Gobierna la Legislatura en Tierra del Fuego
Con la sanción de la Ley de Presupuesto 2022, la Cámara le quitó nuevamente facultades al Poder Ejecutivo y le bloqueó fondos para los fideicomisos que el gobierno pretendía utilizar en obras públicas. Además, las designaciones de los entes autárquicos necesitan ratificación legislativa.
El pedido de autorización a la Legislatura para la utilización de nuevas vacantes en la DPE, DPOSS, INFUETUR, IPV, Puertos y Vialidad Provincial venía desde el presupuesto anterior y la obligación se extendió para el 2022.
También, dentro del complejo entramado del presupuesto sancionado, el Diario del Fin del Mundo informó que entre las modificaciones introducidas figuran la eliminación del artículo mediante el que el Ejecutivo pretendía contar con autorización para disponer la cesión de activos a favor de uno o más fideicomisos para la adecuación de los recursos obtenidos por la colocación del bono TFU27 (200 millones de dólares) con el objeto de financiar la ejecución de obras de infraestructura empleando otras fuentes y mecanismos de financiamiento.
Los Fideicomisos de Obra Pública eran herramientas que había ideado la gestión del gobernador Gustavo Melella para ejecutar el saldo de los bonos en dólares para la realización de obras públicas desde afuera del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y así concretar la contratación de consultorías en forma directa. También el Ministerio a cargo de Gabriela Castillo pretendía deshacerse de los controles del Tribunal de Cuentas y así ejecutar obras desde las figuras de los fideicomisos creados para desviar los fondos de la estructura estatal tradicional hacia los tan cuestionados mecanismos de ejecución de obras públicos a través de estos fideicomisos.
En la misma linea de obligar al Ejecutivo a negociar con la Cámara, los legisladores le impusieron a Melella el artículo que establece que el Poder Ejecutivo, demás Poderes, órganos de control organismos autárquicos, descentralizados y de la seguridad social, y sociedades del estado contarán con un plazo improrrogable de 30 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, para informar a la Legislatura el estado de ejecución del presupuesto, por rubros y Gastos , a nivel de finalidad y objeto por jurisdicción y total, situación de la tesorería y obligaciones a cargo del tesoro, stock de deuda financiera y consolidada, y vacantes de personal producidas y cubiertas, información que también publicó el medio capitalino de Tierra del Fuego.
También, con el objeto de contar con mayores herramientas de negociación desde el Parlamento, en la Ley de Presupuesto se dispuso la obligatoriedad de la autorización legislativa para la la designación de nuevas incorporaciones en los ministerios de Seguridad, Salud y Educación.
En la práctica, esto implica que los legisladores acuerdan con el ejecutivo los nombres de las vacantes que se van a utilizar, previo al otorgamiento de la autorización para realizar las designaciones.
Ya venía del ejercicio anterior la imposición de realizar las designaciones con intervención legislativa con esta modalidad. El mecanismo incluye que las designaciones realizadas que violenten ese mecanismo serán consideradas nulas, y los costos devenidos de ello deberán ser afrontados patrimonialmente por el o los funcionarios responsables.
De esta forma, Melella tendrá que negociar con los legisladores el uso de las futuras vacantes y contar con aprobaciones trimestrales parciales sobre la ejecución del presupuesto 2022.
El presupuesto del año entrante fue sancionado por unanimidad, sin debates en la Comisiones Legislativas y con nulas explicaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Solamente fue un trámite parlamentario negociado de antemano.
