El procurador fiscal consideró válidos los argumentos expuestos en la disidencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego y aconsejó a la Corte dejar sin efecto el fallo que rechaza el pedido de una ex defensora pública para continuar con su cobertura de OSDE.
La Procuración General de la Nación se pronunció en contra del criterio defendido por la obra social provincial, actualmente OSEF, y recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocar una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que había avalado la incorporación obligatoria de una ex integrante del Poder Judicial al sistema de salud estatal.
El dictamen, suscripto el 8 de octubre de 2026 por el procurador fiscal Víctor Abramovich, tiene particular importancia porque retoma los argumentos del voto disidente que había quedado en minoría en el máximo órgano judicial fueguino. Así, la postura jurídica que no consiguió prevalecer en el ámbito provincial obtuvo un respaldo significativo en la instancia de Nación.
El conflicto se originó a partir de la demanda presentada por la ex defensora pública Alejandra Bastida contra el entonces Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), entidad que tenía a su cargo la administración de la cobertura sanitaria antes de la conformación de la actual obra social provincial.
Bastida había ingresado como defensora pública del Poder Judicial de Tierra del Fuego en octubre de 1997 y, durante el desarrollo de toda su carrera, conservó su afiliación a OSDE a través de la derivación de sus aportes. La situación cambió cuando obtuvo la jubilación, en 2015, momento en que el organismo previsional resolvió destinar obligatoriamente los descuentos sobre sus haberes al sistema provincial de salud.
Ante esa determinación administrativa, la ex funcionaria acudió a la Justicia con el propósito de preservar la cobertura médica que había sostenido por más de 17 años, incluyendo las prestaciones para su grupo familiar.
En marzo de 2024, el Superior Tribunal de Justicia desestimó el planteo por mayoría. El criterio de los jueces que acompañaron esa decisión fue que la facultad de optar por una obra social diferente de la provincial correspondía únicamente a los trabajadores en actividad y que, una vez alcanzada la jubilación, debía regir el esquema previsto para los beneficiarios del sistema previsional.
Sin embargo, el camarista penal Andrés Leonelli, autor del voto en disidencia, planteó una lectura jurídica distinta. Para el magistrado, la elección de una cobertura sanitaria realizada legítimamente y sostenida a lo largo del tiempo había generado una situación jurídica consolidada, merecedora de tutela, que no podía desaparecer por el solo hecho de que la persona pasara de la actividad laboral a la condición de jubilada.
Ese fue precisamente el eje argumental que retomó Abramovich en su intervención, al compartir los fundamentos de la minoría del Superior Tribunal y la postura que había expresado el fiscal que intervino en el proceso judicial provincial.
En ese sentido, el procurador hizo referencia al reconocimiento que la propia administración fueguina había efectuado a través del decreto 1444/2005, mediante el cual se contempló la preservación de los derechos adquiridos por quienes habían elegido una cobertura médica alternativa con anterioridad a las modificaciones normativas que dispusieron la afiliación obligatoria.
También puso de relieve que, aun después de la entrada en vigencia de la ley provincial 641 en 2004, el organismo estatal había permitido que Bastida continuara derivando sus aportes a OSDE durante más de diez años.
Desde esa perspectiva, entendió que el otorgamiento del beneficio jubilatorio no podía convertirse, por sí mismo, en una causa suficiente para poner fin a un vínculo asistencial que había sido admitido y respetado durante toda la vida laboral de la demandante.
Solidaridad del sistema y límites de la afiliación obligatoria
Entre los fundamentos más relevantes del dictamen aparece el análisis del principio de solidaridad, invocado por la obra social provincial y considerado por la mayoría del Superior Tribunal como una justificación para imponer la afiliación al sistema estatal.
En su voto, Leonelli había puesto en duda la aplicación de ese razonamiento al caso concreto. Señaló que la obra social provincial no había recibido los aportes de Bastida desde que esta había ejercido su opción por OSDE en 1997. En consecuencia, la continuidad de esa afiliación no representaba necesariamente una afectación económica para el sistema público.
La disidencia también había introducido una consideración sobre el impacto financiero de incorporar obligatoriamente a una persona jubilada junto con su cónyuge. Advirtió que esa incorporación podía incluso resultar menos favorable para la entidad, teniendo en cuenta que las necesidades de atención sanitaria suelen aumentar a medida que avanza la edad de los afiliados.
La Procuración General de la Nación recogió esos argumentos y coincidió en que, dadas las particularidades del expediente, no existían fundamentos suficientes para sostener que la continuidad de los aportes de la demandante a OSDE pusiera en riesgo el equilibrio económico del régimen solidario provincial.
Por otra parte, Abramovich marcó una diferencia entre esta situación y otros precedentes de la Corte Suprema en los que se había admitido la constitucionalidad de sistemas de afiliación obligatoria para personas jubiladas. Según explicó, el planteo de Bastida no buscaba consagrar un régimen general de libre elección de obra social, sino obtener el reconocimiento de una cobertura que había sido elegida legítimamente y mantenida durante un extenso período.
Otro aspecto que consideró relevante fue la fecha de sanción de la ley provincial 1071, que dispuso expresamente la afiliación obligatoria de jubilados y pensionados a la obra social estatal. Esa norma fue aprobada en enero de 2016, cuando Bastida ya había accedido a su jubilación.
A partir de esa circunstancia, el procurador sostuvo que una disposición legislativa posterior no podía avanzar sobre derechos que ya se encontraban consolidados, particularmente cuando estaban involucradas garantías constitucionales vinculadas con la seguridad social y el derecho a la protección de la salud.
El pronunciamiento también tomó en consideración los efectos materiales que tuvo el cambio de cobertura para la exfuncionaria. La afiliación obligatoria le generó gastos adicionales, debido a que debió afrontar por su cuenta la continuidad de la atención con profesionales que no formaban parte de la cartilla de prestadores de la obra social provincial.
De ese modo, la Procuración entendió que el análisis del conflicto requería ir más allá de una lectura formal de las disposiciones administrativas sobre afiliación. También debía contemplarse el impacto concreto de la decisión sobre la continuidad de la atención médica y los tratamientos de la afiliada.
Un jurista con trayectoria en derechos humanos
El pronunciamiento fue firmado por Víctor Abramovich, abogado y jurista argentino reconocido por su labor en el campo de los derechos humanos, los derechos económicos y sociales y las garantías constitucionales.
Graduado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho y con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la American University de Washington, Abramovich construyó una extensa carrera profesional en organismos e instituciones vinculados con la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
Entre 2001 y 2005 se desempeñó como director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones argentinas con mayor trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Más tarde, entre 2006 y 2009, formó parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos que tiene entre sus principales funciones promover y proteger los derechos humanos en los países del continente. Durante su paso por esa institución también ocupó responsabilidades de conducción.
En 2015 fue designado procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de completar el procedimiento institucional de selección y designación correspondiente.
Su intervención en el expediente de Alejandra Bastida vuelve a poner en primer plano el debate sobre los alcances de la afiliación obligatoria a los sistemas provinciales de salud y, especialmente, sobre la protección de las situaciones jurídicas consolidadas frente a cambios normativos que pueden afectar derechos vinculados con la cobertura médica de los jubilados.
