La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia recibió un recurso de apelación presentado por la Dirección Provincial de Puertos contra una resolución del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. El magistrado, que se encontraba de licencia, la suspendió solo por el 19 de febrero para emitir el fallo que favorecía al ente que conduce Iñaki Arreseygor, para retomarla inmediatamente al día siguiente.
El recurso elevado por la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego a la Cámara Federal puso el foco en el proceder del juez federal de Ushuaia, Federico Calvete. A través de esta impugnación, el organismo provincial detalló una secuencia administrativa y judicial que califica de anómala, ocurrida justo cuando se resolvió una recusación planteada contra el magistrado.
El conflicto se enmarca en un expediente más amplio donde la Dirección de Puertos impugna medidas relacionadas con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). En esa causa, el organismo presentó una apelación contra un fallo rubricado por Calvete el 19 de febrero de 2026. No obstante, más allá de los fundamentos legales de la decisión, lo que captó la atención fue la extraña manera en que el juez retomó sus funciones para dictarla.
Según se desprende de la apelación, días previos al fallo Calvete gozaba de una licencia aprobada, por lo que el juzgado era atendido por subrogantes. Dicho permiso había sido oficializado mediante el acuerdo N.º 10/2026, que estipulaba la ausencia del magistrado en varias jornadas de febrero y marzo, comenzando precisamente el 19 de febrero y prolongándose hasta mediados de marzo.
Para asegurar la continuidad del tribunal durante esos períodos, la misma resolución administrativa había nombrado a diferentes jueces federales como subrogantes, garantizando así la cobertura del despacho en ausencia del titular.
Sin embargo, la trama dio un vuelco inesperado justo antes de la emisión de la resolución ahora apelada. Los registros del caso indican que fue el propio juez Federico Calvete quien, mediante oficios electrónicos, pidió una modificación parcial de su licencia.
El pedido fue aprobado a través de la Resolución N.º 29/2026, fechada el 18 de febrero. Este documento oficial cancelaba el permiso exclusivamente para la jornada del 19 de febrero de 2026. En otras palabras, el magistrado retomaría sus funciones únicamente durante ese día específico.
El dato más llamativo es que, en esa misma fecha -el 19 de febrero-, Calvete suscribió la resolución que desestimaba la recusación sin causa interpuesta por la Dirección Provincial de Puertos, que se convertiría en el centro de la apelación ante la Cámara.
La cronología de los hechos resulta por demás singular. El juzgado operaba bajo la dirección de subrogantes a causa de la licencia del magistrado. No obstante, fue el propio Calvete quien gestionó la interrupción de su descanso por un lapso de 24 horas, firmó la resolución controvertida y, acto seguido, se reincorporó a su licencia.
En concreto, el escrito de apelación subraya que el juez retomó su licencia el 20 de febrero, esto es, inmediatamente después de haber firmado la decisión que actualmente está bajo revisión. El mensaje es claro: Estaba de vacaciones, regresó exclusivamente para rechazar la acción contra la intervención federal en el Puerto de Ushuaia, y luego continuó con su descanso programado.
Para la Dirección de Puertos, este proceder configura una situación anómala en el devenir del proceso. En su presentación ante la Cámara, se resalta que la primera providencia del expediente fue dictada por un juez subrogante el 12 de febrero. La intervención posterior del titular alteró por completo ese curso.
La objeción principal, sin embargo, trasciende el mero aspecto administrativo de la licencia. La apelación sostiene que la decisión de interrumpir el descanso únicamente para rubricar el fallo impugnado arroja serias dudas sobre la transparencia del proceso y la imparcialidad del tribunal que preside Calvete.
En esta línea, Puertos argumenta que el magistrado no solo rechazó la recusación, sino que también realizó afirmaciones críticas hacia la conducta procesal de la DPP. El fallo, en concreto, insinúa que el recurso de recusación podría haber tenido como objetivo forzar la intervención de otro juzgado.
El ente provincial considera que estas expresiones desbordan el análisis jurídico del planteo y presuponen atribuir intenciones maliciosas a una parte que simplemente ejerce un derecho contemplado en la ley procesal.
El recurso también apunta a otras falencias del fallo, como la presunta confusión entre la Dirección Provincial de Puertos -un ente autárquico con personalidad jurídica diferenciada- y el gobierno provincial. La apelación califica esta equiparación como un error conceptual de peso dentro de la lógica de la resolución.
Sin embargo, el punto más impactante del reclamo sigue siendo el contexto administrativo que rodeó la firma de la decisión. En su presentación ante la Cámara Federal, la Dirección de Puertos enfatiza que el hecho de que el juez Federico Calvete haya suspendido su licencia con el único propósito de dictar la resolución objetada, para reanudar su ausencia al día siguiente, constituye, como mínimo, un hecho sin precedentes.
Corresponderá ahora a la Cámara Federal evaluar el recurso y definir si la resolución del 19 de febrero debe ser confirmada o revocada. En este examen no solo se considerarán los aspectos jurídicos del fallo, sino también las particulares circunstancias en que fue emitido.
Mientras se espera esa definición, la conducta del juez federal de Ushuaia ya ha encendido un debate más amplio sobre la necesidad de transparencia y previsibilidad en el accionar judicial, en un contexto de transferencia de fondos provinciales hacia cuentas de la órbita nacional. Como señalaron a este medio diversos letrados consultados, en causas de esta sensibilidad, donde está en juego el ejercicio de la soberanía fueguina, cada paso -tanto administrativo como judicial- se convierte en un elemento central de la controversia.
