Varias de las sesenta familias afectadas por una estafa inmobiliaria en Río Grande han decidido ocupar de manera pacífica los terrenos que compraron en 2017 y que nunca les fueron entregados. La causa involucra a empresarios de Ushuaia Agra y Prieto, como a exfuncionarios de la Caja Previsional de la Policía provincial.
La presunta estafa que afecta a sesenta familias en Río Grande ha tomado un nuevo giro. Desesperados por la falta de respuestas y después de años de espera, los damnificados han decidido ocupar de manera pacífica los terrenos que compraron en 2017.
El caso, que destapa una compleja trama de corrupción, involucra a conocidos empresarios y a exfuncionarios de la Caja Previsional de la Policía de Tierra del Fuego.
Paulino Rossi, abogado representante de las familias afectadas, brindó detalles sobre la “toma” pacífica y subrayó la gravedad de la situación. “En 2017, sesenta familias debían recibir sus terrenos en una de las zonas más caras y céntricas de la ciudad. Detrás de este negocio estaban empresarios y la Caja Previsional de la Policía. Aquellos que debían proteger a la ciudadanía estaban involucrados en un esquema para apropiarse de fondos de la Caja y de estas personas”, denunció Rossi.
Según el abogado, “es un punto de hartazgo para estas familias que han esperado pacientemente desde 2017 para hacer uso de los terrenos que compraron como solución habitacional”. Rossi señaló que "estos terrenos fueron desmarcados por las familias, quienes llevaron palets y otros materiales para exhibir su derecho de posesión, aunque carecen de servicios básicos y no pueden instalarse allí para vivir".
Las denuncias apuntan a los empresarios Darío Prieto y Walter Agra, además de quienes estaban a cargo de la Caja Previsional de la Policía provincial en el momento de la estafa. Rossi afirmó que “la causa penal caratulada se está llevando adelante junto con una causa civil, debido al desmanejo y malversación de fondos públicos”.
La legalidad de la ocupación de los terrenos por parte de las familias también fue abordada por Rossi. “Sería el colmo que la Caja de la Policía, que los estafó, ahora les hiciera una denuncia por ocupación irregular. Ellos pagaron por un lote que fue debidamente delimitado y publicitado por empresarios y la Caja de la Policía. Es una situación irregular pero no delictiva ni cuestionable legalmente”, explicó el abogado.
Rossi resaltó la "gravedad del manejo de fondos públicos y lo que esto insinúa sobre el desmanejo financiero dentro de la Caja Previsional. Si estafaron a sesenta familias, imaginen el descontrol existente en la administración de los fondos públicos".
Además, el abogado mencionó nuevamente la implicancia directa del empresario Walter Agra, de Ushuaia, a través de Financar SA, la empresa encargada del fideicomiso y de las obras. “El otro responsable del fideicomiso es Darío Prieto, un conocido empresario del turismo en Ushuaia. Firmó todos los contratos y, tras cobrar la última cuota, cerró su oficina y dejó de atender el teléfono”, concluyó Rossi.
