La legisladora de La Libertad Avanza respaldó la eliminación del trámite de urgencia y planteó que el financiamiento educativo debe analizarse junto al presupuesto 2027, sin incorporar nuevas cargas tributarias ni comprometer ingresos futuros.
La legisladora provincial Natalia Gracianía, de La Libertad Avanza, expresó su desacuerdo con distintos aspectos del proyecto de financiamiento educativo presentado por el Gobierno de Gustavo Melella, especialmente aquellos relacionados con la creación de obligaciones tributarias y la utilización de recursos provinciales todavía inexistentes. En ese contexto, consideró acertada la decisión legislativa de quitarle el tratamiento de urgencia y permitir una discusión vinculada con el presupuesto del próximo año.
“Para nosotros es importante que se haya avanzado en quitarle el trámite de urgencia”, manifestó Gracianía, al explicar que la iniciativa requiere una evaluación detallada de sus consecuencias económicas. La parlamentaria también rechazó que se pretenda justificar su tratamiento acelerado mediante el argumento de que el financiamiento educativo lleva más de dos años en discusión.
Según precisó, durante ese período circularon diferentes propuestas que no lograron reunir los acuerdos necesarios, mientras que el texto actualmente sometido a consideración legislativa ingresó hace menos de un mes, acompañado por la declaración de urgencia dispuesta por el Ejecutivo provincial tras su entendimiento con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).
La legisladora recordó, además, que en una instancia anterior fue el propio Gobierno quien demoró cuatro meses en proporcionar documentación solicitada para avanzar con el análisis parlamentario. Esa circunstancia, sostuvo, contradice la necesidad de resolver apresuradamente una iniciativa que involucra decisiones fiscales de considerable alcance.
Para Gracianía, la discusión debe integrarse al tratamiento del presupuesto provincial 2027, cuyo cronograma de reuniones en comisión comienza el 4 de noviembre. Entiende que esa instancia permitirá examinar las necesidades del sistema educativo y establecer de qué manera podrían financiarse sin generar compromisos que afecten otros recursos del Estado.
Una de sus principales objeciones está relacionada con la asignación anticipada de ingresos provenientes de actividades económicas que todavía no tienen desarrollo efectivo en la provincia.
“Está comprometiendo recursos futuros de Tierra del Fuego”, advirtió, en referencia a los fondos que eventualmente podrían obtenerse de sectores como el hidrógeno verde y la economía del conocimiento, cuya capacidad de recaudación aún resulta incierta.
En materia impositiva, también expresó reparos ante la propuesta de establecer una alícuota del 3% de Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego. A ello sumó las previsiones relacionadas con Camuzzi, sobre cuya actividad de distribución de gas podría aplicarse una carga del 3,4%, aunque existen interrogantes respecto de la disponibilidad efectiva de esos ingresos.
La representante libertaria entiende que estas disposiciones deben ser examinadas en conjunto con las proyecciones de ingresos y gastos provinciales, antes de establecer nuevas fuentes de financiamiento para el sector docente.
Por esa razón, anticipó que durante la sesión legislativa expondrá los fundamentos de su bloque para sostener la continuidad del análisis parlamentario, sin los plazos extraordinarios que imponía el trámite de urgencia.
“Este proyecto tiene que volver a comisión, tiene que seguir siendo tratado”, afirmó Gracianía, al reiterar que la discusión sobre los recursos destinados a Educación debe formar parte del tratamiento integral del presupuesto provincial correspondiente a 2027.
