La provincia sostiene que la medida, notificada por WhatsApp pasada la medianoche del miércoles, viola el debido proceso y cercena su autonomía. Anuncian acciones legales contra lo que califican como un acto desmedido y sin plan concreto.
El secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, calificó como “una medida excepcional, extrema, imprevista” la intervención federal del puerto de Ushuaia, notificada mediante un mensaje de WhatsApp a las 00:03 horas del miércoles pasado.
En diálogo con FM Ushuaia, el funcionario aseguró que la provincia agotará todas las herramientas legales, incluyendo una presentación judicial, para revertir una decisión que considera violatoria de los principios administrativos y del federalismo.
Fossatto explicó que la Dirección Provincial de Puertos, un ente autónomo creado por ley, se encontraba ejerciendo su derecho de defensa dentro de un expediente administrativo abierto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). “El plazo administrativo para poder hacer las presentaciones ante los nuevos requerimientos que se habían efectuado, tenía un vencimiento que se matriculaba en el día de mañana (viernes)”, detalló. Sin embargo, la intervención se decretó de manera sorpresiva, desestabilizando la situación y configurando, a su juicio, un procedimiento irregular.
“Se notifica de la resolución concreta que emite la Agencia Nacional en donde, por un lado, se disponía la suspensión de la habilitación del puerto de Ushuaia (…) se disponía la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del puerto por un término de 12 meses”, relató el letrado.
Una de las primeras inconsistencias encontradas por las autoridades provinciales fue la falta de un interventor designado nominalmente. “No tenemos la definición concreta de una persona física”, afirmó, lo que dificulta cualquier diálogo operativo.
Para Fossatto, la acción de la ANPyN carece de gradualidad. “Es una medida extrema sin escalas”, sentenció. Aseguró que, si bien la normativa prevé sanciones como la caducidad o suspensión de la habilitación, no establece un procedimiento concreto para una intervención administrativa como la dispuesta.
“Si nosotros tenemos una intimación cursada para presentar descargos, informes requeridos por la agencia nacional, no se garantiza eso y se determina la intervención administrativa, entonces no tengo mucha capacidad para ejercer mi derecho de defensa”, argumentó.
Cuestionó además la razonabilidad de la sanción máxima: “No comprendemos que lo que veníamos dando en descargos y las acciones en el expediente administrativo, constituya una de las causales concretas que pueden llevar a la suspensión de la habilitación del puerto de Ushuaia”, expresó.
Destacó que la operatividad y seguridad del puerto están garantizadas, por lo que la inhabilitación le resulta desproporcionada. “Que me des una inhabilitación a una de las puertas de entrada a la provincia, no me parece que sea muy proporcional lo que expresa el acto con los hechos”, afirmó.
Frente a este escenario, la provincia avanza con una estrategia legal en dos frentes. “Administrativamente la Dirección Provincial de Puertos, con su equipo legal, asistidos también por esta Secretaría, va a llevar adelante las presentaciones de los recursos administrativos sobre ese acto administrativo que se notificó”, explicó.
Paralelamente, la provincia, en su carácter de titular del dominio del puerto por el convenio de transferencia, prepara una presentación judicial. “Desde la provincia venimos analizando, en razón de la legitimación que tenemos por la titularidad de dominio, aquellas acciones que hoy en día devienen del derecho constitucional y el propio federalismo”, concluyó Fossatto, subrayando la defensa de la autonomía provincial.
