reparación, mientras que la detención queda reservada para las situaciones que correspondan por su gravedad. En los acuerdos destinados a compensar económicamente a una víctima también existe una responsabilidad familiar: “La propia ley establece que son los padres quienes pagan cualquier acuerdo de reparación que exista dentro de una causa penal en la cual participe un menor de entre 14 y 18 años”, indicó Hernández.
Esas particularidades requieren, a su vez, condiciones diferentes de las utilizadas en el sistema penal para adultos. Ante una demora, los menores deben permanecer separados y recibir un tratamiento acorde con su edad, mientras que una eventual detención demanda establecimientos exclusivos. La dificultad provincial aparece precisamente en ese punto, porque esos recursos todavía no se encuentran disponibles.
“Para todo esto se requiere una infraestructura y una disposición de personal y de lugares físicos que a la fecha no existen”, afirmó el abogado. La carencia no se limita a los espacios de alojamiento: el funcionamiento del régimen incorpora además instancias de mediación, reparación y acompañamiento que necesitan personal y tiempo para ser desarrolladas.
La organización judicial presenta una situación similar. Tierra del Fuego no cuenta actualmente con un fuero específico que pueda absorber los nuevos expedientes, por lo que las causas quedarán en manos de los operadores existentes. Hernández describió las consecuencias de esa decisión: “Los mismos defensores que hoy tenemos, los mismos fiscales que hoy tenemos, los mismos jueces que tenemos en la cuestión penal van a atender estos temas. Es decir, se recarga más aún todavía el trabajo a juzgados que están absolutamente desbordados”.
Cada proceso, además, incorporará intervenciones que exceden la determinación de la responsabilidad penal. El abordaje deberá considerar mecanismos orientados a la reparación y recuperación del menor, lo que incrementará las necesidades de recursos humanos y las horas destinadas a cada expediente. Frente a esa exigencia, Hernández resumió el escenario provincial: “No hay una infraestructura preparada. Será cuestión de que los mismos agentes que tenemos hoy resuelvan también estas causas”.
La implementación comenzará así sin que la estructura institucional haya sido adaptada previamente a las características del nuevo sistema. La falta de establecimientos diferenciados, equipos especializados y recursos adicionales aparece como la principal dificultad inmediata, mientras jueces, fiscales y defensores deberán incorporar las nuevas causas a una actividad que, según Jorge Hernández, ya se encuentra sobrecargada.
