La secretaria legal de Producción y Ambiente cuestionó que la intervención impida inspecciones provinciales, desconozca facultades concurrentes y responda con notas simples, mientras compromete la trazabilidad de residuos peligrosos del puerto de Ushuaia.
La intervención del Puerto de Ushuaia insiste en impedir el ingreso de inspectores provinciales encargados de controlar la gestión de residuos, en una decisión que el Ministerio de Producción y Ambiente considera carente de sustento jurídico y contraria a las competencias concurrentes reconocidas por la legislación ambiental.
La secretaria Legal de la cartera, Lisi Cristófano, explicó en FM Ushuaia que el personal provincial procuró ingresar con autorización de las autoridades fueguinas, pero encontró la oposición de los responsables de la intervención federal. “En una primera instancia nos dijeron que no por parte de las autoridades de Nación”, relató, y precisó que el conflicto comprende “el certificado ambiental que estamos en pleno trámite” así como “el control sobre los residuos peligrosos generados en el puerto”.
La controversia parte de la interpretación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que se atribuye la responsabilidad primaria sobre el establecimiento y, bajo ese criterio, excluye a la Provincia de las tareas de fiscalización. Para Cristófano, la postura desconoce que las facultades ambientales son concurrentes y conduce a una situación especialmente grave: “El impedimento del ingreso es grave y más que nada que el objeto por el cual nosotros seguimos intercambiando notas con Nación, es que nuestro bien jurídico protegido es el ambiente”.
Luego de una nueva solicitud formal, las autoridades nacionales reiteraron la negativa durante la última semana. La funcionaria confirmó que el Gobierno analiza ahora las medidas administrativas o judiciales que podría adoptar y calificó lo sucedido como una obstaculización preocupante: “Es preocupante en los términos de la intervención, es preocupante en los términos de lo que controlamos desde el Ministerio de Producción y Ambiente”, afirmó, porque “desplazarnos de esa competencia es preocupante”.
Desde la cartera provincial sostienen que no existe ninguna duda sobre su potestad de fiscalización. Cristófano indicó que el pedido de autorización procuraba únicamente formalizar la fecha y el horario de la inspección: “Nunca está en discusión el tema de la competencia en materia ambiental para nada”. Pese a que cada presentación detalló las normas aplicables, el alcance del control y los bienes que deben protegerse, “ante cada uno de los puntos se nos dijo que no”.
El bloqueo resulta particularmente irracional porque los residuos descargados de barcos pesqueros, portacontenedores, cruceros o buques vinculados con hidrocarburos deben abandonar el puerto y ser trasladados por la ciudad hacia operadores habilitados. El control provincial busca conocer qué material se retira, quién lo transporta, cuál será su tratamiento y en qué fecha se realiza. “Lo que se pretende viviendo en una isla encima como nosotros, es tener una trazabilidad de los residuos peligrosos”, explicó Cristófano.
La secretaria Legal remarcó la inconsistencia de atribuir a la autoridad portuaria una competencia exclusiva que la normativa no contempla: “Por eso es tan absurdo que sigan planteando una responsabilidad primaria sobre algo que naturalmente no tiene la responsabilidad”. Además, aclaró que no se permitió una inspección parcial o condicionada: “No es que nos dejaron ingresar con limitaciones, no nos dejan entrar”.
A esa negativa se suma una irregularidad administrativa. Las respuestas de Nación no fueron instrumentadas mediante actos administrativos fundados, sino a través de notas simples, sin dictámenes jurídicos adjuntos ni identificación suficiente de la autoridad que resuelve. “No respetan ni las formas”, advirtió Cristófano, antes de explicar que “Nación a nosotros nos contesta con una nota simple de una autoridad que ni siquiera enmarca cuál es, por qué sería la autoridad competente”.
Para la funcionaria, la dimensión del conflicto exige una resolución formal que exponga fundamentos y permita ejercer adecuadamente el derecho de defensa. Sin embargo, señaló que “es una simple negativa” y contrastó esa respuesta con un asunto que demanda explicaciones jurídicas completas. Mientras tanto, la Provincia continúa presentando objeciones y documentando cada intento de inspección.
El impedimento compromete especialmente la trazabilidad de los residuos peligrosos. “Si uno no puede ver el lugar de descarga para que después el operador lo pueda tratar, se pierde la trazabilidad”, sostuvo Cristófano. No se trata, añadió, de ejercer “un contralor estéril”, sino de garantizar “un orden de qué residuo salió, de qué tipo, quién lo va a tratar, en qué fecha se está tratado”.
Las actas labradas, los informes técnicos y las notas enviadas podrían derivar en sumarios administrativos, investigaciones o una acción judicial. También podrían alcanzar a operadores que incumplan la normativa. “Todavía a esa instancia no llegamos”, aclaró la funcionaria, aunque confirmó que comenzarán a notificarlos sobre la situación generada por la ANPyN.
El conflicto también alcanza las obras previstas para el muelle. Cristófano sostuvo que la intervención ambiental debía producirse durante la preparación de los pliegos, porque “un insumo básico para sacar una licitación de ese estilo es la intervención de Ambiente”. Frente a la imposibilidad de inspeccionar y evaluar riesgos, resumió la obligación provincial sin margen para interpretaciones: “Debemos controlar, es algo básico, justo los objetos que estamos protegiendo llevan un debido contralor, entonces tenemos que apersonarnos y que nos dejen ingresar”.
