El Comité Especial de Descolonización aprobó por consenso una nueva resolución que exhorta a ambos países a retomar el diálogo. Durante la sesión, el canciller argentino cuestionó la presencia militar británica en el Atlántico Sur, denunció la explotación unilateral de recursos naturales y reafirmó el reclamo argentino sobre el archipiélago.
El Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas volvió a pronunciarse a favor de la posición argentina en la Cuestión Malvinas al aprobar por consenso una nueva resolución que insta a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. La decisión se adoptó tras la exposición del canciller Pablo Quirno, quien reafirmó el histórico reclamo argentino y cuestionó distintos aspectos de la administración británica sobre el archipiélago.
La delegación argentina estuvo encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y participaron la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini; y el veterano de Guerra de Malvinas Martín Vargas.
Durante su intervención, el funcionario sostuvo que la controversia por la soberanía continúa condicionando el vínculo entre ambos países y reiteró que la Argentina mantiene su voluntad de avanzar en un proceso de diálogo conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. "La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía", afirmó ante el Comité.
Quirno repasó además los antecedentes históricos del conflicto y recordó que la ocupación británica iniciada en 1833 implicó el desplazamiento de las autoridades argentinas y de la población establecida en las islas. En ese contexto, rechazó el argumento británico basado en el principio de libre determinación de los pueblos para justificar su permanencia en el territorio.
"El Reino Unido invoca en forma reiterada el principio de libre determinación de los pueblos para eludir el diálogo. En las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho, sino una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos", expresó.
Otro de los puntos desarrollados por el canciller estuvo relacionado con la presencia militar británica en el Atlántico Sur. Señaló que el despliegue de efectivos resulta desproporcionado en relación con la población permanente del archipiélago y consideró que esa situación constituye una evidencia de la militarización del territorio. Según indicó, en las islas residen alrededor de tres mil habitantes y permanecen destinados aproximadamente 1.200 soldados británicos.
Asimismo, cuestionó las actividades económicas autorizadas por el Reino Unido en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional. En particular, hizo referencia a la exploración y explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos desarrolladas bajo licencias otorgadas por la administración británica.
"El Reino Unido también otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa", sostuvo Quirno. Como ejemplo, mencionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion, promovido por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La postura argentina recibió el respaldo de un amplio grupo de países que participaron de la reunión. Delegaciones del Grupo de los 77 más China, junto con representantes de Chile, Brasil, México, Indonesia, Timor Leste, Sierra Leona, Antigua y Barbuda, Venezuela, Nicaragua y China manifestaron su apoyo a la reanudación de las negociaciones bilaterales, en consonancia con las resoluciones vigentes de las Naciones Unidas.
Durante la sesión también expusieron representantes de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, quienes defendieron la posición británica y reclamaron que se respete la voluntad de los habitantes del archipiélago. Dorothy Gould y Michael Goss rechazaron el planteo argentino y sostuvieron que los isleños deben decidir su propio futuro. Por la delegación argentina intervinieron Paula Vernet, descendiente del primer gobernador argentino de las islas, Luis Vernet, y Guillermo Clifton, nieto de un antiguo poblador de Malvinas, quienes ratificaron los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo de soberanía.
Al concluir la jornada, el Comité Especial de Descolonización aprobó una nueva resolución por consenso en la que reiteró el llamado para que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, manteniendo el criterio que ese organismo sostiene desde la Resolución 2065 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965.






