Los testimonios de Jorge Taiana y Juan Paleo aportaron fechas y nuevos interrogantes sobre la instalación del radar de la compañía de capitales británicos. El legislador también cuestionó la prolongada intervención nacional del puerto de Ushuaia y sus consecuencias.
Los testimonios recogidos en Buenos Aires sobre el radar de Leolabs permitirán contrastar fechas, documentos y responsabilidades de funcionarios nacionales y provinciales. Esa fue la evaluación del legislador provincial Matías Lapadula tras participar, junto con sus pares Natalia Gracianía y Pablo Villegas, de las reuniones de la comisión investigadora en las que declararon el ex ministro Jorge Taiana y el general Juan Paleo.
En diálogo con FM Ushuaia, Lapadula consideró que fueron “testimonios muy valiosos” porque aportaron precisiones sobre cuándo se conoció la instalación del radar y sobre “cuestiones que se han dicho que evidentemente no se condicen con el relato de quienes atestiguaron”.
Con esa información, señaló, la comisión podrá examinar la documentación y determinar “qué responsabilidades hubo, si las hubo, de los funcionarios que actuaron tanto en el ámbito nacional como en el de la provincia”.
Según su lectura de las actuaciones, la participación formal del Gobierno nacional en la autorización se limitó a la Subsecretaría de Comunicaciones: “No hay ninguna participación formal ni ningún expediente que vaya para arriba”.
Sin embargo, puso el foco en la velocidad de otros trámites y atribuyó a Taiana la observación de que “hubo trámites llamativamente veloces para que esto sea posible, tanto en la subsecretaría de Comunicaciones como en la provincia de Tierra del Fuego”.
Entre las gestiones que pidió revisar mencionó la inscripción de la empresa, los estudios ambientales y el pedido de liberación de equipos retenidos en depósito fiscal. “Son cosas muy llamativas”, resumió, antes de remarcar que también debe analizarse por qué Defensa y Cancillería no fueron consultadas inicialmente. Una vez informado, indicó, el Ministerio de Defensa solicitó documentación e informes técnicos y se canceló la habilitación precaria.
El legislador dijo que le llamó la atención que Paleo, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, declarara haberse enterado a partir de las denuncias.
También destacó el papel de los veteranos en hacer público el caso. A su juicio, el informe final deberá examinar posibles contradicciones: “Claramente hubo desde algún funcionario de Nación y de funcionarios de la provincia intervención en el sentido de apurar los trámites”.
Sobre la situación presente, advirtió que el radar “sigue instalado en el corazón de nuestra isla grande de Tierra del Fuego” y que no se conoce si está operando.
La intervención del puerto
Al referirse luego al puerto de Ushuaia, Lapadula sostuvo que, después de ocho meses de intervención nacional, “pareciera que normalizamos esta situación”. Calificó la medida de impedir el ingreso de inspecciones ambientales de arbitraria e ilegal, y anunció que trabajarán en la comisión de Presupuesto para analizar sus consecuencias económicas para la provincia.
Reconoció tanto la preocupación del comercio y el turismo por la próxima temporada como el reclamo de los trabajadores portuarios. Frente a esa tensión, propuso que los sectores coincidan en exigir la restitución de la administración provincial: “El puerto es un bien estratégico de la provincia que tiene que ser administrado y manejado por la provincia”.
Respecto de los impedimentos para acceder a información y realizar controles ambientales, consideró posible impulsar acciones contra los funcionarios de la intervención. No obstante, preguntó por qué las propias autoridades provinciales responsables de esos controles no denuncian las restricciones.
También cuestionó la estrategia judicial inicial del Gobierno provincial, porque, según recordó, el fiscal de Estado había recomendado que se presentara la Dirección Provincial de Puertos para evitar que la causa pasara directamente a la Corte Suprema.
