La Fundación Argentina Azul solicitó una medida cautelar ante la Justicia Federal de Río Grande para impedir el paso de buques que abastezcan a Malvinas desde Chile. El titular de la entidad explicó los fundamentos jurídicos y advirtió sobre responsabilidades del Estado argentino.
El presidente de la Fundación Argentina Azul, doctor Carlos Lionel Trabulsi, explicó los alcances de la acción judicial presentada el 2 de noviembre ante el Juzgado Federal de Río Grande, mediante la cual se busca impedir que embarcaciones procedentes de Chile utilicen aguas jurisdiccionales argentinas para realizar operaciones de abastecimiento hacia las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido.
La presentación consiste en una medida cautelar autónoma y urgente, motivada inicialmente por el tránsito previsto del buque chileno Danstar para el próximo 11 de noviembre. No obstante, la solicitud judicial comprende también a otras embarcaciones que puedan desarrollar actividades de características semejantes.
"No solamente este buque, sino cualquier buque y cualquier artefacto que pase hacia las Islas Malvinas generando algún tipo de apoyo logístico", explicó en FM Ushuaia Trabulsi, al referirse al alcance de la iniciativa.
El titular de la fundación señaló que la decisión de recurrir a la Justicia estuvo relacionada con declaraciones del canciller argentino, quien habría anticipado que el Gobierno nacional no establecería restricciones al comercio internacional ni a la libre navegación.
Frente a esa posición, el abogado planteó una distinción entre las actividades comerciales habituales y aquellas que, a su entender, favorecen la permanencia británica en el archipiélago.
"Una cosa es la libertad de comercio y otra cosa es la colaboración con un país invasor y agresor que está usurpando territorio nacional", diferenció el titular de la fundación.
Como fundamento central de la presentación, Trabulsi recurrió al concepto de "paso no inocente", previsto en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
De acuerdo con su interpretación, las disposiciones internacionales permiten adoptar determinadas restricciones cuando el tránsito marítimo representa una afectación a la soberanía o a la seguridad del Estado ribereño. En consecuencia, considera que las operaciones destinadas a proporcionar apoyo logístico a las fuerzas británicas asentadas en Malvinas no pueden equipararse automáticamente al ejercicio de la libertad de navegación.
El abogado también hizo referencia a los decretos nacionales 256/2010 y 457/2021, cuyas disposiciones, según explicó, contemplan requisitos de autorización para determinadas actividades marítimas relacionadas con el archipiélago.
Asimismo, afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, las autoridades argentinas no habían recibido una solicitud formal para permitir el tránsito del buque Danstar por aguas nacionales.
El alcance de una eventual resolución
En caso de prosperar la medida cautelar, la Justicia Federal podría disponer que el Poder Ejecutivo Nacional adopte las acciones necesarias para impedir el desplazamiento de la embarcación hacia Malvinas.
La eventual ejecución de esa decisión involucraría, según indicó Trabulsi, a distintos organismos con competencias sobre la navegación y el control marítimo, entre ellos Armada Argentina, Prefectura Naval y Aduana.
Desde la posición jurídica sostenida por la fundación, el caso también podría dar lugar a medidas de interdicción de la embarcación, decomiso de mercaderías e incluso actuaciones destinadas a determinar la posible existencia de contrabando.
Observaciones sobre la política exterior
Otro aspecto de las declaraciones de Trabulsi estuvo relacionado con la actuación de la Cancillería argentina. El abogado expresó su desacuerdo con la interpretación gubernamental sobre la libertad de comercio y consideró que esa posición no contempla adecuadamente las particularidades del conflicto de soberanía con el Reino Unido.
En la misma línea, manifestó reparos sobre el tratamiento diplomático de los derechos argentinos en Malvinas y los espacios marítimos vinculados con las islas, al considerar que se requiere una posición más precisa frente a las operaciones de abastecimiento.
Sin embargo, procuró diferenciar el planteo judicial de cualquier controversia bilateral con el país vecino. "Esto no es plantear un conflicto con Chile, no tiene nada que ver", remarcó, al destacar la importancia de mantener relaciones de cooperación entre ambos países.
Finalmente, Trabulsi consideró necesario que la Argentina consolide sus capacidades de defensa como respaldo de su política exterior y de sus derechos soberanos.
Bajo esa perspectiva, explicó que la finalidad de la cautelar consiste en impedir que las aguas bajo jurisdicción argentina sean utilizadas para facilitar actividades que, según la interpretación de la Fundación Argentina Azul, favorecen la continuidad de la ocupación británica en las Islas Malvinas.
