INVESTIGACIÓN FEDERAL EN RÍO GRANDE

Detalles sobre la causa “Frankfurt” y la libertad de los imputados

Oct 14, 2024 | General

El Juzgado Federal de Río Grande dio a conocer nuevas precisiones sobre la causa Frankfurt, donde cinco personas fueron detenidas y procesadas, aunque permanecen en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Ushuaia

El Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, brindó información actualizada sobre la causa conocida como «Frankfurt», que involucra a cinco personas vinculadas al presunto narcomenudeo. Las detenciones, que se produjeron en el marco de una investigación iniciada en febrero tras denuncias anónimas, llevaron al procesamiento de los implicados, quienes ahora enfrentan el proceso en libertad mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas.

El Dr. Vicente explicó por FM Master’s que la instrucción del caso fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal de Río Grande en colaboración con la Prefectura Naval, y que las tareas de investigación apuntaban a pequeñas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, en particular de cocaína. “Hicieron tareas de investigación, a partir de esas tareas se observaron algunas maniobras que eran compatibles con lo que comúnmente se conoce como el narcomenudeo”, detalló Vicente. Estas organizaciones, según indicó, no manejan grandes volúmenes de estupefacientes, sino que adulteran pequeñas cantidades de cocaína para luego distribuirla en dosis más reducidas.

Uno de los momentos clave de la investigación ocurrió a raíz de un incidente con un vehículo en la puerta del local comercial gastronómico Frankfurt, que también estaba bajo vigilancia. Este evento precipitó los allanamientos y las detenciones, que marcaron el cierre de una primera fase de la investigación. Vicente indicó que el procesamiento dictado por la jueza está relacionado con “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, un delito que, en esta etapa del proceso, se considera probado con base en las pruebas reunidas durante los allanamientos.

Según el funcionario judicial, las fuerzas de seguridad incautaron en los domicilios de los investigados y en el local comercial una cantidad pequeña o mediana de cocaína, lo cual reforzó la acusación. «Lo que se pudo corroborar a partir de los allanamientos y secuestros de distintos elementos en los domicilios de estas personas, también algunas cosas que estaban en el local comercial daban cuenta de una cantidad mediana o chica de cocaína», afirmó.

A pesar de las detenciones, todas las personas procesadas se encuentran en libertad en este momento, algo que ha generado cierta inquietud en la comunidad. El Dr. Vicente explicó que esta medida se toma en conformidad con el Código Procesal Penal, que establece como regla general la libertad durante el proceso judicial, reservando la prisión preventiva solo para casos en los que existan riesgos específicos, como el peligro de fuga o la posibilidad de que los imputados interfieran en la investigación.

“Una vez que se dictó el procesamiento y se habían reunido las pruebas que se creían suficientes, el Código Procesal Penal tiene como regla que las personas tienen que permanecer en libertad durante el proceso y la prisión es la excepción”, explicó. Para que se aplique la prisión preventiva, debe demostrarse la existencia de un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En este caso, según Vicente, no se acreditaron tales riesgos. “No existía este riesgo respecto de estas personas y por ese motivo van a continuar lo que queda del proceso en libertad”.

El código penal vigente impone una serie de restricciones para asegurar que los procesados sigan sujetos al proceso judicial. Entre ellas, se incluyeron la prohibición de salir de la provincia y del país, la obligación de presentarse regularmente en una dependencia policial cercana a sus domicilios para acreditar su permanencia en la jurisdicción, y la prohibición de contacto entre los miembros de la presunta organización delictiva, salvo en el caso de dos personas que convivían.

A pesar de que el nuevo Código Procesal Penal entrará en vigor en su totalidad en diciembre, ya están operativas algunas de sus disposiciones, entre ellas la evaluación obligatoria de medidas alternativas a la prisión preventiva. El Dr. Juan Vicente indicó que estas alternativas son impuestas para asegurar la sujeción al proceso judicial sin necesidad de recurrir a la detención preventiva, lo que explica la situación actual de los procesados.

Este tipo de medidas busca balancear la protección de los derechos de los imputados con las exigencias de la investigación, evitando detenciones prolongadas sin condena firme. No obstante, el seguimiento del caso y el cumplimiento de las restricciones impuestas a los procesados serán fundamentales en las próximas etapas del proceso, para asegurar que se alcance un resultado justo en una causa que ha captado la atención de la comunidad riograndense.

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