La desinformación como herramienta para perseguir disidentes (Por Gabriel Ramonet)

En Tierra del Fuego, la desinformación y el uso de las llamadas fake news se ha vuelto una herramienta estándar, no solo para la denostación de dirigentes políticos opositores, sino para la descalificación sistemática de actores sociales y de periodistas independientes.


Este fenómeno es interesante porque los factores de poder complementan su influencia en los medios tradicionales, llegando de esta forma a quienes realizan su tarea por afuera de las estructuras mediáticas establecidas. Es el caso de periodistas independientes o miembros de organizaciones del tercer sector.

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Guillermo Worman es director de la Organización No Gubernamental (ONG) Participación Ciudadana, una entidad de enorme tarea en temas ambientales y de transparencia de Justicia en Tierra del Fuego. Algunos de sus temas de acción han comprendido la lucha contra la contaminación por efluentes cloacales del Canal Beagle, frente a las costas de la ciudad de Ushuaia, y una férrea oposición a la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

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Cada vez que Worman realizó una crítica a la paralización de las obras de infraestructura necesarias para sanear el Canal Beagle, o que objetó las irregularidades de la ampliación del Superior Tribunal fueguino, fue víctima de una campaña de desinformación montada por intereses que, evidentemente, pretenden perjudicar su imagen pública.


Para ello, fueron utilizados sitios de noticias anónimos -como uno llamado “Guanaco Sur”- que no solo editorializaron con notas sin firma, sino que directamente inventaron noticias contra el dirigente. El despropósito llegó, en este caso, al límite de que el sitio tenía un banner de publicidad oficial contratado por la secretaría de Comunicación provincial, a cargo de Jorge Canals.


Otros sitios con base en la red Facebook operan de modo similar. Es el caso de “El derrape noticias”, un autodenominado “medio de comunicación” con más de 2500 seguidores a noviembre de 2021, que funciona como usina de fake news contra Worman y otros dirigentes opositores o periodistas.


En esta red social, las posibilidades de difamación son casi a prueba de todo. Los interesados crean el sitio, escriben supuestas noticias repletas de injurias que no pueden refutarse y que, reportadas ante Facebook, no implican ningún tipo de sanción para el editor. Además, los desinformadores pueden pagar precios muy bajos para que la red incluya a la publicación como un aviso publicitario.

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El último paso de la cadena de desinformación en redes lo constituye el ejército de perfiles falsos (o trolls) que, manejados por el mismo factor de poder se dedica a dar legitimidad a la noticia falsa, a través de una gama de posibilidades.


En el citado ejemplo de Worman, su pareja es propietaria de una hostería en el ingreso a la ciudad de Ushuaia. El inmueble es un bien heredado y le pertenece antes de formar pareja con el dirigente social.


La campaña de desinformación en su perjuicio se apoya en el dato cierto de que ese lugar es el domicilio real de la persona, y luego es el sitio donde se lo puede ver entrar y salir a diario, para inventar luego una fake news que lo ubica como supuesto comprador del establecimiento hotelero con fondos provenientes de la corrupción.


Otro caso de diferente escala es el del ex vicegobernador de Tierra del Fuego, Manuel Raimbault, quien en 2008 y 2009 se transformó en uno de los pocos funcionarios en aplicar un tope salarial a la clase política establecido por la Constitución fueguina. Cuando dejó el cargo, los propios factores de poder a los que había perjudicado con la medida impulsaron una acción judicial en su contra. Fue condenado en diferentes instancias y el caso se encuentra actualmente en el Superior Tribunal de Justicia, para su revisión.


Con la misma modalidad que el caso Worman, Raimbault fue víctima de un operativo de desinformación montado para intentar instalar que la aplicación del tope salarial había constituido un “acto de corrupción”.


Un estudio reciente realizado por la consultora de comunicación de Tierra del Fuego, Vox Populi, reveló que el 71,1% de los encuestados identificó que las noticias falsas malintencionadas se generan y circulan a través de las redes sociales, y dentro de ellas que las fake news se distribuyen mayormente a través de Facebook, en un 73,5%, seguida de Twitter con el 53,9%.


Está claro que la desinformación no es un asunto privativo de la provincia más austral del mundo.
La periodista filipina María Ressa acaba de ganar un Premio Nobel de la Paz por su lucha contra lo que ella definió como una “sofisticada maquinaria” que utiliza cuentas falsas para intimidar y silenciar a los críticos”.


Un informe elaborado por la ONG Avaaz.org para 2021 señala a Facebook como una red social que “facilita la circulación de fake news y que no protege a sus usuarios contra la desinformación”. Y en la misma línea de ideas se pronunció Reporteros Sin Fronteras (RSF), para quien esta red “permite la difusión de la desinformación y el odio on line”.


Entre otras acciones, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) junto a Chequeado y Thomson Media lanzaron “100 por cierto” un proyecto conjunto de 30 meses, financiado por la Unión Europea, para luchar contra el fenómeno de la desinformación en el ecosistema digital y el grave daño que amenaza infligir al ejercicio ciudadano de la democracia.


Desde luego que el periodismo debe fortalecerse para enfrentar esta nueva era, y profundizar la práctica de normas éticas que le impidan nutrirse de las mismas desinformaciones que debe intentar combatir. Sin embargo, son las audiencias a quienes les cabe el rol de capacitarse y organizarse para no sucumbir ante un flagelo de tanta influencia y complejidad.


De lo contrario, corremos el riesgo de comportarnos como autómatas con sentidos disminuidos, como suele pasar frente a las góndolas de los supermercados. Y comprar todo lo que nos venden.