La intervención comenzó tras un pedido del Municipio de Tolhuin. La Defensoría Pública Nacional relevó los casos de alta vulnerabilidad, requirió información a Camuzzi y a Enargas, y evalúa impulsar una acción judicial para restablecer el servicio.
La Defensoría Pública Nacional inició actuaciones ante la situación que atraviesan alrededor de 150 familias de Tolhuin, cuyos suministros de gas natural fueron interrumpidos durante el invierno por falta de pago. Tras una convocatoria del Municipio, el organismo comenzó un relevamiento de casos, solicitó información a la empresa prestataria y al ente regulador, y analiza la posibilidad de promover una acción judicial para procurar la restitución del servicio.
El defensor Público Subcoadyuvante Agustín Sciolfi explicó en FM Ushuaia que la intervención surgió a partir de un pedido de las autoridades locales. “Nos convocaron a una reunión en el municipio de Tolhuin, donde tuvimos una reunión con el señor Intendente Harrington, y con las áreas técnicas y especialmente con la Secretaría de Desarrollo Social”, ámbito en el que fueron informados de “una situación bastante compleja” vinculada con los cortes. Según consignó, “desde que empezó el invierno, fines de mayo al día de la fecha, hay aproximadamente 150 familias que se les ha cortado el suministro de gas natural”.
Durante las recorridas realizadas junto al personal del área social, la Defensoría verificó situaciones que, de acuerdo con Sciolfi, involucran a personas especialmente vulnerables. Detalló que se trata de hogares “donde hay adultos mayores, gente con discapacidad, gente con enfermedades, pacientes oncológicos, menores”, cuya situación “se acrecienta con esta falta de suministro”.
El funcionario explicó que el Municipio solicitó la intervención de la Defensoría “ante el organismo de control, y sobre todo con la empresa prestataria del servicio”, con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.
En ese marco, remarcó que el acceso a los servicios públicos debe guardar relación con la capacidad económica de los usuarios. Al citar antecedentes de la Corte Suprema, sostuvo que “los servicios públicos se tienen que relacionar con la capacidad de pago de los usuarios, exigiendo que las tarifas sean razonables, proporcionales a los ingresos, y no confiscatorias”, ya que “no se puede desvincular la realidad económica y social con la capacidad de pago de los hogares”.
Parte del relevamiento también alcanzó el funcionamiento de la atención al público de la empresa. Sciolfi señaló que la empresa “solamente tiene un día de atención presencial, los martes”, lo que, a su entender, provoca que “colapsa la atención”.
A eso sumó que “las comunicaciones son virtuales”, por lo que “a la gente le llega la intimación de pago o el aviso de corte por mail”, circunstancia que, afirmó, deja a muchos usuarios sin información efectiva. Incluso aseguró que “hay muchas familias que ni siquiera saben cuánto deben, que se anotician que les cortan el suministro cuando llega el técnico a la casa”.
A partir de esas observaciones, la Defensoría considera que existen derechos comprometidos. Sciolfi sostuvo que “el acceso al gas natural, a la electricidad, en latitudes como las que vivimos, conforman un derecho humano fundamental porque está íntimamente relacionado con el derecho a la salud”. Como ejemplo, mencionó que encontraron “menores que dejaban de ir al colegio porque se habían enfermado por problemas respiratorios y problemas de falta de calefacción”, además de pacientes con tratamientos médicos cuyo estado “se deterioraba por la falta de gas”.
Frente a ese escenario, confirmó que ya fueron librados requerimientos formales de información. “Hemos requerido información a la empresa Camuzzi y al ente que debe controlar y fiscalizar a Camuzzi”, indicó, con el propósito de conocer “qué alternativas hay, qué planes de financiación, cómo notifican a los usuarios”.
Consultado sobre una eventual presentación judicial, aclaró que esa posibilidad está siendo evaluada. “La acción judicial es una acción de amparo, conforme al artículo 42 de la Constitución, y una medida cautelar dentro de ese mismo amparo”, explicó, aunque remarcó que antes resulta indispensable reunir la documentación necesaria. “Tenemos que previamente tener información, recabar la información de los usuarios y consumidores”, expresó, porque “yo no puedo ir al juez a decirle ‘ordénele a Camuzzi que restablezca el gas a 150 familias’ porque fui a Tolhuin y el intendente me dijo que hay 150 familias con cortes”. Aunque finalmente confirmó: “Estamos en ese camino”.
