El Fiscal de Estado cuestionó la decisión de Melella de no publicar las declaraciones juradas de sus funcionarios

Con motivo de las restricciones impuestas por las medidas sanitarias desde el inicio de la pandemia el Gobernador dispuso suspender la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas patrimoniales que anualmente deben presentar los funcionarios. Ante la presetación de la ciudadana Liliana del Valle Armonelli la Fiscalía de Estado consideró que no existen motivos que permitan sostener en el tiempo esta medida.

La información fue publicada por el portal El Sureño en su edición de ayer y da cuenta que a raíz de la denuncia de una ciudadana ante la Fiscalía de Estado,  el Gobierno provincial deberá dar marcha atrás con la prórroga dispuesta para la presentación de las declaraciones patrimoniales anuales de los funcionarios públicos hasta que finalice la pandemi

En abril, por decreto 888/21, el Ejecutivo justificó la prórroga señalando que “la situación sanitaria continua en estado crítico, prevaleciendo que sea posible la realización de trabajo remoto y la utilización principalmente de sistemas informáticos, evitando la circulación tanto de personas como de papel, preservando por sobre todo la salud pública”.

Ante esta denuncia y luego de solicitar al Gobernador que amplíe las razones de esta prórroga, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre, dictaminó que “la medida adoptada puede desnaturalizar el régimen dispuesto por la Ley 352 donde se ve una instancia de presentación anual”.

El Fiscal consideró que «deberán adoptarse las acciones necesarias para adecuar los recursos del area encargada de recibir las declaraciones para que puede operar en el contexto actual; de corresponder, requerirse la autorización legislativa para mantener la suspensión, o una modificación al sistema de presentación que incorpore instancias tecnológicas para evitar la tramitación personal de dicha presentación, o cualquier otra medida conducente a normalizar la aplicación de la norma.» para «de este modo, evitando prórrogas sin resolución de continuidad y un eventual conflicto normativo, se garantizará mayor transparencia en la cuestión, señalamientos por parte de los ciudadanos como en el presente caso, como asI también la confusión de los propios funcianarios alcanzados respecto de sus obligaciones en la materia.»