La Justicia rechazó la disolución de la empresa, pero anuló su inscripción ante la IGJ al considerar que su actividad puede afectar la defensa nacional. El caso del radar en Tolhuin vuelve a poner en tensión soberanía, seguridad y control estatal.
Ayer el Juzgado Civil y Comercial Nª 2 de Ushuaia a cargo del Juez Gustavo González dicto un fallo de alto impacto político e institucional, ya que declaró la nulidad de la inscripción de la firma LeoLabs Argentina S.R.L., en el marco de la causa impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque rechazó el pedido de disolución y liquidación de la sociedad. La decisión introduce un nuevo capítulo en la histórica tensión por el radar instalado en Tolhuin, en un expediente atravesado por cuestiones que exceden lo estrictamente societario y se proyectan sobre la defensa nacional.
En primer lugar, el tribunal analizó la pretensión de la IGJ, que había solicitado la disolución de la empresa al considerar que la cancelación de la autorización nacional para operar el radar implicaba una imposibilidad sobreviniente de cumplir su objeto social. Sin embargo, el juez concluyó que esa imposibilidad no es definitiva, ya que la empresa aún mantiene recursos administrativos pendientes de resolución. En consecuencia, entendió que no se configura una causal suficiente para extinguir la sociedad.
No obstante, y en un giro relevante, el fallo avanzó sobre otro aspecto central: la afectación del interés público. En ese sentido, el magistrado consideró acreditado que la actividad prevista por la empresa —la operación de radares para el seguimiento de objetos espaciales— podría comprometer la seguridad y la defensa nacional, en línea con los informes técnicos elaborados por el Ministerio de Defensa.
En efecto, dichos informes advierten que el radar instalado en Tolhuin posee capacidades de uso dual, es decir, tanto civil como militar, y que podría permitir el monitoreo de actividad satelital argentina, la interceptación de datos y la detección de objetivos estratégicos. A partir de ello, se señaló la posibilidad de que esa información sea transferida a actores extranjeros, lo que generaría un riesgo concreto para la soberanía nacional.
En este contexto, el juez sostuvo que la cuestión trasciende el ámbito privado y adquiere una dimensión pública, especialmente sensible en Tierra del Fuego por su vinculación histórica con la causa Malvinas. De hecho, el fallo reconoce que el tema ha sido percibido socialmente como el del “radar inglés”, lo que incrementa su impacto político y simbólico en la provincia.
A partir de ese análisis, el tribunal resolvió declarar la nulidad de la inscripción de la empresa ante la IGJ, al entender que el organismo de control no evaluó adecuadamente los alcances del objeto social al momento de autorizar su registro. En consecuencia, ordenó cancelar dicha inscripción, lo que implica que la firma no podrá operar como sociedad regularmente constituida en la provincia.
Sin embargo, el fallo también aclara que esta decisión no implica la disolución de la empresa ni afecta directamente la infraestructura ya instalada, sino que se limita a su situación jurídica. Es decir, LeoLabs continuará existiendo, pero sin la habilitación formal para desarrollar su actividad en los términos originalmente previstos.
Por otra parte, el magistrado cuestionó el accionar de la IGJ, al señalar que el organismo debió ejercer un control más exhaustivo al momento de inscribir la sociedad, considerando la naturaleza de su actividad y sus posibles implicancias estratégicas. En ese marco, exhortó a reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar situaciones similares en el futuro.
Finalmente, el fallo pone de relieve la complejidad del caso, en el que confluyen intereses económicos, tecnológicos y geopolíticos. Así, mientras deja abierta la discusión administrativa sobre la autorización del radar, establece un límite claro desde el ámbito judicial: cuando están en juego intereses vinculados a la defensa y la soberanía, el control estatal no puede ser meramente formal.
