El secretario provincial de Trabajo confirmó que la persistencia de impedimentos a las inspecciones podría derivar en la paralización de actividades portuarias, si se comprueban riesgos laborales y la Justicia autoriza esa medida.
La posibilidad de una clausura parcial de las operaciones del puerto de Ushuaia quedó planteada como una eventual consecuencia de la grave actitud de la intervención federal, de impedir que inspectores del Ministerio de Trabajo ingresen a las instalaciones para verificar denuncias sobre presuntas irregularidades laborales y condiciones de seguridad. La medida dependería de una resolución judicial y de la comprobación de situaciones que representen riesgos para los trabajadores.
El secretario de Trabajo de Tierra del Fuego, Edgar Ceballos, explicó en FM Ushuaia que la legislación contempla la suspensión de actividades cuando existen peligros para la integridad física del personal, aunque aclaró que cualquier decisión deberá ajustarse a los procedimientos correspondientes. Sobre esa posibilidad, precisó: “En realidad no sería la clausura total del puerto, sino detener la actividad que hemos detectado que está fuera del marco de la ley y evitar que continúe el riesgo o el peligro”.
La advertencia adquiere relevancia ante la continuidad de las restricciones impuestas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que exige autorizaciones previas para permitir el acceso de los inspectores provinciales.
Frente a la posibilidad de que las irregularidades alcancen sectores operativos importantes, Ceballos reconoció que podría llegarse a paralizar parte de la actividad portuaria, aunque insistió en que la intervención judicial resultará determinante.
El funcionario explicó que la Ley provincial 90 establece mecanismos específicos ante situaciones de peligro: “Cuando hay riesgo de vida se tiene que gestionar la clausura”, pero aclaró que primero deben verificarse las condiciones denunciadas y cumplirse las instancias legales.
La imposibilidad de acceder al establecimiento constituye precisamente el principal obstáculo para avanzar. Según detalló, “en este caso, como no nos dejaron entrar, no hemos podido detectarlo”, por lo que cualquier medida dependerá inicialmente de que la Justicia garantice el ingreso de los inspectores.
En ese escenario, Ceballos señaló que “será la Justicia la que nos dé la facultad de clausura”, aunque reconoció que una decisión semejante “no es lo recomendable en este momento porque sabemos que hay una actividad que es necesaria para la provincia”.
Las denuncias recibidas por el Ministerio incluyen presuntas irregularidades en la manipulación de cargas, utilización de maquinaria pesada por personal sin habilitación y riesgos eléctricos. Se trata de situaciones cuya gravedad exige una constatación inmediata, especialmente por las consecuencias que podrían ocasionar sobre trabajadores y operadores.
Al explicar la urgencia de los controles, Ceballos enumeró: “Manipulación de cargas, manipulación de equipos de transporte con personal sin capacitación o habilitación, riesgos eléctricos graves donde requiere de personal idóneo y capacitado”, y advirtió que “son situaciones que no podemos estar esperando a si nos autorizan o no nos autorizan a entrar”.
La negativa de la intervención federal motivó la confección de un acta administrativa y la intervención de la Escribanía General de Gobierno, que documentó mediante un acta notarial el impedimento. Paralelamente, el Ministerio prepara presentaciones judiciales y una denuncia penal por la obstrucción de las tareas de fiscalización.
Para Ceballos, la conducta constituye una infracción grave porque los inspectores cuentan con atribuciones reconocidas por la legislación provincial y nacional. En particular, recordó que la Ley 25.212, correspondiente al Pacto Federal del Trabajo, habilita el ingreso a establecimientos donde exista prestación laboral, sin necesidad de autorización previa.
La situación contrasta con experiencias anteriores en el propio puerto, donde las inspecciones permitieron identificar deficiencias posteriormente corregidas mediante el diálogo con las autoridades y las organizaciones sindicales. También mencionó controles realizados en los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande, sin impedimentos semejantes.
Respecto de la gravedad del conflicto actual, aseguró: “Grave como esta situación, nunca hemos tenido”, y recordó que la operación de equipos de carga exige certificaciones, conocimientos y capacitación específica.
Finalmente, el secretario insistió en que la prioridad del organismo es prevenir accidentes laborales, independientemente de las diferencias institucionales o políticas que rodean la intervención federal. Su conclusión fue categórica: “No podemos seguir lamentando accidentes”.






