Indignación de la mamá de un chico con discapacidad ignorado por el Estado fueguino

Hace más de un año que tramita una pensión provincial por discapacidad para su hijo, que le corresponde y necesita. Dos veces en el hospital de Río Grande rechazaron su petición, sin fundamento ni explicación alguna.

Un decepcionante caso se conoció este fin de semana a través de las redes sociales de una mamá riograndense y el desprecio que recibe de parte del Estado provincial, a la hora de tramitar una pensión provincial para su hijo con discapacidad, que le corresponde por derecho básico.

En el programa Noticia de Tapa Radio, Florencia Basso, periodista de la ciudad de Río Grande, relató su caso que ya lleva más de un año, desde abril de 2021, cuando con su compañero comenzaron a tramitar una pensión provincial para su hijo de 12 años, con su correspondiente certificado de discapacidad.

La gestión la llevan adelante en el área de Fiscalización Sanitaria del Hospital Regional Río Grande, Unidad de Atención Integral a la Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Basso expresó que es la segunda vez que una junta médica de profesionales rechaza sin argumento ni explicación la petición, por lo cual no pueden avanzar al siguiente paso del trámite de la pensión.

“No emiten la argumentación, solamente entregan una planilla con dos opciones, sí o no. Las dos veces nos dieron la planilla con la cruz marcada en el casillero “no”. No hay fundamentación” reflejó amargamente Florencia.

Sin embargo, cualquier acto administrativo del Estado debe estar correspondientemente fundado, sobre todo cuando se trata de una negativa ante un derecho: “Esto de alguna manera ya lo hace nulo. No hay argumento, no hay fundamento, no hay una palabra de acompañamiento de parte de quienes nos entregan esas notificaciones. Es muy desolador el panorama. Con mi familia estamos evaluando la judicialización con el acompañamiento de nuestras redes de afecto y de profesionales que entienden en el tema” añadió.

Florencia Basso transmitió su preocupación y angustia además “por la cantidad de familias que van quedando en el camino con estos trámites. Que no se terminan nunca, porque quizás cuando terminemos con esto, tenemos que volver a renovar el certificado de discapacidad y es entrar otra vez en un circuito burocrático”.

Durante el pasado fin de semana, Florencia puso en palabras en sus redes sociales su angustiosa situación, lo que generó muchísimas muestras de afecto, solidaridad e indignación: “Nos burocratizan la vida. Quienes cuidamos a las personas con discapacidad sabemos el costo emocional y físico que conllevan este tipo de situaciones. Es muy agotador, muy desgastante, naturalizamos muchísimo la violencia de estos circuitos administrativos interminables”.

Claramente definió la penosa situación como “una violencia institucional sumamente arraigada”. Y en ese aspecto distinguió que “no solo tiene que ver con una gestión de gobierno, sino cómo se está planteando el Estado determinados trámites que llevan a un desgaste que muchas familias abandonan ante la negativa sin fundamento”.

Consultada sobre qué requisito extra requieren los responsables del incomprensible rechazo a algo tan básico y evidentemente necesario, Florencia sólo pudo suponer que “el sentido común nos indicaría que ninguno más”. Pero la negativa es recurrente.

“No solamente no se otorgan pensiones a nuevos postulantes, sino que se están dando de baja pensiones que ya estaban otorgadas a chicos que van cumpliendo la mayoría de edad” explicó sobre la increíble actitud del Estado fueguino, quitando un ingreso que para las familias es fundamental: “Tenemos que afrontar terapias, medicaciones, distintos tipos de soportes y ajustes que necesitan las personas con discapacidad. Evidentemente hay un recorte no reconocido públicamente” analizó no sin lógica.

Quizás el razonamiento que mejor explica la decepcionante situación que debe afrontar Basso y su familia, y tantas otras familias probablemente, es que “las pensiones no son beneficencia, no son limosna. Son derechos adquiridos”.

Seguidamente conceptualizó a la discapacidad como “una construcción social que tiene que estar de manera transversal en todas las políticas públicas”. Sin embargo, esa hipotética realidad, está lejos de cumplirse en Tierra del Fuego: “Lamentablemente lo único que encontramos hoy son barreras administrativas y burocráticas para obtener pensiones o el certificado único de discapacidad. Estamos pidiendo derechos, estamos pidiendo políticas públicas” reclamó Florencia.

Insistiendo en que lo que se está reclamando “no es ningún regalo, es solamente que cumplan con las leyes”, finalmente consideró que “ni siquiera en la época de (el ex presidente Mauricio) Macri se ha vivido lo que se está viviendo hoy a nivel nacional y provincial con el tema de la discapacidad”.