El abogado que representa a los excombatientes destacó la solicitud del fiscal Rapoport para detener e indagar a diez militares acusados de torturar a conscriptos argentinos en Malvinas.
La investigación sobre las torturas que sufrieron los soldados argentinos por sus propios oficiales durante la guerra de Malvinas avanza, en un proceso judicial que ya lleva más de una década. Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), celebró la decisión del fiscal federal Marcelo Rapoport de pedir la detención y declaración indagatoria de diez oficiales presuntamente implicados en los abusos. Este paso judicial marca un momento clave para las víctimas que buscan justicia desde hace más de 15 años.
Guerrero Iraola, entrevistado en FM Master’s, destacó la relevancia de este nuevo avance en una causa que calificó de «mega causa» debido a la cantidad de personas implicadas y la gravedad de los hechos denunciados. «Desde el año 2007 venimos impulsando esta causa, una mega causa. Estamos hablando de, a la fecha, más de 110 militares denunciados, más de 200 víctimas que han prestado declaración testimonial en el marco de estas actuaciones y de más de 200 actos y hechos de tortura», señaló el abogado.
A pesar de los avances logrados, también subrayó la lentitud del proceso judicial, indicando que «a más de 40 años de iniciada y finalizada la guerra de Malvinas sigue aguardando una respuesta conducente del Poder Judicial de la Nación».
El abogado describió los episodios de tortura sufridos por los soldados como cruentos y sistemáticos, una clara manifestación de la violencia que se vivía en el contexto de la dictadura cívico-militar que gobernaba Argentina en ese entonces. «Los soldados de Malvinas fueron cruelmente torturados durante la guerra. Las torturas consistieron en estaqueamientos, enterramientos, obligarlos a sumergirse en agua helada completamente desnudos, con las inclemencias climáticas en Malvinas en el período en que fue la guerra, simulacros de fusilamiento, golpes de todo tipo, humillaciones, otro tipo de vejaciones», explicó Guerrero Iraola.
Una de las tesis centrales de la querella presentada por el CECIM es que los métodos de represión utilizados por los oficiales argentinos contra sus propios soldados estaban vinculados directamente con la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta doctrina, aplicada por los gobiernos militares de América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, se centraba en la lucha contra el «enemigo interno». Según Guerrero Iraola, las fuerzas armadas argentinas llevaron a cabo en Malvinas las mismas prácticas de represión y violencia que habían implementado en el territorio continental. «Había una preparación de las fuerzas armadas orientada a sostener el aparato represivo que regía desde el 76 en adelante en territorio continental argentino. Ya en territorio insular argentino, esas fuerzas armadas exhiben toda su falta de preparación para la defensa y como contrapartida, la crueldad y los métodos de crueldad para los cuales estaban instruidas y es ahí que torturan a los soldados», señaló.
El hambre y las privaciones también formaron parte de las condiciones extremas que enfrentaron los soldados en las islas. Según el relato del abogado, las torturas se agravaban cuando los conscriptos intentaban conseguir alimentos en medio de la escasez deliberada que padecían. «Generalmente esta tortura sobrevino siempre frente a la necesidad de procurarse algo de alimento, algo de comida y demás por parte de unos soldados que estaban siendo deliberadamente hambreados, porque hay que decirlo también, la superioridad comía bien, comida calentita, mientras los soldados, los pibes que estaban haciendo la colimba para el 82, el servicio militar obligatorio, estaban siendo sometidos a unas condiciones extremas de hambre, sufrimiento y padecimiento», relató.
La denuncia del CECIM no es reciente ni aislada. Los hechos fueron documentados en informes oficiales como el conocido Informe Rattenbach, que calificó la guerra de Malvinas como «una aventura militar».
A pesar de esto, Guerrero Iraola denunció que, tras el conflicto, el Estado implementó lo que describió como un «aparato del silencio» con el objetivo de ocultar los actos de tortura y evitar que se conocieran públicamente. «Cuando comienzan a hacerse públicos estos actos de tortura y de violencia, el Estado decide montar un aparato adicional que es el aparato del silencio, nosotros lo llamamos tecnología de impunidad, orientado justamente a que no se conociera lo que habían hecho con nuestros pibes, con los soldados de Malvinas y se les impuso el silencio a los conscriptos», afirmó.
La causa por las torturas a los soldados de Malvinas, más allá de su magnitud, pone de relieve una cuestión central: el trato recibido por aquellos que fueron enviados a combatir en condiciones extremas y sin la preparación adecuada. «Las víctimas eran los conscriptos, eran los colimbas y esto es un dato llamativo que hay que poner a resalto y que tiene que ver con este odio que tenían para con el pueblo», destacó Guerrero Iraola. Esta referencia al origen social de los soldados -jóvenes del pueblo arrastrados a una guerra- añade un componente aún más dramático a un conflicto que, en palabras del abogado, constituyó «un profundo y temerario desatino».
El proceso judicial sigue su curso, y con el reciente pedido del fiscal Rapoport, las esperanzas de justicia para las víctimas de tortura en Malvinas parecen estar más cerca de concretarse. Sin embargo, la demora en la resolución de estos crímenes sigue siendo un factor que añade incertidumbre a una causa que representa una de las heridas más dolorosas de la historia reciente de Argentina.
