PODCAST. NOSOTROS los Fueguinos II. Capítulo 21. El cartel de la corrupción (Por Gabriel Ramonet)

La pantalla LED de San Martín y Rosas, en Ushuaia, es un ícono de esta época que transitamos. El cartel indica el punto en que confluyen los intereses reales del poder concentrado de la provincia. Muestra en calidad HD, el videoclip de los que atienden de un lado y del otro del mostrador.

A veces son gestos, como bajar un cuadro de la pared. En otros casos son frases, definiciones tajantes. “En este país tenemos que dejar de robar por lo menos dos años”.

Son hitos, marcadores en la línea de tiempo. Definen épocas, momentos de la historia. Por eso tienen un mayor poder de trascendencia. Se los recuerda a pesar del paso de los años. Los transmite la cultura popular.

La clave es su valor simbólico. La capacidad de sintetizar acontecimiento complejos y repetidos. De mirarlos y entender todo, sin más nada que agregar.

Algo de eso sucede con la pantalla LED ubicada en la esquina de San Martín y Juan Manuel de Rosas, en pleno centro de Ushuaia. Un cartel luminoso sobre el techo del Café Balcarce, por donde todos pasamos alguna vez.

El café es una franquicia, explotada por la empresa Jumamá SRL. La sociedad fue constituida en noviembre de 2018 por Omar Alberto Calquín y Juan Matías Loffler. Matías es el hermano del actual legislador del Movimiento Popular Fueguino Damián “Loly” Loffler y del actual juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto “Nené” Loffler.

Matías también incursionó en política como candidato a concejal del Mopof en 2019. En una foto se lo puede ver en plena campaña junto al gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza.

En tanto, Calquín tiene su propia historia ligada a la política, aunque no por haber ocupado cargos sino por haber participado de maniobras de corrupción con el Estado. En junio de 2009, fue condenado a un año de prisión en suspenso como partícipe primario del delito de “falsedad ideológica de instrumento público” en la causa de los adelantos con cargo a rendir durante la gestión del ex gobernador Jorge Colazo. Y en junio de 2010 (al año siguiente) Calquín recibió otra condena de tres años de prisión en suspenso por el mismo delito y en relación a los mismos actos de corrupción. Además, Calquín fue uno de los imputados en la causa conocida como el “escándalo de las viviendas de ATE”. Allí se lo acusó de ofrecer y cobrarles a terceros (algunos sus propios familiares) por viviendas sociales que fueron vendidas de manera fraudulenta. En ese caso fue sobreseído.

De todas maneras, en Jumamá SRL son socios, un integrante de la familia Loffler y un sentenciado dos veces por corrupción contra el Estado. Toda una señal. O un cartel, luminoso. Como el instalado en el techo del Café Balcarce.

¿Quién explota el cartel? Jumamá estás inscripta ante el AFIP  para realizar “servicios de comercialización de tiempos y espacios publicitarios”. Otra señal.

Pero una sociedad integrada por un Loffler no le puede facturar directamente al Estado. Sería muy obvio. ¿Entonces qué hacen? Utilizan a empleados del Café Balcarce. Así lo publicó Noticia de Tapa esta semana.  

Daniela Paola Valdes, una mujer de 31 años que figura en situación 5 “Irrecuperable” ante el sistema financiero nacional, le facturó $680 mil de publicidad al Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) entre diciembre de 2020 y hasta julio de este año.

Valdes es empleada de Jumamá en relación de dependencia.

El presidente del IPRA es Antonio Arosteguichar, referente de la línea Loffler del Movimiento Popular Fueguino y ex titular de la Junta Departamental Río Grande del Partido.

Valdés también le facturó otros $600 de publicidad al Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Comunicación que maneja Jorge Canals.

En total, entonces, $1.280.000 de publicidad para el cartel de los Loffler.

Antes de Valdés, la que facturaba la publicidad era María Inés Amitrano, una mujer de 37 años que también figura como deudora “incobrable” en los registros del Banco Central.

Lo curioso de Amitrano es que trabajó para la sociedad desde 2018 hasta agosto de 2020, en que dejó la empresa para pasar a desempeñarse como planta permanente del propio IPRA, al que antes le facturaba por el cartel.

Cuando desde marzo de 2020 advertíamos sobre los riesgos de ampliar el Superior Tribunal de Justicia en plena pandemia, y decíamos que todo era una gran puesta en escena para elegir a Ernesto Loffler, quien ya estaba definido de antemano, muchas personas me preguntaban por qué tantas objeciones al nombramiento de alguien técnicamente preparado y con carrera y trayectoria dentro del Poder Judicial.

El riesgo era esto que está sucediendo. Los peligrosos entrecruzamientos entre los negocios privados y los fondos públicos. La concentración del poder dentro de las principales instituciones de la provincia.

Ernesto Loffler es juez del máximo órgano judicial de la provincia. Su hermano, Damián Loffler, es el vicepresidente primero de la Legislatura y legislador provincial desde hace 21 años en forma consecutiva. El gobernador Gustavo Melella es socio político de la familia Loffler. La alianza entre Forja y el Movimiento Popular Fueguino de Río Grande posibilitó la llegada de Melella al poder, y de hecho hay funcionarios del gobierno, como el ya nombrado presidente del IPRA, Antonio Arosteguichar, que responden a la línea Loffler del Mopof.

¿Se dan cuenta que son los tres poderes del Estado fueguino concentrados en las mismas manos?

Tal vez no se tome tanta conciencia de lo que ello implica. De lo que ello permite. Ni siquiera la oposición política a Melella, que facilitó la llegada de Loffler al Superior Tribunal, se dio cuenta de lo que está pasando.

Hubo un hecho concreto hace pocos días. Los municipios le reclaman al gobierno una supuesta deuda de coparticipación. El tema generó un arduo debate público entre funcionarios gubernamentales y municipales. También una demanda judicial ante el Superior Tribunal de Justicia que convocó a una audiencia de conciliación. No hubo acuerdo.

En la Legislatura, cuando el asunto fue debatido, el legislador Loffler se preguntó para qué estaban interviniendo ellos si le correspondía resolverlo a la Justicia. Claro, en rigor, uno de los hermanos Loffler estaba diciendo que el tema lo debía resolver su hermano de la Justicia. Un tema que involucra al gobierno de la provincia. O sea al gobernador socio de los Loffler.

A esta altura cabe preguntarse. ¿La candidez de la oposición es genuina o impostada? ¿Entienden lo que está pasando o no se dan cuenta? ¿Son distintos o son parte del mismo armado?

La pantalla LED de San Martín y Rosas, en Ushuaia, es un ícono de esta época que transitamos. El cartel indica el punto en que confluyen los intereses reales del poder concentrado de la provincia. Muestra en calidad HD, el videoclip de los que atienden de un lado y del otro del mostrador. Detrás de los ingenuos avisos publicitarios de la pantalla, pasan la película con las caras sin maquillaje. Allí se los ve haciendo, lo que vinieron a hacer.

No debe ser casualidad que lo hayan puesto en el centro, a la vista de todos. Para que cada paseo nos recuerde quién manda. Para que la obscenidad sea completa. Para que la pantalla sea eso: el lugar donde se proyectan las imágenes de una época. La estatua berreta de la impunidad.