El 15 de mayo de 2022 se eligen estatuyentes para reformar la Carta Orgánica de Ushuaia
Lo estableció el Municipio a través del Decreto 1971/21. Fue publicado en el Boletín Oficial Municipal de ayer. Se eligen 14 estatuyentes titulares y 7 suplentes. El Juzgado Electoral tendrá que elaborar el cronograma electoral para una elección general y de carácter obligatoria.
La reforma de la Carta Orgánica se habilitó luego de la aprobación de la Ordenanza Municipal 5958, aprobada por los concejales Juan Carlos Pino, Gabriel De la Vega, Juan Manuel Romano y las concejalas Laura Avila y Mariana Oviedo. Rechazaron el proyecto los concejales Javier Branca y Ricardo Garramuño.
La convocatoria autoriza a reformar más de un centenar de artículos, que incluyen desde el Escudo Municipal, la duración de los mandatos en la Sindicatura Municipal y el Juzgado Administrativo de Faltas, la figura nunca ocupada del Defensor del Vecino, integración de la Junta Electoral, el sistema de elección de concejales (actualmente se utiliza la preferencia), el sistema de sanción de ordenanza a través de la Doble Lectura, el Presupuesto Participativo, los sistemas de evaluación de impacto ambiental, entre otros.
La elección deberá respetar el actual sistema de preferencias y la paridad de género.
Si bien le Ordenanza aprobada para el llamado estableció que los cargos serán Ad honorem, numerosas interpretaciones afirmaron que será una decisión soberana de la Asamblea Estatuyente en el dictado de su Reglamento Interno la que decidirá sobre la dieta que perciban o no los electos.
Seguramente, tanto la elección de Estatuyentes Municipales como en la propia Asamblea Estatuyente, se debatirán los temas más polemícos que se encuentran en deliberación en la ciudad, al igual que todo lo relacionado con la paridad de género y las figuras que generan mayor tensión pública en la Carta Orgánica. En ellas, la Defensora del Vecino (hasta ahora nunca designada) y los mecanismos como el presupuesto participativo y algunos de los institutos de participación que son percibidos en las diferentes gestiones como escollos para el normal desarrollo de la administración municipal.
