El funcionario aseguró que las relaciones diplomáticas con Chile mantienen su fortaleza pese a la posible reactivación de una ruta logística hacia Malvinas. Anticipó medidas provinciales para desalentar el abastecimiento británico y abordó los avances judiciales.
La posible reactivación de un servicio marítimo de abastecimiento hacia las islas Malvinas desde territorio chileno no altera, por el momento, las relaciones institucionales entre Tierra del Fuego y la región de Magallanes. Así lo planteó Andrés Dachary, quien diferenció las decisiones comerciales vinculadas con el archipiélago del posicionamiento histórico del Gobierno chileno en favor del reclamo argentino de soberanía.
En FM Ushuaia, Dachary sostuvo que “la relación con Chile sigue siendo buena” y recordó que “el Gobierno nacional de Chile sigue apoyando a Argentina en su reivindicación sobre la soberanía de las islas Malvinas”. Como ejemplo mencionó su experiencia ante Naciones Unidas, donde Chile presenta anualmente la demanda argentina ante el Comité de Descolonización.
La preocupación provincial se concentra en las consecuencias de una eventual reactivación logística que facilite las operaciones británicas. Dachary reconoció que esa posibilidad “quizás va en contra de lo que tiene que ver con el espíritu, pero no es una decisión nacional”, diferenciando las iniciativas particulares de la política exterior chilena.
Frente a ese escenario, anticipó una iniciativa legislativa destinada a establecer mayores controles sobre determinadas actividades marítimas vinculadas con Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El proyecto, próximo a tratarse en la Legislatura, contempla autorizaciones de la Dirección General de Puertos para operaciones dentro de las doce millas náuticas.
El propósito, explicó, consiste en “tratar de desalentar lo que tiene que ver con bajar los costos a la presencia británica en Malvinas”, sin perjudicar los vínculos históricos entre ambas regiones australes.
Por el contrario, consideró indispensable preservar la cooperación transfronteriza y evitar que las controversias relacionadas con el archipiélago deterioren una integración construida durante décadas. En esa dirección, señaló que “la relación histórica que hemos tenido entre Magallanes y Tierra del Fuego tiene que seguir siendo el camino de cooperación, de integración”, mientras atribuyó determinadas tensiones a intereses externos, particularmente británicos.
En el plano judicial, Dachary abordó las iniciativas dirigidas contra empresas que explotan recursos naturales en aguas próximas a Malvinas. Respecto del proyecto presentado en el Congreso Nacional, observó que contiene 133 artículos, aunque solamente alrededor del 30% corresponde específicamente a la cuestión Malvinas.
Su expectativa es que el tratamiento parlamentario permita alcanzar “una ley coherente, una ley que Malvinas se merezca con un endurecimiento de aquellas empresas, sea de la manera que fuera, que pretenden saquear nuestros recursos naturales”.
También asignó especial importancia a la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, particularmente por sus posibles consecuencias sobre la explotación petrolera. Según advirtió, avanzar con esa actividad modificaría sustancialmente las condiciones económicas del conflicto y dificultaría futuras negociaciones de soberanía.
Finalmente, sobre el radar de la empresa británica instalado en Tolhuin, recordó la existencia de actuaciones judiciales y un fallo de primera instancia apelado. Además, reclamó al Gobierno nacional resolver un pedido empresarial pendiente desde diciembre de 2023, cuyo rechazo considera indispensable para cerrar definitivamente la controversia.






