Fiscalía de Estado avaló el salariazo a funcionarios

Se basó en el fallo ¨Estabillo¨ del Superior Tribunal de Justicia

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Ante una presentación realizada por el jubilado José Luis Barajiola, la Fiscalía de Estado se expidió sobre los alcances de la determinación del sueldo del Gobernador de acuerdo a la Ley 1333 y las limitaciones del Decreto de autocongelamiento.

La Fiscalía entendió que, en función del precedente del fallo en favor del ex gobernador José Arturo Estabillo, los jubilados estatales que se retiraron en referencia a cargos políticos no deberían estar alcanzados por medidas de autolilmitación.

De esta forma y mientras se mantenga el congelamiento temporal de los sueldos del Gobernador y sus funcionarios la Caja de Previsión deberá aumentar las jubilaciones de los más de 500 jubilados con haberes referenciados a funcionarios aún cuando el Poder Ejecutivo no aumente los sueldos en actividad.

Por ende, los congelamientos sólo debieran aplicarse a la planta política en ejercicio.

Simultáneamente, sostuvo que deben implementarse medidas para evitar profundizar el deficit del sistema previsional.

En la práctica, el gobierno realiza los aportes sobre la base de los sueldo congelados que abona a su planta de funcionarios. El bache se produciría si una persona que se retiró como Subsecretario, como en el caso Barajiola, percibe su jubilación sobre la base de un Subsecretario en actividad con el sueldo ¨congelado¨. Sobre el fondo de la cuestión, la Fiscalía entendió que a partir del precedente Estabillo el congelamiento no debiera afectar a quienes se encuentran jubilados y que estos tendrían que cobrar sobre el sueldo real.

Para mayor entendimiento, en su presentación Barajiola explica “que su haber habría sido determinado tomando como referencia el cargo de Subsecretario del Poder Ejecutivo, cuya relación era inicialmente del 80% del sueldo del Gobernador de la Provincia. Aduce que esa referencia no habría sido respetada por la Administración a través de sucesivas escalas aplicables que habrían reducido este porcentual al 67%“.

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Sobre este punto la Fiscalía de Estado entendió que no correspondía pronunciarse por cuanto el denunciante indica que dicha situación habría sido judicializada y deberá esperar la resolución por esa via.

Ante la consulta de Fiscalía a la Caja de jubilaciones sobre la aplicación de movilidades, el Sr. Director General Previsional indica que ‘….si existe un aumento en actividad, se incrementan los aportes y contribuciones respectivos y por ende se movilizan los haberes previsionales. Por el contrario, si no ocurre ninguna variación, no existe revalorización alguna que trasladar al pasivo

“Todos somos Estabillo”

El Fiscal de Estado entendió que las apreciaciones de Recabal “podrían resultar correctas en anteriores circunstancias, pero a partir de lo dispuesto en el art. 42 de la ley 1333 y de reciente jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia,” en referencia al caso Estabillo y entendió que “las mismas resultan por si solas insuficientes y deben ser revisadas a los fines de determinar los alcances de la movilidad de los incrementos contemplados en la Ley de Presupuesto.”


Virgilio de Sucre remarcó que la Ley 1333 prescribe que la remuneración dispuesta por la ley respecto del sueldo del Gobernador se encuentra alcanzada por el “principio de intangibilidad” y aclara que la misma no puede ser disminuida mientras permanezca en sus funciones por norma de inferior jerarquía.

Desde la Caja de Previsión Social el Director Recabal solicitó a la fiscalía analice si los aumentos establecidos por la Ley 1333 respetaban la limitación establecida en el artículo 134 de la Constitución provincial que impide que las remuneración del Gobernador, Vicegobernador y Legislador sean alteradas en ejercicio de sus mandatos ( con excepción de cuando hubiese aumentos de carácter general).


El Dr. Martínez de Sucre justificó el incremento del sueldo del Gobernador, Vice y Legisladores ya que a su modo de ver “resulta de público y notorio que las circunstancias de emisión de la ley 1333 coinciden con las medidas adoptadas en conjunto por los poderes del Estado a lo largo del último año en lo que se ha entendido como un Plan de Recuperación Salarial que ha intentado mermar los efectos de Índices de inflación acumulada interanuales superiores al 40% desde hace cuanto menos dos años.”.


Sobre este punto el Fiscal de Estado no realizó una evaluación del “quantum” del incremento salarial de los funcionarios y el del resto de los trabajadores.


Inflación del 40% anual, funcionarios con aumentos del 180%

De acuerdo a la información publicada por la Caja de jubilaciones a fines del 2019 el haber promedio de los funcionarios de la Legislatura era de $ 172.949 en tanto a partir de febrero del 2021 alcanzó los $ 392.030, de esta forma los funcionarios de la Legisltura (y por ende del Poder Ejecutivo) lo que representa un incremento del 180% en menos de 18 meses.


Como corolario el Fiscal de Estado notificó al Presidente de la Caja de jubilaciones “que el criterio esbozado por la Dirección Previsional difícilmente pueda ser avalado en instancia judicial únicamente en base a los argumentos expuestos, motivo por el cual, previa intervención de todas las áreas competentes y cumplidos los procedimientos de rigor, a la mayor brevedad deberá analizar las consecuencias que, en materia de movilidad, proyecta la ley 1333 sobre el haber de los pasivos a la luz de la doctrina del Máximo Tribunal local, requiriendo en su caso el pago de los aportes y contribuciones correspondientes.
En consecuencia de dicho análisis, y bajo mi punto de vista, el ejercicio de esta facultad de autolimitación del Ejecutivo no podrá importar un mayor desfinanciamiento para la Caja, motivo por lo cual deberá promoverse algún mecanismo de compensación para evitar una situación de mayor déficit al sistema
“.

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José Luis Barajiola formó parte del Directorio del ITPS en los inicios del organismo (cuando el Dr Martínez de Sucre integraba el servicio jurídico) y posteriormente desempeñó varios cargos en la administración pública provincial, entre ellos la Prosecretaría de la Fiscalía de Estado hasta mayo del 2020.