Comenzó la segunda semana del juicio a un suboficial de la Armada acusado de abuso sexual

El juicio en el que un suboficial de la Armada Argentina está acusado de abuso sexual a una marinera dentro de las instalaciones de la Base Naval Ushuaia ingresó hoy en su segunda semana, con la declaración de más testigos y el inminente comienzo de la etapa de alegatos, informaron a Télam fuentes judiciales.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de la capital de Tierra del Fuego ya escuchó el testimonio de la denunciante, identificada públicamente como “Lucía”, quien asegura haber sido abusada por el militar entre 2013 y 2014 en diferentes oportunidades, con tocamientos e insinuaciones en algunas de ellas, y con una violación en el caso más grave.

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El acusado es el suboficial principal (ahora retirado) Reinaldo Cardozo, de 56 años, que fue convocado a prestar declaración indagatoria pero que, hasta el momento, se negó a dar su versión de los hechos.

Los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla escucharon las declaraciones de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por videoconferencia) de una psicóloga que atendió a la supuesta víctima y de ex compañeros de trabajo de ambos involucrados.
La ronda de testimonios seguirá hoy y “es posible que entre mañana o el miércoles comience la etapa de alegatos de las partes”, explicaron voceros judiciales vinculados al caso.

Si las audiencias continúan a este ritmo, podría haber un veredicto antes del final de esta semana, agregaron las fuentes.
“Lucía” tiene 32 años en la actualidad y dice haber sido víctima de los abusos cuando tenía 25 y empezaba su carrera militar en la Armada.

También asegura que a raíz de la denuncia de estos hechos fue perseguida, y que como consecuencia perdió el empleo y debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico para superar lo sucedido.

Según la acusación del fiscal Eduardo Urquiza, Cardozo podría haber cometido los delitos de “abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género”.

Especialistas consultados por Télam sostienen que el caso puede sentar un precedente histórico porque “ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses”.

Para ello resta saber el desenlace de un juicio que además sufrió varias dilaciones: se iba a realizar en 2020, fue suspendido por la pandemia, reprogramado para 2024 y luego adelantado para 2021.