La primera audiencia del juicio oral por las presuntas maniobras con viviendas sociales de ATE incluyó la declaración de Miguel Arana, quien señaló al secretario general del gremio como destinatario de pagos vinculados a adjudicaciones investigadas.
El juicio oral por las presuntas irregularidades vinculadas a las viviendas sociales de ATE en el barrio Barrancas del Río Pipo comenzó este lunes en Ushuaia con la declaración de Miguel Ángel Arana, uno de los imputados en la causa, quien involucró directamente al secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, en el manejo del dinero recibido en las operaciones investigadas.
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación está a cargo del fiscal Daniel Curtale.
Al inicio de la jornada, la defensa de Córdoba presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por el Tribunal. Posteriormente, el dirigente sindical optó por no prestar declaración indagatoria. Según se indicó durante el debate, tampoco había declarado en esa instancia durante la etapa de instrucción, aunque había presentado un escrito a través de su defensa.
Luego declaró Arana, señalado en la investigación como responsable del área de Vivienda de ATE. Durante su exposición sostuvo que Córdoba le solicitaba gestionar viviendas para personas que no estaban afiliadas al gremio y afirmó que él no confeccionaba los listados de adjudicatarios.
También reconoció haber recibido dinero relacionado con las operaciones investigadas y afirmó que luego lo trasladaba al domicilio de Córdoba. Según expresó ante el Tribunal, en algunos casos llevó pagos correspondientes a siete o nueve viviendas y aseguró que en ocasiones desconocía el monto porque los paquetes llegaban cerrados.
Arana negó haber tenido participación en gestiones ante el Instituto Provincial de la Vivienda o ante el Gobierno provincial, pese a figurar en documentación vinculada al proyecto habitacional. Además, mencionó haber sufrido agresiones y amenazas durante el desarrollo de la causa judicial.
En otro tramo de su declaración, hizo referencia a Daniel Alberto Belbey, uno de los imputados originales del expediente, fallecido en 2018. Arana manifestó dudas sobre las circunstancias de su muerte. Belbey había sido investigado en los primeros tramos de la causa por presuntas irregularidades en la asignación de viviendas destinadas a afiliados de ATE.
Durante la audiencia también se reprodujo un video grabado por el propio Arana en una reunión realizada en la sede sindical, donde distintas personas reclamaban explicaciones a Córdoba por adjudicaciones habitacionales.
La causa investiga 22 hechos de presuntas estafas reiteradas y administración fraudulenta vinculadas a viviendas sociales construidas en el marco de un programa destinado a trabajadores estatales afiliados al gremio. De acuerdo con la hipótesis fiscal, distintas personas habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de promesas de acceso a viviendas.
Según la investigación judicial, las maniobras habrían generado perjuicios económicos estimados en más de 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares en valores de aquel período.
Además de Córdoba y Arana, también es juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado por presunto lavado de activos en una causa conexa. Para el debate oral fueron convocados cerca de 90 testigos y se prevé la incorporación de documentación y registros vinculados a las adjudicaciones cuestionadas.
