El magistrado impulsa un caso que apunta a regular el poder de las plataformas digitales sobre las decisiones automatizadas. Tras un nuevo respaldo de la Justicia, sostiene que las empresas tecnológicas deben responder por los perjuicios ocasionados por sus algoritmos.
La Cámara de Apelaciones declaró desierto, por falta de fundamentos, el recurso presentado por Google y confirmó la medida cautelar que ordenó restituir la cuenta y los servicios digitales del camarista penal de Ushuaia, Andrés Leonelli. Con esa resolución quedó firme la decisión de primera instancia y el expediente avanzará ahora hacia el análisis del planteo de fondo.
Leonelli explicó en FM Ushuaia que el conflicto se inició cuando su cuenta fue suspendida a partir de una denuncia generada de manera automatizada y destacó que la causa ya obtuvo distintos pronunciamientos favorables. “Ya tuvimos una condena en Defensa del Consumidor por la posición abusiva de Google frente al aviso automatizado que originó esta denuncia internacional. Después iniciamos una demanda y pedimos una serie de medidas cautelares que son inéditas en Argentina y en muchos lugares del mundo, porque Google no responde cuando un usuario solicita la restitución de una cuenta o de todos los servicios asociados. Obtuvimos una sentencia favorable que ordenó a Google LLC devolverlos y ahora la Cámara declaró desierto su recurso por falta de fundamentos”, señaló.
La suspensión lo dejó sin acceso al correo electrónico y a múltiples servicios vinculados a la misma cuenta, entre ellos contactos, contraseñas, compras y aplicaciones. Para el magistrado, esa integración de herramientas incrementa el impacto de una decisión automatizada. “Cuando a una persona le cierran una cuenta de Google le cierran digitalmente la vida, porque ahí puede tener la agenda del teléfono, las contraseñas, servicios de streaming, compras y aplicaciones escolares. Se produce una suerte de muerte digital y después uno tiene que reinventarse. Por eso la causa no se limita a recuperar un correo electrónico, sino que discute el poder que tiene una empresa para privar a alguien de todos esos servicios mediante una decisión automática”, explicó.
El fallo de la Cámara mantuvo vigente la cautelar al considerar insuficiente la apelación presentada por la compañía. Según Leonelli, Google persistió en sostener la existencia de una causa penal pese a que el expediente había concluido con un sobreseimiento. “El recurso fue desestimado porque no tenía fundamentos. Google sostuvo que existía una causa penal, aunque esa causa ya había terminado con un sobreseimiento y sin responsabilidad penal. Aun así, desoyó a las autoridades judiciales y mantuvo una denuncia calificada como criminal, generada sin control humano, pese a que desde el primer momento se explicó que el material estaba relacionado con mi actividad judicial. La contradicción es que también incumplió sus propios términos y condiciones, que fueron los que invocó para sancionarme”, afirmó.
La demanda principal buscará determinar si existió un abuso de posición dominante y, además, fijar criterios sobre el funcionamiento de los algoritmos que procesan datos personales y adoptan decisiones sin contemplar las particularidades de cada situación. “La cuestión central hoy es algorítmica: qué límites vamos a ponerle al algoritmo y qué control vamos a ejercer sobre él, porque de otro modo el algoritmo terminará controlándonos. Las empresas diseñan y entrenan estos automatismos para obtener dinero, y no van a fijarse límites por altruismo. Esos límites debemos imponerlos mediante los derechos fundamentales, la regulación y las decisiones judiciales”, remarcó.
El juez sostuvo que las plataformas utilizan información de los usuarios para fines comerciales, pero no aplican ese mismo nivel de conocimiento cuando deben revisar una sanción automática. “Las empresas absorben información personal, actividad en redes, historial y hábitos de navegación para obtener un mayor rédito. Sin embargo, cuando esa misma información debería utilizarse para cuidar al usuario y comprender el contexto, no lo hacen. En mi caso ignoraron los descargos, desconocieron que se trataba de material vinculado con una función judicial y terminaron generando una acusación gravísima. Eso demuestra por qué no puede dejarse una decisión de estas características exclusivamente en manos de un algoritmo”, sostuvo.
Además del reclamo por los daños ocasionados, la acción judicial solicita que Google rectifique la información difundida, vincule las búsquedas sobre Leonelli con el resultado del proceso y elimine publicaciones derivadas de la denuncia inicial. “Lo más importante es que Google rectifique en las redes la información incorrecta que ventiló y que, cuando se busque mi nombre, aparezcan este juicio y el error cometido. También estamos analizando la aplicación del derecho al olvido para retirar publicaciones insidiosas que siguen circulando como consecuencia de esa actuación automática. La indemnización no es el objetivo principal; buscamos que se establezca una doctrina y una sentencia ejemplar”, indicó.
Con la etapa cautelar superada, el proceso continuará con el análisis de la responsabilidad de la empresa y del alcance de sus obligaciones frente a los usuarios. Leonelli consideró que el expediente puede transformarse en un antecedente relevante por la ausencia de casos similares. “Queremos generar un precedente que ordene la manera en que estas empresas ganan dinero sin provocar daños psicológicos, físicos o económicos. En Latinoamérica no existe un antecedente de estas características y en muchos países europeos tampoco. Esta causa nació de una experiencia personal, pero tiene una dimensión social: buscar una forma de limitar los algoritmos y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse con tanta frecuencia”, concluyó.
