La ANPYN y la AGP apelaron la sentencia que las obligaba a transparentar la administración de la terminal. El juez federal Federico Calvete concedió los recursos con efecto suspensivo y postergó la entrega de la documentación reclamada.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y la Administración General de Puertos (AGP) consiguieron frenar el cumplimiento de la sentencia que les ordenaba proporcionar información pública sobre la gestión del Puerto de Ushuaia.
Las dos dependencias nacionales apelaron la resolución que las había condenado por no responder de manera completa los pedidos realizados por representantes del Diario del Fin del Mundo y, llamativamente, el Juzgado Federal de Ushuaia otorgó a esos recursos efecto suspensivo.
La medida fue dispuesta el 5 de noviembre por el juez federal Federico Calvete, quien resolvió detener la ejecución del fallo hasta tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia analice las apelaciones presentadas por los organismos.
De este modo, las autoridades a cargo de la intervención federal consiguieron postergar una obligación judicial que contemplaba la entrega de documentación vinculada con contrataciones, operaciones financieras, destino de fondos públicos, dotación de personal y funcionamiento de las instalaciones portuarias.
El aspecto más cuestionable de lo ocurrido es que la suspensión se produjo en el marco de un amparo cuyo propósito central era asegurar el ejercicio efectivo de un derecho constitucional, cuya garantía requiere que la información sea entregada en tiempo oportuno y no después de sucesivas demoras.
Por eso, el conflicto no puede reducirse a una controversia de carácter administrativo. La discusión involucra el derecho de los ciudadanos a conocer el destino y la administración de los recursos públicos, así como la facultad de un medio de comunicación de acceder a documentación necesaria para investigar y fiscalizar la actividad de los funcionarios estatales.
El antecedente inmediato se remonta al 30 de octubre, cuando el Juzgado Federal hizo lugar al amparo presentado por El Diario del Fin del Mundo. En esa oportunidad, el juez Calvete había ordenado a la ANPYN y a la AGP que, en un plazo de diez días, completaran la entrega de la información pública solicitada y facilitaran el acceso a los expedientes administrativos relacionados con los requerimientos.
En su pronunciamiento, el magistrado consideró que las contestaciones de las dependencias nacionales no habían cumplido de manera integral con las obligaciones previstas en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Pese a ese reconocimiento judicial, en lugar de avanzar con la documentación que todavía permanecía pendiente, ambos organismos recurrieron la sentencia el 3 de noviembre y reclamaron que su ejecución quedara suspendida.
En su presentación, la ANPYN afirmó que había dado cumplimiento a sus obligaciones y manifestó que no disponía de información adicional sobre la utilización de los fondos provenientes de la explotación del Puerto de Ushuaia.
La AGP, en tanto, sostuvo que había respondido los pedidos recibidos y que no tenía el deber de producir documentación inexistente ni de suministrar datos correspondientes a otras áreas de competencia. Como argumento, señaló que la intervención había sido ejecutada por la ANPYN y no por ese organismo.
La resolución sobre las apelaciones se conoció apenas 48 horas más tarde. El juez Calvete concedió ambos recursos con efecto suspensivo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley 16.986 y el artículo 14 de la Ley 27.275.
Aunque el magistrado respaldó su decisión en normas de procedimiento, el resultado plantea un interrogante de fondo: las mismas dependencias que habían sido condenadas por no proporcionar toda la información requerida consiguieron dejar sin efecto, al menos temporalmente, la obligación de cumplir con la orden judicial.
De esta forma, un mecanismo judicial previsto para brindar una respuesta ágil frente a la afectación de garantías constitucionales deberá atravesar ahora una nueva instancia de revisión, mientras la documentación reclamada continúa sin estar íntegramente disponible.
El episodio tiene además una dimensión institucional que no puede soslayarse. El acceso a la información pública no constituye únicamente una obligación formal de las administraciones estatales, sino una condición indispensable para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En ese sentido, la Ley 27.275 consagra el principio de máxima divulgación, en consonancia con los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen el derecho a buscar y recibir información pública como una manifestación fundamental de la libertad de expresión.
Por consiguiente, las demoras injustificadas en la entrega de antecedentes relacionados con la administración estatal no afectan exclusivamente a quienes iniciaron el reclamo. También restringen las posibilidades de la comunidad de conocer, analizar y controlar decisiones gubernamentales que revisten un evidente interés público.
Existe, además, un antecedente que profundiza las objeciones sobre el manejo judicial de este expediente. Durante el desarrollo del amparo se habían establecido restricciones para acceder públicamente a las actuaciones, circunstancia que fue cuestionada por El Diario del Fin del Mundo precisamente porque el proceso tenía como finalidad obtener información y garantizar la transparencia.
Al resolver el planteo el 30 de octubre, el Juzgado Federal había ordenado eliminar esa limitación general de consulta, aunque mantuvo bajo reserva aquella documentación que contaba con protección específica.
Sin embargo, cuando comenzaban a superarse las trabas que habían condicionado el acceso a los antecedentes administrativos y judiciales, las apelaciones de los organismos nacionales introdujeron un nuevo obstáculo y volvieron a demorar el cumplimiento de lo resuelto.
El resultado es una secuencia que expone una seria contradicción institucional: inicialmente se limitó la posibilidad de consultar un expediente judicial cuyo objeto era defender la transparencia y, posteriormente, quedó suspendida la ejecución del fallo que había reconocido el derecho a acceder a la documentación solicitada.
La situación deja planteada una paradoja difícil de ignorar: la Justicia determinó que la ANPYN y la AGP tenían que entregar la información pendiente, pero luego, a pedido de esas mismas dependencias condenadas, paralizó el cumplimiento de esa obligación.
En definitiva, la transparencia no admite demoras indefinidas. Cada postergación del acceso a la información reduce las posibilidades de control sobre la gestión pública y afecta garantías fundamentales. Porque la información que no llega cuando se necesita también compromete la libertad de prensa, el control ciudadano y el derecho de toda la sociedad a conocer qué hacen sus instituciones con los recursos públicos.
