Los jueces del Superior Tribunal arriesgan su moral en un fallo

(Por Gabriel Ramonet) Los jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia firmarán mucho más que una simple sentencia, cuando resuelvan el caso de uno de los pocos funcionarios de la Historia que se animó a aplicar el tope salarial constitucional a los funcionarios públicos.

Porque una cosa es sostener, como ha ocurrido con distintos argumentos desde 1993, que no es posible instrumentar la letra clara de la Constitución fueguina a magistrados (primero) y al resto de los funcionarios y empleados públicos (después). Y otro asunto muy distinto es pretender condenar a quien solo cometió el pecado de pretender aplicar la ley.

La discusión sobre si deben o no pagarse sueldos superiores al del gobernador de la provincia, como establece el artículo 73 inciso 4 de la Carta Magna, puede ser, en esencia, una cuestión económica, o de privilegio de clase.

Los jueces, los legisladores, los integrantes de los organismos de control y, en definitiva, cualquier empleado público, consideraron injusto fijar un límite a sus remuneraciones, por más que la Constitución lo determine con aplastante seguridad.

Es una barbaridad, un acto de “corrupción institucionalizada”, un despropósito o como quiera llamarle cualquiera que tenga intenciones de entender el tema.
Pero no deja de ser una cuestión de plata. Un grupo de personas que quiere cobrar más de lo que le corresponde. Aún a expensas de violar la Constitución.

Ahora, pretender condenar al ex legislador y vicegobernador Manuel Raimbault por aplicar el tope a los empleados de la Legislatura en 2009 y 2010, ya no es un tema económico. Quienes lo hagan, ya no perseguirán cobrar un sueldo más alto. Lo que buscarán es algún tipo de venganza personal o, peor todavía, un acto ejemplificador por la vía del miedo.

Esa sentencia tendría decenas de carillas repletas de argumentos falaces, pero lo más importante no estaría escrito. Habría allí un mensaje implícito para cualquier buen entendedor: No se metan con nosotros, porque tendrán consecuencias.

La pregunta, entonces, es: ¿quién o quiénes de los actuales jueces del Superior Tribunal de Justicia estará dispuesto a cruzar ese límite? ¿Quién se animará a pasar por arriba la barrera del sentido común más básico, la de la racionalidad más primitiva?

Es verdad que en muchos temas, la Justicia se mueve en bloque, alejando cualquier peligro que pueda hacer mella sobre la corporación en su conjunto.

Sin embargo, los jueces (incluso los más politizados) son también personas individuales, que construyen y malgastan prestigio, que deben edificar una carrera con cierta dosis de rectitud, y que en lugares como esta provincia terminan cruzándose con los justiciables a la vuelta de cualquier esquina.

Son esos magistrados los que tienen -ahora- la oportunidad de poner un límite. O mejor expresado: de ponerse un límite.

Son esos jueces los que tienen la posibilidad de comprender que han sido testigos de un hecho histórico: dos ex gobernadoras en las antípodas del pensamiento y la praxis política, como Fabiana Ríos y Rosana Bertone, han presentado opiniones conjuntas al tribunal, en defensa de la postura del ex legislador Raimbault. Y como si fuera poco, otra presentación del mismo tenor fue realizada por nada menos que el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.

Los integrantes del Superior Tribunal están en condiciones de escuchar argumentos superadores respecto de los que han venido sosteniendo otros jueces de menor jerarquía durante todo el desarrollo de la causa.

Si un juez de primera instancia consideró que era viable hacerle pagar una condena económica a quien aplicó la Constitución, si además ese fallo fue sostenido por otros jueces de la Cámara de Apelaciones (uno de ellos, actual juez de la Corte) y hasta avalado por el propio jefe de fiscales, Oscar Fappiano.

Si todo eso ocurrió en el devenir de un expediente plagado de omisiones al derecho de la defensa, si se tiene en cuenta que Raimbault ni siquiera fue parte en el juicio donde condenaron a la Legislatura.

Si todo eso pasó, ante el silencio cómplice de los diferentes oficialismos, y de todas las oposiciones, y casi sin interés periodístico.

Si es así, la última instancia judicial de Tierra del Fuego tiene la palabra para poder encarrilar un poco este tráfico impune de despropósitos en que se ha convertido el expediente.

Los jueces con aspiraciones a ocupar cargos en la Justicia Nacional, acaso en la propia Corte Suprema, que dependen para ello de un prestigio y de una trayectoria, no pueden darse el lujo de tener un traspié como este. No pueden.

Tampoco pueden los que llegaron al cargo gracias a sus vínculos políticos, y saben que carecen de los pergaminos y los conocimientos suficientes como para afrontar una discusión más digna de una película cómica que de una conferencia jurídica.

Todos ellos saben que no pierden con este fallo ningún privilegio económico. No está en debate si el tope debe ser aplicado. Ello ya lo definieron. Mal, pero lo definieron.

Está en juego aquí, algo mucho más importante que el dinero. Y por eso no deberían, tampoco, dejarse llevar por aventureros del Derecho, que solo buscaron una posición de poder para hacer política por otros medios. Así lo demuestran, por ejemplo, operando fake news sobre esta misma causa, desde sitios web afines al mismo discurso.

Se trata, en definitiva, de ponerse un freno, en resguardo de la Justicia que representan y también en defensa de ellos mismos. De sus carreras, de su trayectoria y del futuro que también deben aspirar a construirse.

Pueden aprovechar la oportunidad. O dilapidarla, y hacerse cargo del impiadoso lugar que les otorgue la Historia.