La familia de Marcelo Fernández, quien falleció en un sanatorio de Río Grande en circunstancias poco claras, cuestiona la actuación de la fiscal de turno, quien habría evitado intervenir en el caso. El abogado de la familia solicitó jury de enjuiciamento.
El abogado Francisco Giménez, que representa a la familia de Marcelo Fernández, fallecido en medio de sospechas de presunta negligencia médica en un sanatorio de Río Grande, solicitó formalmente un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Laura Urquiza. En diálogo con FM Master’s, Giménez sostuvo que la falta de intervención inmediata de la fiscal generó demoras cruciales para esclarecer si hubo mala praxis, afectando así las posibilidades de una investigación exhaustiva.
El episodio, que ocurrió luego de una intervención quirúrgica aparentemente de bajo riesgo, dejó a la familia de Fernández sin respuestas inmediatas. “Se produce un fallecimiento en extrañas circunstancias, absurdo, inesperado, inexplicable, de un muchacho de 40 años”, sostuvo Giménez.
Según detalló, Fernández, quien estaba en buenas condiciones físicas y era deportista, estuvo internado por una fractura de pómulo y, tras cinco días de espera para la colocación de una prótesis, fue intervenido quirúrgicamente. “Es intervenido finalmente, lo dejan en la sala y no se despertó nunca más y falleció”, agregó.
A partir de allí, la familia presentó una denuncia por lo que consideraban una “muerte sospechosa”, y se esperaba la intervención inmediata de la fiscal en turno para iniciar el procedimiento judicial correspondiente.
En este sentido, Giménez destacó que la actuación de la fiscal era indispensable para poder dar comienzo a las investigaciones. Explicó que, en el sistema judicial local, si un fiscal no da la orden, el juez de instrucción no puede iniciar una investigación formal. “Tratan de comunicarse con la fiscal en turno para que ponga en marcha toda la investigación, porque en nuestro sistema procesal si no hay un fiscal que le dice al juez ‘señor juez investigue porque creo que estamos ante presencia de un delito’, el juez no puede hacer absolutamente nada. Se requiere sí o sí, la intervención de un fiscal”, enfatizó.
Según la denuncia del abogado, Urquiza se habría negado a intervenir bajo el argumento de que los médicos involucrados en el caso eran funcionarios públicos, lo que para Giménez fue una excusa “absurda” y “descabellada”.
Añadió que la fiscal incluso sugirió que el caso debía ser manejado por el fiscal mayor, una postura que fue rechazada por los propios involucrados en la primera respuesta judicial.
Giménez cuestionó la decisión de Urquiza de no asumir la investigación de manera inmediata y, en particular, argumentó que la dilación en la intervención comprometió la recolección de pruebas esenciales para esclarecer los hechos. “Lo peor de esto es que van transcurriendo las horas y se produce una demora en el inicio de la investigación que conspira en definitiva contra el esclarecimiento del hecho”, afirmó.
Al no contar con la intervención de la fiscal en el momento oportuno, no se logró asegurar evidencia clave que hubiera sido útil para evaluar la posible responsabilidad médica. “No se secuestró el cadáver para la autopsia en tiempo oportuno, no se pudieron tomar medidas de secuestro de cámaras en tiempo oportuno, de historias clínicas para evitar su falsificación, de partes quirúrgicas, de relevamiento de testigos, etc.”, agregó Giménez.
La insistencia del letrado en la necesidad de un jury de enjuiciamiento contra la fiscal Urquiza se centra en lo que él considera una negligencia institucional grave que podría haber afectado de manera irreversible la calidad y confiabilidad de las pruebas que, de haber sido tomadas a tiempo, habrían fortalecido la investigación. Además, subrayó que el hecho de que la muerte haya ocurrido en una clínica privada descartaba cualquier confusión sobre la jurisdicción de la fiscalía. “Acá era una clínica privada. Mucho menos. No era el hospital público que podríamos discutir el tema, sino una clínica privada, con médicos privados, con obra social privada. No había ningún motivo, salvo su arbitrariedad y sus no ganas de trabajar”, enfatizó.
El eje central de la solicitud de jury de enjuiciamiento es, entonces, la presunta falta de voluntad de la fiscal para asumir el caso en las primeras horas. Giménez resaltó que esta postura no solo es una muestra de un comportamiento profesional cuestionable, sino que también tiene “consecuencias que esto trae aparejado en una causa donde se investiga un hecho de suma gravedad que es la muerte en circunstancias dudosas de una persona”.
La demora de la fiscal, a su entender, compromete las posibilidades de hacer justicia en un caso tan sensible y deja a la familia sin una respuesta inmediata.
